Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Las presiones de la Ocde y de los grandes empresarios del país harán que en última instancia el gobierno del presidente Duque se vea obligado a presentar en la próxima legislatura del Congreso una serie de reformas en materia laboral y pensional, que agravarán aún mas la situación económica y social de los asalariados y de los trabajadores independientes, que en el futuro inmediato tendrán que trabajar mucho más para sobrevivir en medio de la competencia que se desatará en el mercado laboral con la puesta en práctica de la contratación por horas que conllevará a una reducción sustancial de los ingresos laborales y prestacionales, a todo lo cual deberán sumarse las dificultades para que los trabajadores puedan cumplir con los nuevos requisitos para pensionarse, mas aún si en este caso se determina incrementar el valor de los aportes y la edad para pensionarse con una tasa de reemplazo por debajo del 65% del salario sobre el que cotizaron.

Mientras tanto se afirma en algunos medios de opinión que con la implementación de este tipo de reformas se generarán “nuevos y abundantes empleos” en un país en donde las oportunidades de trabajo continúan siendo muy limitadas y ha crecido la informalidad en varias de las principales ciudades del país y especialmente en las zonas agrarias.
Así mismo se dice que con la puesta en marcha de las reformas se aumentaría la inversión de nuevos capitales que se vincularían a la economía del país generando nuevos puestos de trabajo y con ello mejorando la condición salarial de todas aquellas personas que viven del mismo; circunstancia ésta que beneficia a los capitalistas que podrán contratar con bajos costos de mano de obra aumentando de esta manera sus utilidades en el proceso de la producción, distribución y comercialización de los productos bienes y servicios que se ofrecen en el mercado interno e internacional.
No hay que olvidarse que la causa real del desempleo debe buscarse en la insuficiente demanda de bienes y servicios que no pueden adquirirse por los trabajadores debido a la decreciente pérdida del valor del salario, produciéndose una baja en la producción y por consiguiente una disminución en la actividad laboral que se agrava con el aumento de la demanda laboral barata, el incremento de los precios de los bienes de consumo, de los impuestos, del carácter cíclico de la producción, la inflación y la implementación de nuevas tecnologías con las cuales se sustituye el trabajo no calificado de miles de trabajadores.
No obstante que el gobierno manifestó “estar dispuesto a concertar el contenido de las reformas laboral y pensional”, la tendencia que se abre paso en términos generales es la de imponer una serie de medidas que tan solo traerán beneficios a los empresarios del gran capital financiero que manejan los fondos públicos y privados provenientes de las cesantías, las pensiones, la salud y el ahorro privado de los colombianos, permitiéndoles acumular grandes utilidades que se distribuyen entre sus asociados.
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