Christian Garcés A
atacando los ingenios azucareros de Vista Hermosa y Barro Colorado del municipio de Caloto en el departamento del Cauca
En días recientes miembros del cabildo indígena de Huasanó recurrieron, como ha sucedido en repetidas ocasiones con otros grupos indígenas, a la violencia y las vías de hecho para “reclamar” la tierra, atacando los ingenios azucareros de Vista Hermosa y Barro Colorado del municipio de Caloto en el departamento del Cauca.
Durante los ataques se violentó la propiedad privada de la tierra, se vulneró el derecho al trabajo de los cañeros –protegido por el artículo 25 de la Constitución-, y hubo tentativa de dañar a la Fuerza Pública. Lo primero se evidenció en la quema de más de 100 hectáreas de cultivos de caña. Lo segundo en la destrucción de dos buses donde se transportaban los trabajadores de los ingenios –como lo denunció el sindicato SINTRAAGROINCOL-, y lo tercero, tras descubrir explosivos en posesión de los indígenas que presuntamente se usarían contra el Ejército.
Todo lo comentado es lamentable, porque el sector azucarero en el Cauca, Valle, del Cauca y Risaralda genera más de 188.000 empleos que benefician a cerca de 1.200.000 familias. Igualmente, a nivel nacional el sector azucarero representa el 0,7% del PIB de Colombia.
Por tanto, preocupa la baja efectividad que el Gobierno Nacional y las gobernaciones del Pacífico han mostrado frente a los ataques indígenas, los cuales, mediante las invasiones de tierra dañan a las empresas generadoras de desarrollo. Es un error atender mediocremente el llamado de los sectores productivos que con tanto esfuerzo han decidido invertir en Colombia pese a las dificultades que ello implica. Mas, cuando detrás de los levantamientos hay presencia de insurgentes, algunos hablan del ELN y otros de disidencias de las FARC.
Cabe señalar, que en Colombia según el censo nacional del DANE 2005, había cerca de 1’378.884 indígenas, equivalentes al 3.28 % del total de la población. Sus comunidades tienen presencia en 27 departamentos y en 228 municipios del país, distribuidos en 710 resguardos titulados que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, es decir, el 29,8 % del territorio colombiano.
Debemos unirnos para exigir al gobierno nacional y la fuerza pública garantizar el orden público, proteger los sectores productivos
Debemos unirnos para exigir al gobierno nacional y la fuerza pública garantizar el orden público, proteger los sectores productivos, evitar a toda costa cualquier tipo de invasión, que se respete la propiedad privada, se judicialice a todos los violentos e invasores, que se restrinja la ampliación de los resguardos indígenas y sobre todo, que exista una clara y generosa política para apoyar la productividad de actividades económicas de indígenas, afrodescendientes, campesinos y empresarios.
@ChriGarces