Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los inmensos riesgos que ha generado el rebrote del COVID-19 han sido catalogados por algunos epidemiólogos y economistas como una verdadera catástrofe no solo desde el punto de vista sanitario sino económico y social. La reaparición de la enfermedad en varias ciudades incluyendo a Wuhan en donde tuvo su origen, al igual que en Corea del Sur, Alemania, Singapur y Hong Kong, se encuentra relacionada con la denominada “nueva normalidad”, que trajo consigo la flexibilización de las medidas de confinamiento y la realización de una serie de actividades económicas en sectores como la industria, el comercio y los servicios.
La idea superficial de que se había logrado controlar la pandemia con la disminución del ritmo de contagios, condujo a los gobiernos de dichos países a levantar las medidas con las consecuencias que ya se conocen y que por supuesto han puesto en tela de juicio las opiniones de economistas y políticos en dicho sentido y para quienes “los negocios están por encima de la vida y de la salud de las personas”, circunstancia esta que hoy ha generado gran incertidumbre e intranquilidad por lo que puede ocurrir en el futuro inmediato.
Esta dramática situación no parece haberle servido al presidente Duque quien levantó gradualmente las medidas de aislamiento social obligatorio sin atender las recomendaciones de la comunidad científica y de la OMS que dicen que el COVID-19 “ha venido para quedarse”, e incluso para convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que estaría presente en nuestras vidas durante mucho tiempo aún después de descubrirse la vacuna para tratarla y evitar su eventual expansión.
El hecho cierto es que con la reactivación económica de algunos sectores de la producción y de los servicios, no solo es que no se aplanará la curva de contagios, sino que por el contrario el patógeno podría dispararse exponencialmente en todo el territorio nacional, lo que haría más difícil la recuperación de la salud y de la economía de los colombianos.
El otro aspecto que es necesario abordar con toda claridad tiene que ver con la pretensión del gobierno de “abrir cuanto antes los cielos para darle luz verde al transporte aéreo”, que en todo el mundo capitalista globalizado atraviesa por una profunda crisis económica y financiera de la cual no podrá recuperarse fácilmente en la medida en que su futuro es totalmente incierto, no obstante los protocolos que se están diseñando para proteger a los usuarias de este medio de transporte, que por lo demás, será mas costoso y poco competitivo.
Todo esto a propósito de que existe de parte de los directivos de la empresa Avianca, la otrora e insigne compañía de aviación nacional, una gran presión para que el Estado colombiano le proporcione un préstamo multimillonario en dólares para afrontar la crisis financiera, agravada con la pandemia del COVID-19.
No sobra agregar que en igual situación se encuentran las otras aerolíneas de transporte aéreo que operan en el país y que seguramente acudirán a la misma estrategia de Avianca para solventar sus necesidades económicas y financieras.
De hecho aunque Avianca ya se acogió a la ley de bancarrota en USA, su supervivencia no parece estar garantizada en medio de una profunda crisis financiera que al igual que otras empresas aéreas podrán desaparecer, en tanto que otras tendrán que transformarse para continuar existiendo como tales. Así mismo, no hay que olvidar que Avianca constituye un gran conglomerado transnacional que ha monopolizado en nuestro país el transporte aéreo de carga y de pasajeros ocupando una posición dominante en el mercado.
De hecho la “caída libre” de la economía en todo el mundo y en particular en nuestro país en el caso de la disminución del transporte aéreo de pasajeros y del turismo, no descarta la posibilidad de que Avianca entre en liquidación ante la imposibilidad de pagar sus deudas y cumplir con sus compromisos financieros, lo que pondría en dificultad al Estado Colombiano para recuperar el valor del préstamo.
En este caso es necesario tener en cuenta que los recursos públicos no pueden utilizarse para realizar transacciones en favor de empresas extranjeras no obstante operar en el territorio nacional, amén de que dichos recursos deben aplicarse preferentemente en la atención de las necesidades que en este momento padecen cientos de empresas y de personas afectadas con la crisis económica y social agravada por el COVID-19. Circunstancia que por lo demás le impone al gobierno nacional la obligación de utilizar dichos recursos únicamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos nocivos y con el fin de salvaguardar los intereses de todos los colombianos por encima del interés particular y conforme a la aplicación de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía e imparcialidad consagrados en la Constitución y en la ley.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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