Mario Germán Fernández de Soto
Si al esfuerzo financiero del gobierno para cumplir con la implementación de los programas de paz suscritos con las Farc, sumamos los compromisos con los profesores luego del paro de 37 días; la obligación de crear el Fondo Autónomo de Buenaventura pese a las pérdidas por el cese de actividades en el puerto que ascendieron a $111.000 millones; además de la escasez en las reservas de petróleo (con una autosuficiencia para un máximo de 6 años, además de la poca eficiencia en nuevas exploraciones) y los efectos económicos de la pasada ‘ola’ invernal, podríamos decir que en materia de finanzas públicas, el palo no está para cucharas.
Veamos: El país inició su actividad económica en el 2017, estrenando Reforma Tributaria, salario mínimo e incremento de precios y tarifas en algunos bienes y servicios. Y aunque hay expectativas frente al control de la inflación, la sensible baja en las tasas de interés (aunque la cartera morosa siga disparada); el incremento en el recaudo de impuestos como producto de la Reforma; el despegue de la inversión en infraestructura; los dividendos de la paz; la producción agropecuaria y la dinámica de la actividad turística, lo cierto es que la única salida frente a una latente recesión económica, es el apretón fiscal.
Sencillo, si el Gobierno le dice a quienes pagan sus impuestos que necesita más plata. E incluso se atrevió a desafiar al potente sindicato de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, al negarles un incremento mayor en sus pretensiones, entonces debe tener legitimidad en esa solicitud. Y justamente esa legitimidad se quebranta ante los escándalos por corrupción, la ineficiencia en las transferencias y el gasto público que debería pasar del 39,8 al 26 por ciento, si se busca eficiencia en la ejecución presupuestal. En el mismo sentido, si el gobierno central busca reducir la inflación al ritmo que hoy lo propone, entonces deberá hacer un esfuerzo controlando el gasto público, solo así lograríamos mantener intacta la meta de inflación que, de acuerdo con el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, está en el rango del 2 al 4%, pese a que en el 2016 se situó en el 5,75% Sin lugar a dudas, la coyuntura es difícil, porque la salida a la reactivación sería el impulso a las obras públicas, como lo recomiendan los ‘gurúes’ de la economía, pero esa iniciativa se frenaría, al menos hasta mediados del año entrante, por la Ley de Garantías Electorales. Por eso mismo, en el caso específico del Valle del Cauca, es necesario que, bajo el liderazgo de la Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres y con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad, recuperemos el sitial perdido en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) que, hasta el 2015, se sostuvo entre los cinco primeros puestos del país, con un promedio de 5,3 y 6,0, frente a la supremacía que desde hace una década tiene Bogotá con un rango de 8,1 y 8,5.
Creo que uno de los frentes de trabajo para el impulso a la competitividad debe ser el fortalecimiento de las zonas francas internacionales para atraer inversión y el apoyo irrestricto a las iniciativas del ‘cluster’, como por ejemplo el de la belleza y cuidado personal, la proteína blanca, los macrosnacks, la bioenergía y excelencia clínica. Estoy convencido de que si esta iniciativa cuenta con el apoyo de INNpulsa (el programa gubernamental de fomento a la innovación y el emprendimiento, creado en el 2012), para apoyar encadenamientos productivos, el apoyo a la implementación de aplicaciones basadas en la Internet y, en general, las ideas de negocios con recursos no reembolsables, esto se reflejará necesariamente en el impulso a una nueva clase empresarial que no distinga entre el micro y el pequeño empresario, para promover un Valle emprendedor y productivo.
De esta forma, el fantasma del apretón se empezaría a alejarse desde nuestro departamento del Valle y así estaríamos contribuyendo para consolidar un país más competitivo, emprendedor y productivo.
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