Por Carlos Enrique Botero Restrepo
Arquitecto Universidad del Valle; Master en Arquitectura y Diseño Urbano, Washington University in St: Louis.
Profesor Maestro Universitario, Universidad del Valle. Ex Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle (de2012 a 2015) y Director del CITCE (Centro de investigaciones Territorio Construcción Espacio) de 2006 a 2010.
Una vieja historia narra que un antiguo maestro oriental de medicina recomendaba a sus discípulos cobrar a sus pacientes una cantidad razonable por su consulta de tal manera que éstos no perdieran la sonrisa, o que les permitiera recuperarla. Doble efecto positivo: el paciente se superaba su mal y no se sentía esquilmado; repetiría la experiencia a gusto y con seguridad.
El sólo imaginar la escena pone de presente un valor estético oculto para quien oye el cuento, aunque es absolutamente obvio para quien lo protagoniza. Es una lección de estética indisolublemente ligada a cualquier hecho de la vida cotidiana en culturas orientales milenarias. En el ejemplo, según se quiera profundizar en desentrañar los significados de cada gesto ligado al evento del encuentro entre el paciente y el médico, se encontrará un sentido positivo y constructivo a todo lo largo de la cita. Cultura milenaria y estética de vivir y actuar.
La distancia que nos separa desde nuestro doloroso proceso de construcción de cultura en que estamos inmersos hoy por hoy, hasta la serena y segura relación entre el médico oriental y su paciente, está explícitamente reflejada en la manera agresiva e indolente como el gobierno departamental a través de su Secretaría de Infraestructura y Valorización intenta imponer un impuesto –eufimísticamente llamado contribución- por la ampliación de la avenida Cañasgordas entre el río Pance y el sector de Alfaguara al occidente de la cabecera municipal de Jamundí y un área rural de Cali, entre la Av El Banco
Parece como si la gobernadora actual hubiese apelado a emitir un irade (decreto del sultán; imposición sin discusión) para esculcar los bolsillos de quienes quedaron atrapados en la red de los irónicamente denominados directos beneficiados por el proyecto.
sólo beneficiarán a terratenientes propietarios de las grandes extensiones a lado y lado del trayecto
No sólo es agresiva la gobernación por tratar de imponer sin suficiente debate público abierto y a rajatabla el pago de unas obras que, es evidente, sólo beneficiarán a terratenientes propietarios de las grandes extensiones a lado y lado del trayecto que hoy une los dos puntos. Quedarán listos todos esos terrenos para entrar en el mágico proceso de convertir en urbano –vendible por metro cuadrado- lo que hoy es rural –hoy estimado comercialmente por hectárea- sin que medie siquiera un sentido de las proporciones que consideren las diferencias entre un morador propietario de una vivienda VIS de Jamundí, un residente de condominio que siendo rural se lo trata como urbano, y el rentista propietario de cien y más hectáreas alquiladas para el cultivo de caña de azúcar, mientras llega la urbanización.
La poco sutil diferencia al introducir en la bolsa de contribuyentes a unos y otros, es el avalúo catastral que clasifica a cada inmueble. Lo que al propietario de vivienda se le liquida por metro cuadrado –desde cien mil hasta quinientos mil pesos por cada uno- a los resignados terratenientes se les liquida a dos pesos por cada metro.
no es exclusivo instrumento de actuación para maestros, estudiantes de instituciones públicas
Aunque algunos observadores del proceso hacen mofa de las marchas ciudadanas protagonizadas en la semana anterior por residentes de la Comuna 22 y de condominios situados más allá del perímetro urbano al sur de la Avenida El Banco (carrera 127), hay que reconocer de ellas que el derecho a la protesta es una forma civilizada y culta de participar en procesos que afectan a la población y que no es exclusivo instrumento de actuación para maestros, estudiantes de instituciones públicas, obreros o ciudadanos de estratos 1 y 2.
Hoy la protesta es contra toda posibilidad de pago por valorización, por el respeto a procesos democráticos que resuelvan sobre lo urgente y necesario de transformación territorial. No se trata de pedir rebajas, como lo hizo un espontáneo “líder” de esas movilizaciones que parece dispuesto a pagar el tributo si se lo aplican con vaselina.
¿Quienes pagaron la primera ampliación de la Cañasgordas – versión perrata y burda de avenida- y los absurdos macroproyectos de Jorge Iván Ospina, están dispuestos a permitir que se continúe con la práctica esquilmadora de hacer obras en beneficio de pocos, disfrazadas de necesidades colectivas?