Efraim del Campo Parra
Politólogo con maestría en Política (Sheffield, UK), y ciencias políticas y relaciones internacionales (Ginebra, Suiza). He sido consultor en programas de desarrollo económico sostenible para la Organización internacional de Trabajo (Suiza) y la Cámara de Comercio Hispanoamericana de Carolina del Norte. Especialista en desarrollo sostenible y política pública.
Esta última semana hemos visto cómo varios de nuestros líderes políticos se rasgan las vestiduras al saber que la Corte Constitucional derogaba la norma del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en espacios públicos. A primera luz, uno puede estar de acuerdo con varios de nuestros líderes, es decir, ¿Como es posible que personas puedan tomar alcohol y fumar marihuana en frente de nuestros niños en los parques? ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad si las personas podrán drogarse en espacios públicos?
Como era de esperarse, nuestro alcalde Armitage manifestó su profundo descontento con el fallo de la corte y afirmó en su cuenta de Twitter “para todos los alcaldes de Colombia que estamos haciendo un refuerzo tenaz por mejorar la seguridad y la cultura ciudadana, este reversazo que nos hace dar la Corte es muy grave para Colombia y en especial para Cali. Es muy triste, porque hemos venido avanzando en el control de la delincuencia, consumo de droga y manejo de parques”.
En este tipo de debates es fácil que uno caiga en opiniones/criticas simplistas y generalizaciones que poco aportan a identificar y solucionar el problema. Aunque la sentencia de la Corte aún no ha sido publicada, me gustaría hacer tres comentarios desde mi experiencia que podrían ser útiles para un debate sano e informado.
Primero, la Corte –en su análisis de constitucionalidad sobre cualquier norma- hace referencia específica al texto de la norma revisada. Es frecuente, como en este caso, que la raíz de la objeción radique en el texto revisado. Infortunadamente la generalidad del texto aludido vulnera uno de los derechos ciudadanos que definen un Estado democrático: la libertad de sus ciudadanos y, de manera específica, el derecho al desarrollo de la libre personalidad. En su comunicado la Corte explica que toda medida restrictiva de la libertad debe especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, no se puede generalizar una restricción de libertad. Por otro lado, la Corte mantiene en pie las restricciones del consumo de estas en “estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio púbico, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente”. Así las cosas, no ha sido cierto que la Corte haya dado vía libre a gibaros ni drogadictos para vender o consumir estupefacientes en parques enfrente de nuestros niños. Todo lo contrario, la Corte solo pide establecer con más especificad las restricciones de acuerdo al juicio de razonabilidad y proporcionalidad. Mal hacen aquellos políticos que capitalizando la ignorancia y emocionalidad de muchos colombianos, hacen interpretaciones amañadas con el fin de obtener beneficios electorales de corto plazo, sin importarles afectar la institucionalidad del Estado y la credibilidad en la justicia.
Segundo, por cuestiones de estudio y laborales, he tenido la oportunidad de vivir en varios en países en donde el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas permitido por la ley y es socialmente aceptado. De esa experiencia he aprendido que más que satanizar y castigar el consumo de estas, es más efectivo y sensato prevenir mediante la educación desde la familia y el sistema escolar sobre los efectos personales y sociales de la droga y el alcohol. Esa educación encuba y desarrolla mecanismos de regulación social más efectivos y permanentes que la estigmatización de corto plazo.
En ninguno de estos países, el consumo de alcohol o estupefacientes ha sido relacionado directamente con el aumento de la inseguridad o consumo de estos en los jóvenes. Todo lo contrario, es solo mirar las estadísticas y uno encuentra que en varias ciudades europeas los índices de violencia son significativamente menores que los de Cali.
Es verdad que la realidad colombiana es totalmente diferente a la realidad europea, pero pregunto si de verdad queremos proteger a nuestros niños de los gibaros, ¿por qué nuestro alcalde no ha intervenido los barrios en el centro de Cali en donde, a la vista y conocimiento de todos los caleños, se vende droga a diestra y siniestra? ¿Será que esta norma impedirá que gibaros sigan vendiendo drogas en escuelas y parques de Cali? Pregunto también: ¿será que esos cientos de toneladas de mariguana y de cocaína que se consumen en nuestras ciudades, se producen en ellas?; ¿Qué “artes de magia” ocurren para que lleguen a nuestras ciudades dichas sustancias desde sus centros de producción?
Tercero, Colombia históricamente ha sido un país de leyes, pero su incumplimiento se evidencia en nuestro diario vivir. La capacidad de nuestras instituciones locales (policía y alcaldía) de hacer cumplir la ley ha sido sumamente limitado e ineficiente. En este sentido, me pregunto, hasta qué punto vale la escandalizarse por una sentencia de la Corte a sabiendas que nuestros gobernantes poco hacen por proteger de verdad a nuestros niños del matoneo, violencia intrafamiliar, violaciones o discriminación étnica. Proteger a los niños también pasa por garantizarle a sus padres trabajo digno.
Creo firmemente que la solución del problema de drogas-inseguridad-espacio público no está en la prohibición de su consumo en una ley. Lo que necesitamos es que nuestros líderes de verdad implementen políticas que aumenten el número de zonas verdes y garanticen la seguridad de las personas con policía. Si de verdad queremos proteger a nuestros niños, entonces exijamos que se les garantice salud, verdadera nutrición escolar, educación de calidad y crear espacios amigables de convivencia.
Tenemos que tener en cuenta que una ley en el papel no garantizará la presencia de gibaros en nuestros espacios públicos ni protegerá de facto a nuestros niños. Lo que necesitamos es que el futuro alcalde de Cali entienda la causa estructural del problema e implemente políticas serias para controlar la venta ilegal de drogas. En relación al consumo de alcohol en espacio público, no creo que represente una amenaza para la seguridad de los caleños. Todo lo contrario, nada más equitativo que ver a personas de todos los estratos haciendo un picnic o tomando un par de copas de vino en el Humedal la Babilla o el parque San Antonio.
Es por esto que invito a los lectores a hacer una pausa, leer los argumentos de la Corte para tumbar aquella norma, escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y analizar críticamente si esta norma afecta o no el libre disfrute y gozo de nuestro espacio público, si es que tenemos uno.