Editorial
Finaliza el año 2018 y las Personerías y Contralorías Municipales deben ser nuevamente evaluadas a la luz de lo que pasa con los principales proyectos de inversión de la ciudad. Vale decir el MÍO, las 21 Megaobras, el programa Jarillon, etc. Desde esta óptica en los problemas antiquísimos que tienen estos tres proyectos, deben evaluarse si las funciones de la Personería Municipal y la Contraloría, han cumplido su función constitucional y legal. Veamos que en el caso del MÍO la quiebra técnica del sistema del transporte masivo se aprobó desde el año 2005 y precisamente el Concejo de Cali en el año 2006 ordenó el cierre financiero del proyecto, con una estructuración técnica, económica, financiera, ambiental y social, de tal manera que se precisará un diseño y un presupuesto definitivo, financiado por las entidades públicas. En el año 2007 volvió el Concejo de Cali por iniciativa ciudadana a repetir este mandamiento y a la fecha no se ha cumplido, ni con el servicio, ni con el mandamiento legal, ni con viabilidad económica y financiera del proyecto. Se infiere que la Personería y la Contraloría Municipal no han cumplido sus funciones del primero en representar el Ministerio Público y la segunda hacer el Control Fiscal de este proyecto.
El plan 21 Megaobras nació en quiebra técnica, denuncias que se hicieron cuando se radicó el proyecto en el Concejo Municipal en el mes de julio de 2008 y allí aparecen las actas de aprobación del Acuerdo 241, como ciudadanos dijeron, este proyecto es inviable porque no tiene estudios de ingeniería de detalle, ni presupuestos definitivos. Los dineros no alcanzaron. El Concejo Municipal a pesar de ello dio un plazo por Acuerdo Municipal, para tener los diseños definitivos y esto no se cumplió. Tampoco se cumplió el mandamiento legal de contratar las obras con los presupuestos acorde con la realidad de las mismas. Por ello en el 2010 hubo necesidad de otro Acuerdo Municipal que prorrogara la posibilidad legal de contratar las obras, dineros de los ciudadanos que contribuyen con la valorización. A pesar de ello nada de esto se cumple y cuando se materializo el fracaso de las 21 Megaobras, en el Acuerdo del año 2013, sobre las vigencias futuras del MIO, el Concejo de Cali hizo caso omiso y la Personería de Cali y la Contraloría Municipal tampoco atendieron sus deberes legales, ni el compromiso con los ciudadanos, de defender la constitución y la ley.
Hoy el proyecto está totalmente fracasado, las obras en miles de millones de dólares que faltan por hacer, no se pueden hacer económica, financiera y legalmente. No hay otra alternativa que liquidar el sistema, pero la Personería y la Contraloría no musitan palabra.
Y en el Plan del Jarillon, también descubrimos hace 4 años de la quiebra técnica del sistema, es decir que no tenía cierre financiero, es decir que los dineros no alcanzaban para finalizar los proyectos. ¿En qué consiste este desequilibrio?, que no hay los dineros para comprar las viviendas donde reubicar la totalidad de los 4288 ciudadanos que faltan por ser reubicados del Jarillon de Cali. En consecuencia no hubo Personería y Contraloría Municipal a defender los caleños,
Por todo lo anterior Caliescribe respetuosamente, el 1º de febrero va a iniciar una campaña nacional, con el Presidente de la República, la Ministra de Justicia, la Ministra del Interior, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la Republica, para que estas entidades desaparezcan, por ser partícipes del mayor descalabro económico, financiero y fiscal, de las principales proyectos de Cali.
En cuanto a la Personería Municipal sus funciones tan importantes, debe haber una Reforma Constitucional para que estás sean desempeñadas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Así mismo pueda lograrse una transformación con el auxilio técnico de Universidades, Institucionales de economía solidaria, Fundaciones etc.
Y eliminar las Contralorías Municipales, es una necesidad inaplazable, para que se haga bien el control fiscal de los municipios colombianos. Estas entidades tienen la función de elevar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, ante posibles caducidades, prescripciones, medidas cautelares, resarcimiento por eventuales detrimentos patrimoniales causados al erario público. De esto nada se escucha en la ciudad de Cali. En Colombia de los detrimentos patrimoniales las Contralorías recuperan tan solo el 20%.
También para nadie es un secreto que estas Contralorías es un nido de corrupción, desde el punto de vista de una excesiva nómina paralela y gastos administrativos que aprueba el Concejo de Cali en estructura organizacional, que indudablemente debe originar la creación de un tribunal de cuentas que se adscriba a la Contraloría General de la República. Obviamente habría unos problemas laborales grandes que puede llegar a ser de 10.000 empleados públicos, pero el costo beneficio es el que se debe calcular en bien del país. Las Contralorías Departamentales y Municipales cuestan al año más de $300 mil millones y tan sólo recuperan una cifra menor al 5%, lo que asciende a menos de 15 mil millones de pesos.
Es claro que los aparatos burocráticos de las Contralorías Municipales, tienen un costo muy alto y son ineficaces.
Uno de los graves problemas es que las Contralorías Municipales son dependientes directamente de los Concejales, luego sus funciones no pueden ser desempeñadas, ante la politización del Control Fiscal Municipal en Colombia.
No se trata de darle un golpe a los procesos de descentralización, sino de corregir un problema del estado, desde el punto de vista económico.
El costo anual de la Contraloría de Cali es en el año 2018 , tiene valor de $21 mil millones, más los adicionales que aprueba el alcalde, la cifra supera los $25 mil millones y la Personería tiene un presupuesto anual de $16 mil millones en el año 2018, que con los adicionales llega a $20 mil millones, para un total de $46 mil millones, para un costo por mes de $4 mil millones. Se justifica ese gasto público ?
Ya se intentó vía referendo la supresión de Contralorías Territoriales, pero indudablemente que ante la situación que se ve en el Congreso, donde la reforma a la política no sale, tampoco la reforma a la justicia, ni las leyes anticorrupción, valdría la pena convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y Caliescribe reitera que iniciará este proceso, una vez en el mes de enero el Contralor de Cali Doctor Diego Mauricio López y el Personero de Cali Héctor Hugo Montoya, demuestren si aplican las normas legales y defienden a los ciudadanos para que estos proyectos sean viables técnica, económica y financieramente. Ustedes tienen la palabra.