Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La inversión más importante de descontaminación del 80% de aguas residuales de la ciudad de Cali y trascendental proyecto medio ambiental, reduciendo descargas contaminantes al Rio Cauca, se convirtió en el calvario y galimatías de EMCALI.
En 1989 se inicio el proceso de diseño y ocho años después, en 1997, comenzó su construcción, a cargo de un consorcio liderado por Norberth Odebrecht de Brasil, (más conocido por los escándalos de corrupción en América latina que su capacidad constructiva) a un costo inicial de $ 83 mil millones de pesos (US $ a Col$ 1005). La financiación de la obra fue dispuesta por las entidades crediticias Overseas Economic Cooperation Fund (Oecf), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) con aval de la nación.
Las inadecuadas prácticas administrativas, desgreño corporativo e incapacidad de gestionar ante las esferas nacionales, contribución y aporte presupuestal del gobierno central, en el ambicioso y necesario proyecto de descontaminación, entre otras condiciones, llevaron la empresa a incumplir sus obligaciones financieras. Esta inviabilidad empresarial obligo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) tomar posesión como agente interventor en el año 2000.
Trece años después en 2013 la SSPD devolvió al municipio la entidad, en similares condiciones que en el momento de intervención, un paliativo analgésico para los problemas estructurales de la empresa.
Si bien las obligaciones financieras con el sector financiero y proveedores, incluyendo la compra de energía, se regularizaron, la deuda sobresaliente del pasivo de la construcción de la PTAR se multiplicó catorce veces. Los $83 mil millones iniciales se convirtieron en $1,119 (Mil ciento diecinueve) mil millones adicionados con intereses elevando la cifra a pagar al año 2025 para un total de $1,814 (Mil ochocientos catorce) mil millones.
Lamentablemente la última renegociación de la deuda, en 2016, bajó la amortización a capital, valores que la nación reinvertiría en los próximos tres años (2016-2018), de $ 447 mil millones a $ 182 mil millones, cancelando por intereses $375 mil millones en vez de $ 307 mil millones.
El desfase de inversión pone en peligro el funcionamiento y utilidad de la PTAR quedando a punto de colapsar. La obsolescencia, desvalijada de equipos, desidia y deterioro por falta de mantenimiento permite aprovechar un 20% de su capacidad. No existe tratamiento de biosolidos, ni comercialización de los mismos. La generación de biogás, desde hace dos años, es inexistente. La inversión requerida para revisión, reparación y optimización es de $ 83 mil millones, el mismo valor de inversión inicial.
Las diferentes administraciones, alcaldes, concejos municipales, bancada parlamentaria (aunque dos actuales senadores tuvieron vínculos directos con la empresa) y la dirigencia empresarial han dado la espalda al mayor patrimonio de la población caleña.
La única entidad, que a través de los años, ha defendido el patrimonio de EMCALI, sus empleados, actuales y pensionados, develando y expresando inconformidad con la incompetencia administrativa, practicas de favorecimiento a contratistas externos y satisfacción de apetitos burocráticos, es SINTRAEMCALI. Lamentablemente su preocupación, expresada con profundo conocimiento, ha sido recibida por la sordera mediática, gobierno nacional e “importanculismo” típico de la naturaleza caleña y vallecaucana.
El gota a gota que desangra a EMCALI es un llamado a un vehemente pronunciamiento ciudadano.