*Ramiro Varela M
El debate nacional que lidera el Contralor Edgardo Maya, para acabar los organismos de control municipal, permite hacerle un llamado al Contralor y Personero Municipal, ante la ausencia de control en lo que fueron y son las 21 Megaobras en Cali. La discusión en la ciudad regresó también con la solicitud que hiciera el Concejal Roberto Rodríguez a la Fiscalía y al Procurador de la Nación para que movieran sus procesos y ante la radicación del proyecto de acuerdo de estímulos tributarios conocido como PAPAYAZO, donde se proyectan recaudar $38 mil millones de valorización.
Como se conoce públicamente el detrimento fiscal de la contribución, en la proyección de todos los ingresos que faltan por recibir de valorización vs el costo del plan de obras, 9 años después de haber sido aprobadas en el Concejo Municipal ( Acuerdo 241 del 2008 ) , superan ya los $700 mil millones, que afecta el marco fiscal del mediano plazo. El alcalde Maurice Armitage y el Secretario de Infraestructura y Valorización Gustavo Jaramillo, trabajan en la búsqueda de la solución al problema económico, en la medida que hay una obligación de hacer las 21 Megaobras y no existen los recursos de presupuesto, adicionalmente deben hacer diseños, ajustar proyectos, atender demandas, preparar el cumplimiento a los contribuyentes y ahora buscan un papayaso para recaudar $38 mil millones, que no sirven ni para una de las obras grandes.
Deben de responder por dejar quebrar fiscalmente al Municipio, no proyectar con la verdad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo
El detrimento fiscal se dio por el incumplimiento del estatuto de valorización nacional y los acuerdos 241 del 2008, 261 del 2009 y 297 del 2010, que en cifras reales supera el billón de pesos y el recaudo real escasamente llegará a $300 mil millones, esto genera el detrimento para el Municipio por más de $700 mil millones, ante el no acatamiento de las normas legales entre los años 2008 y 2015. Todo un descalabro.
Los organismos de control municipal por no cumplir sus funciones constitucionales y municipales deben responder por dejar quebrar fiscalmente al Municipio, no proyectar con la verdad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y por la falta de sanciones a los responsables del desastre del sistema de la valorización de Santiago de Cali.
Han sido 9 años de un mal ejemplo de un erróneo proyecto de ciudad, malos diseños, pésima organización en su planeación, equivocada ejecución y la verdad, la Contraloría y Personeria Mpal han estado a espaldas de la ciudad. No correspondió el plan de obras a ningún plan de movilidad de Cali y eso no lo exigieron los organismos de control , por ello ahora se tienen altos índices de congestión en los 4 puntos cardinales. Lo dijimos desde el mes de mayo 2008 y lo hemos reiterado en estos 9 años de la quiebra técnica de la valorización ciudad de Cali, pero los alcaldes Jorge Iván Ospina y Rodrigo Guerrero no pararon bolas, y hoy nos encontramos ante una realidad, que está demostrada desde el año 2013, no hay como cumplirle a los caleños con las obras, porque no existen los recursos financieros para su terminación.
La Contraloría Mpal no hizo una verdadera vigilancia y control fiscal
En los 9 años de decretación de las Megaobras, la Contraloría no estuvo comprometida con una gestión que respondiera al control de proyecto. Y tampoco promovió la cultura de la legalidad para el proyecto ni convocó la defensa del patrimonio público de los caleños. Esta es una realidad que se puede mostrar en cualquier escenario, no guardó independencia, siempre durante los 8 años largos de ejecución ha estado como un apéndice del Concejo, que no le han permitido desarrollar su labor fiscal con independencia.
No valoró técnica ni jurídicamente hechos fácilmente verificables, incumpliendo el principio de la objetividad como función constitucional
Tampoco fue transparente en la medida en que no obtuvo resultados en la gestión del control fiscal. Y lo más grave, no valoró técnica ni jurídicamente hechos fácilmente verificables, incumpliendo el principio de la objetividad como función constitucional. Lo escribimos,lo informamos a diferentes Contralores 2008 – 2017 y no hicieron caso. Lo cierto es que no cumplió con el artículo 267 de hacer el control fiscal como una función pública para vigilar la gestión fiscal de la administración municipal en el manejo de esos fondos de los caleños como es la Contribución de Valorización. Tampoco se hizo vigilancia de la gestión fiscal del municipio, en la planeación y ejecución de las obras, no se hizo un verdadero control financiero de gestión y de resultados fundados ante todo en eficiencia, economía y equidad.
Tampoco cumplió la función administrativa constitucional que ordena el artículo 209 pues realmente los principios de la moralidad, de la eficacia, la económica, la severidad no estuvieron presentes en el control fiscal de este proyecto, ni en las auditorias que ha hecho la entidad. Lo que hizo la Contraloría de Cali, ser tardíamente un mal supervisor de obras, de sumas y restas de cantidades.
Personería no representó intereses de la ciudad
No le hizo control de gestión verdadero a la administración municipal, en la medida en que tampoco se protegió los derechos colectivos de la comunidad caleña.
No protegió la Personería Municipal de Cali ni defendió los derechos fundamentales de los caleños en las 21 Megaobras, al violarse reiteradamente el debido proceso, pues no se cumplió con el estatuto de Valorización Nacional y Municipal en la ejecución del plan de obras. Tampoco vigiló la conducta oficial de los funcionarios públicos de su competencia, ni le hizo control de gestión verdadera a la administración municipal, en la medida en que tampoco se protegió los derechos colectivos de la comunidad caleña.
Y lo más triste y preocupante es que la Personería no fue veedora del tesoro público, los funcionarios de la Personería violaron el principio del compromiso en la medida en que no se trabajó de una manera responsable pues no se vigiló el cumplimiento de las normas legales, al vulnerarse reiteradamente el estatuto de Valorización Nacional y Municipal y en la realidad, hacer nada. Y no defendió los intereses de la sociedad ni vigiló el ejercicio eficiente de la planeación – ejecución de las 21 Megaobras como función administrativa del municipal. Ni ejerció la vigilancia de la conducta oficial del Secretario de Infraestructura y Valorización y el Jefe Jurídico de la época. Nunca la Personería de Cali fue capaz de enviarle un documento a la Procuraduría, ni decirle a la ciudad los problemas legales del alcalde de la epoca, para que esas investigaciones correspondientes las hiciera por competencia, el señor Procurador.
Algo que ha podido hacer alguno de los Personeros de Cali 2008-2017 era presentar una acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible como fue el detrimento fiscal de la valorización, que afectó los intereses de la comunidad y hacerse parte en los procesos penales y civiles que se deriven, Aún lo puede hacer.
Tampoco defendió los intereses colectivos de la comunidad interponiendo acciones judiciales, populares, de cumplimiento que fueran procedente ante las autoridades municipales, ni hizo valer su función de ser Representante del Ministerio Público, para que el Procurador General ejerciera una adecuada vigilancia sobre los Alcaldes 2008-2015.
Las obras faltantes y no hay recursos de la valorización, para su construcción:
Prolongación de Av. circunvalación del sur $200 mil millones, ampliación de la vía al mar por $250 mil millones,130 kilómetros de vía carril faltante por $148 mil millones, autopista sur con 26 por $28 mil millones, puente Simón Bolívar con carrera 100 por $54 mil millones, soluciones peatonales de puentes por $15.627 millones, parque alameda-Av. Roosevelt $19 mil millones, estación de bombeo del túnel de la avenida Colombia por $18 mil millones, puente de solución vial chipichape calle 36 norte y parque línea del río Cali segunda etapa.
Llamado respetuoso a Ricardo Rivera y Héctor Hugo Montoya
Que hacer legalmente con la valorización de las Megaobras en la presente administración
Buscaremos que pueda proyectarse la solución a los problemas de la infraestructura de la ciudad, para mejorar la movilidad y el que hacer legalmente con la valorización de las Megaobras, mediante derechos de petición que presentaremos con motivo de la rendición de cuentas del señor Contralor Municipal de Cali, le pediremos a él, y al señor Personero de Cali, hacer el verdadero control fiscal y disciplinario, en defensa de las normas municipales, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, entregarlo en un término de 30 días a los caleños su dictamen y ayuden a definir legalmente el futuro de la valorización de la ciudad. En este tiempo, pueden realizar audiencias públicas para verificar el incumplimiento de los Acuerdos 241 del 2008, 261 del 2009 y 297 del 2010, con este balance se busca salva guardar la imagen y el derecho público que representan esas instituciones, que nacionalmente y con razón quieren desaparecer, ante la alta corrupción de los municipios colombianos..
Si estas normas el Personero de Cali y el Contralor Municipal de Cali 2008 – 2017, las hubieran hecho cumplir, no tendríamos hoy un detrimento fiscal de unas obras sin construir por más de $700 mil millones y un plan de obras que en este momento tienen un valor superior a 1 billón de pesos.