Efraim del Campo Parra
Politólogo con maestría en Política (Sheffield, UK), y ciencias políticas y relaciones internacionales (Ginebra, Suiza). He sido consultor en programas de desarrollo económico sostenible para la Organización internacional de Trabajo (Suiza) y la Cámara de Comercio Hispanoamericana de Carolina del Norte. Especialista en desarrollo sostenible y política pública.
En las últimas semanas los ojos del mundo están puestos en sur américa. ¿La razón? Las protestas en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina que han puesto en aprietos varios mandatarios, al punto de hacerlos retractar en decisiones que eran “no negociables” o “inamovibles”. Aunque los motivos de las protestas en cada país varían, es posible encontrar varios puntos de similitud y convergencia.
Primero, las protestas son lideradas, promovidas y organizadas por sectores de clase media. Es innegable que las economías latino americanas nunca han sido tan prosperas y estables en la historia reciente. Aunque con algunos tropiezos en el camino, las últimas tres décadas se han caracterizado por un crecimiento económico sostenido, inflación controlada (excepto Venezuela), aumento de la clase media, reducción de la pobreza, entre otros. Con todos estos indicadores, uno se pregunta: ¿por qué la clase media está protestando? ¿Será que la clase media desconoce los progresos de nuestras economías?
Hablando con varios amigos y colegas en Ecuador, Perú y Chile, me he dado cuenta que la clase media latinoamericana ya no se conforma con tener acceso a servicios básicos (agua, educación, salud, etc.) y un ingreso que les permitiera tener donde vivir y comer. Hoy en día, la clase media es mucho más consciente de lo que representa para la economía y aspira a muchas cosas más. Tener acceso a salud o educación no es lo mismo que tener un sistema de salud y educación de calidad que garantice o mejore los niveles de calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la clase media ahora aspira a que los colegios públicos sean bilingües y que los hospitales tengan la capacidad de atender con prontitud y dignidad a las personas.
La clase media en general está cansada de pagar impuestos y ver como estos no se ven reflejados en la calidad de los servicios que el Estado debe de proveer. Esas épocas en donde era suficiente ampliar la cobertura sin importar la calidad de los servicios ha pasado. Los gobiernos y la clase política tienen que entender que las preferencias, exigencias y aspiraciones de la población en general han cambiado, y en consecuencia también lo deben de hacer varias de las políticas públicas ortodoxas que han guiado el desarrollo de nuestros países.
Segundo, la evidente frustración de las nuevas generaciones para prosperar. Aunque este sentimiento de frustración es evidente a nivel mundial, llama la atención como en varias de las protestas los jóvenes, en especial estudiantes, claman por un sistema que les garanticen las mismas oportunidades de progreso y prosperidad que tuvieron las generaciones pasadas. Hoy en día los costos de vida en América del Sur son una gran barrera para que los jóvenes progresen y mejoren su calidad de vida. Hoy en día los precios de la educación de calidad o de una vivienda son exageradamente altos en comparación con los salarios y condiciones laborales actuales.
Aunque la respuesta de los gobiernos ha sido facilitar y flexibilizar créditos, las nuevas generaciones no vemos justo trabajar toda una vida para pagar deudas y sobrevivir con lo que queda. Esta no es la manera en como vimos a nuestros padres vivir y prosperar, y tampoco es la manera en como nosotros también queremos vivir. Los jóvenes merecemos tener las condiciones necesarias para prosperar y vivir bien, y es ahí en donde los gobiernos actuales han fallado. La responsabilidad de la generación que gobierna actualmente es escuchar, debatir, estructurar e impulsar políticas que permitan a las nuevas generaciones seguir construyendo país y nación, mediante condiciones laborales dignas y acceso a servicios de calidad.
Tercero, la corrupción e inequidad ha rayado los niveles de paciencia de la población. Escándalos como los de Odedech, Papeles de Panamá, entre otros de escala nacional/regional, han despertado el repudio de la población en general. Aunque la corrupción no es un problema nuevo en nuestra región, la incapacidad de la justica y de la poca voluntad política de nuestros gobiernos de investigar o perseguir a los políticos corruptos ha generado un sentimiento de repudio y rechazo a las clases políticas gobernantes.
Aunque en los últimos años ciertos sectores de la población han logrado promover iniciativas para combatir tajantemente la corrupción, es evidente la poca voluntad de ciertos gobiernos. Casos como los de la frustrada consulta anti-corrupción y su poco apoyo por parte del actual presidente, o las condiciones y limitados recursos que tiene la fiscalía en Perú para continuar sus investigaciones son un claro ejemplo de la incapacidad de nuestro sistema político y judicial para combatir de raíz un problema que nos ha limitado nuestro desarrollo y prosperidad como países.
Ignorar o silenciar con represión este “nuevo sistema de pensar y aspirar” podría traer consecuencias nefastas para la democracia y economía liberal en la región ya que líderes políticos populistas e incompetentes pueden aprovechar este sentimiento de frustración para proyectarse en puestos de poder, tal cual paso en Brasil con Bolsonaro o Chávez en Venezuela. En este sentido, creo importante que la clase política, en especial la derecha suramericana, se dé cuenta de los cambios sociales y culturales que necesita la región, con el fin de reorganizar o re-estructurar nuevas políticas sociales y económicas que estén en línea con las nuevas aspiraciones sociales de la población en general. Este nuevo giro en la política suramericana requerirá de nuevas voluntades políticas y de nuevas nociones/proyectos de país.