María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El Centro Democrático, en cabeza de nuestro líder el expresidente Álvaro Uribe, presentó al país un borrador de propuesta para discusión de un referendo constitucional compuesto por cinco temas: justicia, medioambiente, programas sociales, educación y austeridad en el Estado.
El objetivo es lograr cambios necesarios de política pública consultando el querer del pueblo colombiano, para avanzar en mayor confianza, eficiencia, oportunidad y despolitización de la justicia; más compromiso con el cuidado de la riqueza natural; mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes; más ingresos que contribuyan al bienestar de los hogares vulnerables, y menos burocracia para que haya más inversión social.
En esta oportunidad abordaré el tema de justicia. Lo primero que se propone eliminar o reformar es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); un tribunal que parece estar diseñado a la medida de los integrantes de las Farc (9.764 acreditados ante la JEP al 23 de octubre), quienes a hoy no han sido juzgados ni condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos, y solo han comparecido para negar cínicamente su responsabilidad en delitos como secuestro, violación, homicidio y reclutamiento de menores, entre muchos otros. Una burla para las víctimas y para el país. Pero irónicamente esa JEP sí parece tener rasero para juzgar a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que han comparecido. Nuestros héroes han sido tildados, juzgados y muchas veces expuestos, dado que sus audiencias han sido públicas, mientras que las de las Farc han sido reservadas. Parece que para los magistrados de ese tribunal la prioridad no fueran las víctimas, supuestamente eje central del acuerdo Santos – Farc que dio luz verde a la creación de dicha justicia, sino enlodar a los cientos de hombres y mujeres que día a día velan por la seguridad y la soberanía de nuestro país.
Por esto proponemos la creación de una instancia especial para que procese a los 2.730 integrantes de las Fuerzas Armadas (acreditados ante la JEP al 23 de octubre), una que tenga magistrados imparciales y que conozcan los procedimientos, reglas y jerarquías que rigen en cada una de estas instituciones. Pero además contempla la libertad condicional para quienes hayan cometido delitos antes del primero de diciembre de 2016 y hayan cumplido cinco años de condena efectiva. Es importante precisar que en este caso no operarán los delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro o terrorismo, como debió haber sido desde el principio. A la fecha, la JEP ha otorgado 394 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas, a integrantes de la Fuerza Pública y a terceros, y ha negado 194 más.
Pero no es el único cambio en materia de justicia. El referendo también propone modificar las Altas Cortes, dejando una corte única que unifique la jurisprudencia, que no tenga ninguna función de tipo electoral y que esté constituida por magistrados mayores de 55 años que sean elegidos, por mérito, por el Senado de la República para fungir por periodos de 12 años. El objetivo es lograr una justicia eficaz, no politizada ni sesgada, que solo actúe bajo la premisa de hacer cumplir la ley, velar por los intereses de los ciudadanos y garantizar pronta justicia. A esta propuesta también se suma la creación de un tribunal de aforados que tenga independencia plena en el juzgamiento de congresistas y magistrados.
Estas reformas en la rama judicial no solo son necesarias sino urgentes, más si se tiene en cuenta la percepción del país en la materia, la cual es preocupante. Según el Dane, solo el 16,1% de las personas mayores de 18 años confían en los jueces y magistrados de nuestro país, lo que devela falta de eficacia y transparencia; mientras que según el Índice de Estado de Derecho 2020, del Proyecto Mundial de Justicia, la calidad en la justicia penal en Colombia ocupa el puesto 101, entre 128 países y el puesto 77 en materia de efectividad judicial. Panorama desalentador.
Se requiere una justicia que exija verdad y no impunidad; que sea imparcial y garante de los derechos que le asisten a cada colombiano; que recupere la credibilidad por su apego a la Constitución y a la ley, y se aparte de la corrupción y pasiones políticas.
Este es el primero de varios análisis que haré de esta propuesta de referendo. Invito a los colombianos a que escuchen y analicen cada uno de los puntos que contiene esta iniciativa, que está abierta a comentarios para robustecerla. El objetivo es y seguirá siendo trabajar por el fortalecimiento de las instituciones, en especial de la justicia que es pilar fundamental del estado de derecho.