Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La propuesta del gobierno sobre la reforma de la Rama Judicial comprende varias iniciativas entre las cuales se encuentra la creación de un tribunal de aforados que se tramita dentro de la reforma política que cursa actualmente en el Congreso y que estaría facultado para investigar y juzgar a los magistrados de las altas cortes, sin que se elimine el antejuicio político que se debe adelantar en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes encargada de la acusación ante el Senado de la República que podrá declarar indigno al acusado y ordenar el traslado del caso a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia. Algunos sectores de opinión han sugerido que dicho tribunal esté integrado por juristas, académicos, congresistas, etc., en la idea de que por este camino se garantice su independencia e imparcialidad.
Por otra parte, en el proyecto se propone eliminar las funciones electorales de dichas cortes en lo atinente a la elección de Fiscal y presentación de candidatos a la Procuraduría General de la Nación y Contraloría de la República con el fin de conjurar supuestamente la politización de la justicia, función esta que de acuerdo con el proyecto se trasladaría a los presidentes de las altas Cortes exclusivamente en relación con la elección del Fiscal, Contralor y Registrador Nacional del estado civil, lo que constituye un remedo de cambio para que todo siga igual, medida esta que según el ministro de justicia Enrique Gil Botero debería extenderse a los tribunales departamentales.
Así mismo se plantea la necesidad de mejorar la eficiencia de la justicia en todas sus ramas siendo indispensable aplicar nuevamente el mecanismo de la descongestión judicial que implica la creación provisional de nuevos despachos judiciales, que conjuntamente con la modificación de los códigos y procedimientos, poco o nada han contribuido con dicho propósito.
En ese sentido la idea de contar con una pronta y cumplida justicia no deja de ser más que una ilusión que difícilmente se podrá superar en tanto la demanda de justicia efectiva rebasa cada vez mas su oferta por parte del Estado respecto de un servicio vital para la sociedad.
Igualmente se considera que es menester introducir ciertos cambios en el estudio del Derecho para mejorar la calidad de su enseñanza, con lo cual se aspira a formar un nuevo tipo de profesional del Derecho que como dice el ministro del ramo tenga “mucha fibra moral, mucha sensibilidad, con ética y valores”. Propuestas estas que para el caso terminan siendo mediatizadas por los principios del lucro y la obtención de máximas ganancias que conducen al individualismo percibido como un fin en sí mismo, cuyo ejercicio demanda de ciertos medios para su cumplimiento y que hoy caracterizan en gran medida a los profesionales del Derecho que como litigantes, jueces, magistrados, legisladores, etc., consiguen que prime el interés individual sobre el social.
Aunque en el proyecto de reforma a la Justicia no se hace alusión directa a la forma de elegir a los magistrados de las altas Cortes, no por ello deja de ser improbable que se imponga la tesis de la cooptación o de esta y la meritocracia, mediante las cuales se mantendría el viejo y antidemocrático mecanismo de elección, que excluye la posibilidad de que la comunidad participe directamente o a través de sus organizaciones con dicha elección, lo cual permitiría que la administración de Justicia se acercara a los ciudadanos tal como sucede con la escogencia de sus legisladores y gobernantes en desarrollo del principio de la soberanía popular.
La recuperación de la rama judicial de la crisis en que se encuentra demanda de una gran reforma estructural de carácter integral inspirada en la necesidad de democratizar su funcionamiento y operatividad, para lo cual será necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa encargada de cumplir con dicho cometido enmarcado dentro de los principios de la legalidad, la independencia y autonomía de sus jueces y magistrados, la inminencia y responsabilidad de sus providencias y la vocación de servicio que exige el ejercicio profesional del Derecho en todas y cada una de sus ramas, formas y expresiones jurídicas.
Hasta ahora lo que tenemos los colombianos que han perdido su confianza en las instituciones judiciales, es una justicia politizada en muchos casos al servicio de intereses particulares y menoscabada por la corrupción que permea sus mas altas instancias y sin que tenga la menor intención de autocriticarse por su mal desempeño, en tanto que no está dispuesta a renunciar a sus canonjías y privilegios a imagen y semejanza de lo que sucede con las otras ramas del poder público integradas por gentes que no representan ni defienden mas que sus intereses particulares disfrazado de interés general.
Las iniciativas que contiene el proyecto de reforma judicial acordado entre el gobierno y las altas Cortes no constituye mas que un paliativo para afrontar la crisis que no podrá resolverse tratando de apaciguar los ánimos de los ciudadanos que todos los días protestan y se quejan ante la falta de una verdadera, pronta y cumplida justicia al servicio de todos los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social