Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Algunos sectores de opinión y de las comunicaciones preocupados por el devenir de la ciudad y el bienestar de sus habitantes, piensan que la mejor forma de contribuir a su transformación es planificando su desarrollo urbanístico a mediano y largo plazo, con el fin de asegurar su continuidad en el tiempo del cual se hace depender todos los demás aspectos que conforman su unidad material y espíritual.
Dicha concepción se reduce exclusivamente a la idea de que lo principal consiste en elaborar planes de construcción de grandes obras de infraestructura vial, de vivienda, de comercio, de servicios, etc., circunstancia esta que demanda de la presencia de una élite al frente de la administración encargada de la planificación de la nueva “arquitectura de la ciudad”.
De esta forma el progreso de la ciudad y el bienestar de sus habitantes se miden en función de la construcción de una ciudad que crece en el marco de un territorio que se expande espontáneamente o a partir de los planes parciales que se elaboran para atender las necesidades de determinadas clases y grupos sociales.
El urbanismo es sin lugar a dudas un fenómeno progresivo que se expresa a través de las megalópolis que hoy se construyen con base en las decisiones que toman las clases gobernantes en muchos casos al margen de los verdaderos intereses y necesidades comunes de los ciudadanos.
La ciudad de Cali no es ajena a esta problemática en tanto que sus dirigentes conciben el progreso de la ciudad y el bienestar social de sus habitantes como dos aspectos que están determinados por el desarrollo de un conjunto de obras precedidas de planes de ordenamiento territorial que algunos urbanistas consideran deben elaborarse a 30 o 50 años, de tal manera que los alcaldes se vean obligados a ejecutarlos incluso haciendo caso omiso del contenido mismo del denominado voto programático en que se fundamenta el mandato popular, lo cual constituye una flagrante violacion de la Constitución y de la ley.
Por otra parte, la idea de convocar un plebiscito para definir la continuidad de una determinada visión de ciudad, no deja de ser más que una ilusión que por lo demás puede ser utilizada para distorsionar el desarrollo urbanístico con fines políticos o de carácter simplemente demagógico y populista.
Por otra parte la idea de realizar un plebiscito para adoptar una visión diferente a la existente de ciudad, es contraria al ordenamiento político-constitucional del país, ya que los alcaldes no están facultados para utilizar este mecanismo jurídico.
Generalmente quienes piensan de esta manera se olvidan casi siempre de que si bien es cierto es necesario e Indispensable planificar el desarrollo de la ciudad, también es cierto que en todo caso y circunstancias es menester tener en cuenta las condiciones concretas y objetivas de existencia de la sociedad en que se vive y fundamentalmente su parte económico-material que constituye su aspecto determinante, sobre la cual se construye toda la infraestructura social, política, jurídica, administrativa, cultural y ambiental.
En el caso de la ciudad de Cali como de los demás municipios del país los planes urbanísticos están sujetos a los límites impuestos por la ley que impone determinadas limitaciones y restricciones a las entidades territoriales, las cuales tan solo podrán ser cambiadas con la entrada en vigencia de una nueva ley aprobada por el Congreso.
Por lo demás en las condiciones de nuestra sociedad capitalista el desarrollo urbanístico transcurre de una manera espontánea, a lo que se le suma la existencia de algunos planes parciales acordados entre las empresas de la construcción y las autoridades municipales, circunstancia esta que dificulta considerablemente la elaboración de verdaderos planes de desarrollo acordes con las necesidades de la población y las características propias del territorio municipal.
El hecho real es que en la ciudad de Cali ha reinado en los últimos años el caos y la anarquia en materia de desarrollo urbanístico.
La prueba de ello la constituye las innumerables invasiones y asentamientos informales e incompletos, conjuntamente con la construcción de grandes complejos residenciales, centros comerciales, universitarios, de transporte y de servicios, que no sólo han contribuido a generar graves problemas de movilidad y contaminación del medio natural y de las fuentes hídricas de la ciudad, sino que además se han convertido en un instrumento para la explotación económica de la vivienda con fines exorbitantes de lucro, mientras que los planes de renovación urbana al estilo de Ciudad Paraíso se construyen sobre la base de la explotación y el desplazamiento de sus habitantes raizales, a quienes se les dio un tratamiento de tercera categoría al bajar sus predios de estrato socio económico para luego comprarles sus viviendas y negocios por debajo del precio del mercado, en lo que podría calificarse como un abuso de la,posición dominante de varios de los empresarios de la construcción que conjuntamente con el Estado se apropiaron de los predios ocupados por sus habitantes en ese sector de la ciudad.
Si se quiere planificar el desarrollo de la ciudad será preciso garantizar la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones, para lo cual insistimos en la propuesta de que el alcalde integre un comité consultivo con representantes de las fuerzas politicas, sociales, gremiales, académicas, para discutir sobre la ciudad que queremos en el marco del Estado Social de Derecho fundado en los principios de la prosperidad general y la participación democrática de todos los ciudadanos.
ADENDA: La visita del alcalde Jorge Ivan Ospina al desocupado predio que perteneció al Club San Fernando en un acto simbólico de toma de posesion del mismo, no deja de ser más que un acto espontáneo y voluntarista del mandatario que pone de presente la forma cómo gobernará la ciudad, entre tanto su propuesta de construir un parque tecnológico en dicho espacio no constituye una prioridad en comparación con la urgencia de atender otras necesidades fundamentales tal como es su obligación constitucional y legal.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social