Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El plan Distrital de Desarrollo plasmado en el proyecto de acuerdo 011 de 2020 que se tramita en la Comisión del Plan y Tierras para la vigencia 2020-2023, está orientado fundamentalmente a impulsar y financiar la nueva forma organizativa y territorial de la ciudad de Cali, y no a promover un desarrollo integral económico y social acorde con las necesidades e intereses de la población caleña y la nueva situación que se presenta.
El estudio y aprobación del Plan tiene lugar en medio de las dificultades generadas por la crisis económica y sanitaria que afronta el mundo capitalista globalizado y por supuesto Colombia y desde luego la ciudad de Cali convertida en Distrito Especial Empresarial, Deportivo, Cultural, Turístico y de Servicios.
Esta circunstancia demanda de la Corporación edilicia un examen minucioso de las implicaciones económicas y sociales que para la ciudad y sus habitantes tendrá su aprobación en medio de la presencia y expansión de la pandemia del COVID-19 que en este caso rebasa los estudios y los datos estadísticos que contiene el proyecto de acuerdo en estudio, especialmente relacionados con los proyectos y programas que buscan implementar la Cali Distrital, basada en la economía de los servicios que ha caracterizado a la ciudad de tiempo atrás; aspectos estos que a nuestro juicio no pueden considerarse de manera superficial dada la importancia que revisten en la actualidad en una economía que ha decrecido sustancialmente, agravada con la crisis que hará que pase mucho tiempo, antes de lograr su recuperación. En este sentido el Concejo Municipal tendrá que examinar la viabilidad económica y financiera de esta economía de los servicios además de todos aquellos aspectos relacionados con las obras que conllevan la extensión de un conjunto de servicios como por ejemplo el turismo, el transporte masivo, etc. Esta circunstancia le exige a los concejales atender las recomendaciones de la OMS y de la comunidad científica sobre la permanencia del COVID-19 y su capacidad de contagio que conlleva dicha enfermedad que se expande mediante el contacto directo con las personas, desatando de esta manera nuevos rebrotes de la pandemia.
Por otra parte está claro que con la presencia y expansión del coronavirus, la economía de los servicios que caracteriza a la ciudad de Cali tendrá que transformarse atendiendo las nuevas condiciones económicas y sanitarias. Así mismo, los procesos urbanísticos y la construcción de grandes complejos residenciales, turísticos, deportivos, culturales, etc., tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias que privilegien ante todo la vida y la salud de los caleños, su seguridad en estas materias, incluso para aquellas personas que tradicionalmente viven hacinadas en pequeños y lujosos apartamentos en viviendas con espacios reducidos o en los tugurios que bordean los límites de la ciudad.
Esta realidad que ha quedado al “desnudo” con la pandemia del COVID-19 al igual que el cambio climático, exige de un cambio en la concepción que se tiene del Plan de Desarrollo Económico y Social, la cual y de manera equivocada, se identifica en buena parte con las tendencias urbanísticas que lideran grandes urbanizadores, propietarios de tierras y comerciantes de propiedad raíz que obtienen pingues ganancias con el negocio de la construcción, que asociados con los gobiernos impulsan políticas encaminadas a estimular la compra y venta de viviendas, la construcción de centros comerciales y residenciales, deportivos y culturales, etc., trayendo consigo un crecimiento desbordado de la población de las ciudades, a lo cual debe sumarse la población desplazada y marginada por la violencia y las promesas del asistencialismo mendicante y de la oferta de trabajo barato, particularmente en el sector de la construcción.
Dicho Plan ha sido diseñado con base en un conjunto de pronósticos que no garantizan su cumplimiento en la medida en que los proyectos y programas están sujetos a una serie de variables que en muchos casos le imprimen un carácter formal a los Planes de Desarrollo.
Debido al carácter indicativo del Plan este no obliga al sector privado que puede acompañar o no, uno u otro proyecto o programa acorde con sus propios intereses, de todo lo cual existen en el inmediato pasado “amargas experiencias” derivadas de los denominados “contratos sastres”, sobrecostos y corrupción que se cubren con los impuestos que pagan los caleños.
Los múltiples proyectos y programas del Plan responden más, a determinados grupos de interés que a la solución de los problemas de la comunidad caleña que hoy se debate en medio de las improvisaciones y de la anarquía del desarrollo urbanístico, que se refleja en la forma como se “planifican” los servicios públicos, el transporte masivo, los procesos urbanísticos, la seguridad, el espacio público, el empleo, etc.
Y de ahí la necesidad de que los concejales se tomen el trabajo de revisar a fondo todos y cada uno de los aspectos consignados en el Plan partiendo de la realidad que se vive en la ciudad, en el Departamento y en la Nación y de las circunstancias de que este proyecto de Plan de Desarrollo no fue discutido ampliamente en las instancias respectivas y con la participación de los ciudadanos debido a las circunstancias de la cuarentena obligatoria y los formalismos administrativos y tecnológicos que primaron por encima de los derechos de los caleños que hoy continúan confinados en sus residencias.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social