Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La decisión del juzgado noveno Administrativo de oralidad del Circuito de Cali, de suspender las licencias de construcción de edificios de apartamentos que superen la altura de dos pisos en un área de 4 kilómetros a la redonda de la pista en la zona de la Base Aérea por contravenir normas nacionales y la Constitución Política, ha suscitado en el medio de los constructores, urbanizadores y negociantes de propiedad raíz, toda clase de reclamos en contra de dicha decisión, a la cual se suma Planeación Municipal que ha elevado su voz de protesta y ha hecho saber a través de los medios de comunicación que apelará la medida restrictiva de carácter cautelar en favor de la Fuerza Aérea.
Algunos sectores económicos vinculados con el negocio de la construcción en la zona han comenzado a ejercer presiones indebidas en contra de la rama judicial (tribunal Contencioso Administrativo del Valle) que debe resolver la apelación, alegando que las constructoras han invertido 1.6 billones de pesos de su capital, además de las ganancias que dejarán de percibir por la construcción de unas 12.000 unidades, circunstancia esta que los obligará a exigir del municipio de Cali el pago de la inversión y el resarcimiento de los perjuicios “causados” para el caso de que la justicia administrativa profiera un fallo definitivo en su contra.
En todo esto tienen gran responsabilidad el anterior alcalde y varios concejales que aprobaron el POT en el año 2014 permitiendo la construcción de urbanizaciones que como en los alrededores de la Base Aérea no podían desarrollarse en los términos solicitados por sus constructores en razón de la existencia de varias normas nacionales que prohíben las edificaciones en alturas superiores a las establecidas en dichas normas.
En este caso el Concejo Municipal ni el alcalde de la época pueden invocar el desconocimiento de las normas nacionales, por cuanto la ley se presume conocida por todos y nadie puede alegar en su favor su desconocimiento especialmente en cabeza de los funcionarios públicos obligados a actuar en el marco de la Constitución y de la ley.
De todas maneras no se puede aceptar que los costos de la corrupción se trasladen a los ciudadanos, lo cual debe ser objeto de un examen riguroso y de la sanción respectiva a los responsables de este despropósito en que aparecen comprometidos varios integrantes de la vida política, empresarial y económica de la ciudad.
Habrá que decir que muchas fueron las denuncias que se hicieron al respecto ante las autoridades del ramo y a través de los medios de comunicación entre otros caliescribe.com, en momentos en que era aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2014 en el Concejo de Cali, sin atender las observaciones que se hicieron desde la tribuna de participación ciudadana.
Después de varios años de vigencia del POT se repite la historia en el Sur y en la zona de la vía Cali Jamundí en donde se construyen innumerables complejos urbanísticos y de servicios carentes en muchos casos de los servicios públicos o de su disponibilidad para atender las necesidades de sus habitantes, mientras tanto se incrementan los problemas de movilidad y seguridad que agobian a la inmensa mayoría de sus habitantes.
Los caleños tienen el derecho a exigir que se cambie la visión que se tiene de progreso de la ciudad de Cali que durante 30 años han impuesto los urbanizadores y empresarios de la construcción direccionando de esta manera las políticas municipales en materia de desarrollo urbanístico en favor de sus propios intereses particulares, al tiempo que se trasladan los costos de la improvisación y del desorden urbanístico al pueblo caleño a través del incremento de los impuestos que son utilizados por las administraciones para acometer toda clase de obras que no responden al interés general mientras la ciudad no cuenta con las suficientes escuelas, centros de salud, ni transporte público, vías y andenes adecuados a las necesidades de sus usuarios, a todo lo cual se suma su deterioro general matizado con las voces de un alcalde que anuncia ante los medios que apelará el fallo proferido por la justicia administrativa, el cual debe confirmarse para bien de la ciudad y de los caleños con todo y las manipulaciones de algunos sectores políticos, empresariales y funcionarios públicos que disfrazan la defensa del interés privado invocando el interés general.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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