Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Mientras analistas tecnócratas del Ministerio de Hacienda proyectaban modelos económicos para equilibrar las finanzas publicas hacia la sostenible reactivación y mantenimiento de programas sociales, los promotores del paro promovían una protesta pacifica en contra de la pretendida reforma tributaria.
Bajo argumentos de inequidad, empobrecimiento e inoportunas cargas fiscales, las centrales obreras, magisterio, estudiantes, Fecode, gremios transportadores y mingas indígenas, argumentando derechos fundamentales a la protesta, convocaron la movilización del 28 de Abril. Exigían retirar el proyecto de reforma tributaria estimada en nuevos ingresos fiscales aproximados de $ 25 billones de pesos, inconveniencia de incremento del IVA y otras iniciativas de mayor recaudo.
Es una protesta irónica.
Indígenas protestando por la reforma tributaria, cuando las comunidades son exentas. Estudiantes pidiendo gratuidad, cuando el problema no son oportunidades de trabajo sino ganas de trabajar. Docentes, jueces y funcionarios públicos con régimen laboral protegido y excepcional. Transportadores con mejores vías y fondos de reposición para optimizar equipamiento rodante.
Lo que empezó como protesta pacífica desencadenó horda de actos delictivos, vandálicos y terroristas, azuzados por organizaciones internacionales desestabilizadoras.
Las actuaciones, como se contempla en el decálogo acuñado por el francés Felix Guattari y difundido por el chileno Alexis López, conocido como Revolución Molecular Disipada, es contra la institucionalidad democrática. Es la ejecución de acciones revolucionarias graduales, horizontales y desestabilizadoras, en el territorio nacional, aprovechando dinámicas redes sociales como instrumento director. Devastación exitosamente probada en Chile, el año pasado, alterando el exitoso modelo socio económico
En las tres ciudades mas importantes, Bogotá, Medellín y Cali, gobernadas por simpatizantes de la izquierda colombiana, permitieron experimentar el modelo revolucionario. Bajo el manto de consabidos discursos de inequidad, pobreza y conciliación, limitaron la función policiva, convirtiendo la fuerza publica en observadores pasivos. Promovieron la comunicativa observancia de organismos internacionales protectoras de derechos humanos impidiendo el constitucional derecho protector en defensa de la amenazada población civil.
Detrás de las primeras líneas de pacíficos marchantes, se camuflaron vándalos profesionales, cuyo primer objetivo era debilitar el sistema de transporte masivo urbano. El segundo objetivo, bloquear las vías a las ciudades estrangulando el suministro de bienes. La tercera línea, no esporádica sino planificadamente, preparar acciones de pillaje a establecimientos de comercio, sitiando estaciones de servicio y el normal suministro de combustible y arremeter contra oficinas de instituciones financieras como símbolo capitalista. La cuarta línea, convocar las organizaciones indígenas, protectoras de cultivos ilícitos, con actos enmascarados de soberanía ancestral. La quinta línea, escudados en la oscuridad nocturnal, daños en las comunas más violentas, apoyados por delincuencia local, atacando la infraestructura de estaciones y guarniciones de policía.
El pretexto de protestar la reforma tributaria perdió validez cuando fue retirado el proyecto por el gobierno. Sin embargo, el paro continuó.
Frutas, verduras, leche, huevos y carnes perecieron. Actividades portuarias suspendidas. Cadenas productivas agroindustriales detenidas. Avícolas y porcícolas sin alimento. Sectores industriales desabastecidos por falta de materia prima. Supermercados, tenderos, plazas de mercado sin víveres. Transportadores paralizados por escasez total de combustible y bloqueos intermitentes. Red hospitalaria debilitada. Sector comercio cerrado. Secuelas que tardaran tiempo en recuperar.
Las perdidas estimadas, en daños a la infraestructura de bienes públicos, paralización de sectores productivos, transporte, comercio, entre otros, exceden la cifra de $ 30 mil millones, superando el costo de la reforma tributaria protestada.
¿Quien pagará las pérdidas? Sin duda, la población, a quien los marchantes supuestamente protegían.