Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
El uso de las calles y parques para manifestarse en grupo públicamente es un fundamental derecho democrático, y una de las funciones de las plazas es justamente esa; y desde luego en Colombia sobran las razones para ejercerlo. Pero, como todo derecho, este conlleva obligaciones, en este caso la de respetar el derecho de los otros a no parar, es decir a realizar sin problemas sus actividades cotidianas ya previstas. No velar por que así sea compromete a fondo el justo fin de cualquier protesta, control cívico y seguridad que por lo demás debe garantizar la Policía, para lo cual debe contar con un pie de fuerza adecuado y suficiente.
Lo que si es totalmente antidemocrático es aprovecharse de una manifestación pacífica para introducir el desorden y el terrorismo o simplemente para robar o dar paso al vandalismo. Este se refiere a la destrucción voluntaria, total o parcial, de la propiedad pública o privada, e incluye el daño al patrimonio cultural, los vehículos públicos o privados, las pintadas o los actos de provocación, y tiende más a ser aleatorio o sin sentido, y parece que en algunos casos los vándalos disfrutan del acto, ya sea porque es una muestra de su capacidad de dañar y destruir o incluso por sólo constatar la reacción que sus actos producen en los demás.
Y está el alto costo económico para todos cuando una manifestación se sale de las manos de sus gestores y del control de la Policía, al paralizar las actividades comerciales de toda una ciudad, e igualmente el impacto sicológico que afecta de diversas maneras a sus habitantes. De ahí la importancia histórica de las plazas, desde el ágora griega, para permitir las manifestaciones sin afectar la totalidad de la ciudad, y lo mismo el uso de las grandes avenidas ceremoniales, y no de los principales ejes viales, que solo verían reducida su circulación y no la movilidad en toda la ciudad, lo que habría que considerar en los planes viales.
Habría que estimular una marcha a favor de las marchas pacificas que tanto necesita el país, usando las plazas, equivocadamente convertidas en parques a inicios del siglo XX, como la vieja Plaza Mayor de Cali, a la que se había cambiado de nombre, por el de Parque de Caicedo, imitando al parque iniciado por Nariño en la antigua Plaza Mayor de Santa Fe, imitando a su vez a los revolucionarios franceses que buscando un símbolo que remplazara a los de la monarquía y la iglesia, recordaron el amor de Rousseau por la naturaleza e inventaron los Árboles de la Libertad, y se ordenó la siembra de árboles en el centro de las plazas que representaran la flora de cada región.
En conclusión, hay que entender el diseño de la polis en función de la política, lo que en Cali significa que hay que recuperar su plaza principal como tal pero conservando sus palmeras y ampliándola, como ya ha sido propuesto, y convertir el Paseo Bolívar en un verdadero paseo que permita la concentración de muchas personas y que una el Centro Administrativo Municipal con el Palacio de Justicia pasando por la Plaza de Caicedo, para a lo que habría que peatonalizar y allanar lo que falta de la Calle Doce. ¿Habrá que realizar una marcha para que los que manejan la ciudad desde lo público como desde lo empresarial lo comprendan?