Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El presidente Duque presentará próximamente a consideración del Congreso de la República y acorde con su Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto de ley para convalidar los acuerdos con las EPS e IPS privadas y públicas, en torno a la deuda que hoy pesa sobre el sistema de salud y que asciende a la suma de 7 billones de pesos.
Se trata según se dice por parte del gobierno, de ponerle “punto final a una deuda pública histórica”, que ha crecido exponencialmente con cargo a la prestación de los servicios y tecnologías que en materia de salud han prestado las IPS (clínicas, hospitales, etc.), deuda esta que se encuentra por fuera del plan de beneficios en salud (antes NO POS), que no era cubierta con los recursos que el Estado le entregaba a las EPS por cada afiliado (beneficios por unidad de pago por capitación UPC) y que por lo demás fueron utilizados para fines diferentes a los relacionados con la prestación de los servicios de salud, tal como quedó demostrado con los casos de SALUDCOOP y CAFESALUD.
En la actualidad las EPS les adeudan a las IPS ingentes sumas de dinero por concepto de la financiación de múltiples servicios, lo que ha conducido incluso a que se nieguen en la práctica la prestación de los servicios a los usuarios de salud, poniendo en grave riesgo la vida de miles de usuarios y beneficiarios de dicho sistema.
No sobra agregar que algunas EPS tienen sus IPS a través de las cuales recaudan jugosas ganancias que invierten en otros negocios o afines a la salud relacionados con la compra y venta de medicamentos, cuyo costo siempre se encuentra por encima del valor real en el mercado.
Ahora bien, con la suscripción de los acuerdos entre el gobierno y las EPS, aquel considera “que de una vez por todas” se podrán definir los montos a pagar por concepto de la deuda durante esta primera fase de su realización, circunstancia esta que no está lejos de repetirse en medio de la competencia entre las aseguradoras y las prestadoras de los servicios que hoy se han apoderado del mercado de la salud.
El hecho real es que el Estado con la participación de los particulares ha demostrado no estar en condiciones de garantizar el servicio de salud bajo su dirección, coordinación y control, en tanto que el modelo de la seguridad social consagrado en la Constitución de 1991 y desarrollado con la ley 100 de 1993, inspirado en la ideología y la política neoliberal tendrá que ser modificado sustancialmente para abrirle paso a un nuevo sistema que garantice real y materialmente el acceso a la salud con buena calidad y en igualdad de condiciones para todos los colombianos y no como hasta ahora en que se discrimina a los usuarios en función de que tengan o no pólizas de medicina pre-pagada o plan complementario de salud para lograr una pronta y debida atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, etc., contando para ello con los adelantos de la ciencia y de la tecnología de punta, circunstancia esta de la cual está excluidos la inmensa mayoría de los usuarios que hacen parte del régimen contributivo o subsidiado y que por tanto no cuentan con los recursos disponibles para convertir en realidad la posibilidad efectiva del derecho a la salud.
Así las cosas, mientras el gobierno da su primer paso para salvar a las EPS e IPS de la crisis financiera producto de la violación de las leyes, la corrupción y la destinación indebida de los recursos públicos, los usuarios de los servicios continúan sufriendo las consecuencias de la deficiente prestación de un servicio de mala calidad, de la discriminación y de la determinación en muchos casos de poner en riesgo la vida de los pacientes afiliados al sistema, convertido en un negocio que le genera pingues ganancias a las aseguradoras y prestadoras de los servicios de salud.
Todos los ciudadanos sin distingos de grupos y clases sociales deberán salir al rescate del derecho fundamental a la salud sin el cual no es posible garantizar en el tiempo la existencia social de los colombianos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social