Por Carlos Enrique Botero Restrepo
Arquitecto Universidad del Valle; Master en Arquitectura y Diseño Urbano, Washington University in St: Louis.
Profesor Maestro Universitario, Universidad del Valle. Ex Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle (de2012 a 2015) y Director del CITCE (Centro de investigaciones Territorio Construcción Espacio) de 2006 a 2010.
Aparentemente tiene razón el concejal Olaya al pedir que se examine la conveniencia de que el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) se adopte por decreto y no necesariamente por acuerdo municipal.
que esta clase de instrumentos, que aquí se asumen bajo la figura de planes maestros, no tengan que ser sometidos a un proceso de revisión exhaustivo por parte del cuerpo administrativo local
Es elemental desde el punto de vista técnico del planeamiento urbano que esta clase de instrumentos, que aquí se asumen bajo la figura de planes maestros, no tengan que ser sometidos a un proceso de revisión exhaustivo por parte del cuerpo administrativo local. En términos generales al Plan de Ordenamento Territorial le corresponde asignar a las unidades técnicas y administrativas (Planeación Municipal en el centro y a la cabeza) la elaboración de aquellos planes y proyectos sectoriales que lo instrumentan.
Pero ha saltado el mico. El POT de Cali, Acuerdo 373 de 2014, recogió de la primera versión de 2000 (Acuerdo 069) la perversa condición de que el Concejo Municipal habrá de revisar y aprobar mediante Acuerdo, todos los planes y proyectos que se definan como necesarios para instrumentar el desarrollo territorial del municipio. Nadie se enteró de este exabrupto que correspondía a la inveterada actitud de repetir aquello que ya está y no se entiende, pero que permite mantener la privilegiado poder del veto y la manipulación.
Pedir a cada uno de los concejales que discutan cada uno de los puntos del PIMU, como condición para convalidarlo, variarlo o acomodarlo, no tiene presentación pues antepone a la justeza y conveniencia social, técnica y cultural del plan, el filtro de la política. Sin descalificar la representatividad legal de los actuales miembros del órgano legislativo, no se puede esperar que sean expertos en urbanismo y planeamiento –eso no es requisito para ser elegidos- ni que el resultado de sus debates sea un ejemplo de ejercicio técnico, confiable y pertinente. En tal razón, primará más el interés político que cada concejal representa –gremios, empresas privadas, agentes inmobiliarios, gamonales políticos- antes que cualquier criterio técnico que responda al análisis de los problemas –en este caso el de la movilidad- y que proponga alternativas sostenibles que consultan las más avanzadas opciones implementadas a nivel mundial.
sometido a una expurgación tan drástica que lo desfigure y lo deje reducido a un simple reglamento de circulación y tránsito
El resultado de este entuerto, si se mantiene el criterio de consultar y aprobar en el Concejo Municipal el PIMU, es que éste podrá quedar congelado y engavetado o sometido a una expurgación tan drástica que lo desfigure y lo deje reducido a un simple reglamento de circulación y tránsito. O lo mandarán para otros períodos legislativos más adelante, cuando el caos de la ciudad supere cualquier posibilidad de reconstrucción urbana.
Bajo una narrativa futura, que describa este tipo de avatares, la historia de la transformación urbana de Cali –que no necesariamente significaría desarrollo urbano- parecerá un cuento de inocentes personajes a quienes se les confió cuidar un tesoro y lo dilapidaron para mantener las condiciones actuales como garantía de que sus patrocinadores seguirán usufructuando las ventajas que le ofrece el desorden actual.
El panorama no será diferente para los otros planes de vivienda, de espacio público y de equipamientos colectivos que harán cola hasta el fin del carnaval.