Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Marlon Marín en nombre de las FARC sostuvo reuniones para vender cupos en la JEP; e ingresar terceros pedidos en extradición en la lista de desmovilizados. Así lo revelaron audios que se encuentran en manos de la Fiscalía. Y que buen negocio; la estatutaria de la JEP impedía la extradición de los miembros de las Farc. Introducía una norma que rompía la idea de que la prueba que practica se circunscriba a la fecha de la ocurrencia de los hechos, pues el artículo admitía la evaluación de la conducta.
Sin embargo, el mejor gol, el cabezazo, era el artículo que prohibía la extradición de terceros. Utilizando el falaz argumento de que la extradición limita la verdad, sostiene que cualquiera –que no es de las Farc, ni de las FFAA, ni agente del Estado- que se someta a la JEP y estuviera brindando verdad no podrá ser extraditado. Sí. No importaba que los paramilitares extraditados hayan participado en más de 3 mil audiencias con la justicia colombiana. No importaba que un tercero solicitado en extradición no fuera más que un mafioso. No importaba qué tipo de verdad. Tampoco la época de los delitos que cometió, podían ser incluso posteriores a la firma de los acuerdos.
En otras palabras, cualquier narcotraficante en Colombia, hubiera podido ir a decir a la JEP que él quería contribuir con la verdad, y esto anulaba la posibilidad de su extradición. Los goles que han hecho los mafiosos en el pasado no se pueden repetir. Pablo Escobar con sobornos logró prohibir la extradición con el famoso artículo 35 de la constitución de 1991.
La otra jugada maestra que nos traían era que la plata de las Farc no sería exclusivamente para las víctimas, por lo tanto las Farc habrían podido utilizarla para hacer política o para repartirla entre sus desmovilizados. Hubiera sido eso un burdo lavado de activos; la plata del secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión legalizada para que sus responsables la conservaran.
He insistido que las objeciones no se referían a asuntos de fondo del acuerdo de la Habana. Estaba en juego la dignidad de las instituciones colombianas que no pueden ser permeadas por delincuentes. La lucha contra el narcotráfico de nuestros anteriores gobernantes no puede quedar en vano. Recordemos a Luis Carlos Galán y tantos otros patriotas, entre ellos más de 46.000 policías que perdieron la vida en esa lucha.
Los delincuentes ya se están colando en la JEP. En la justicia de Estados Unidos hay casos abiertos sobre abogados que coadyuvan a los narcos presos en La Picota para entrar en los listados. El embajador estadounidense Kevin Whitaker reveló que ofrecen hasta 5 millones de dólares por entrar.
El Alto Comisionado para la Paz es actualmente el responsable de verificar los listados de los desmovilizados. La ley estatutaria le quitaba esa responsabilidad, a pesar de que es el funcionario que tiene todo el historial y el acceso a inteligencia. En las dos últimas semanas ha identificado seis narcotraficantes dentro de las listas. Al día de hoy ha sacado a 43 colados.
Estos goles fueron tapados.
Las objeciones, como lo ha explicado la jurisprudencia, supone la repetición del segundo debate. Así las cosas, sometida la negativa a las objeciones y la aprobación de los artículos a la plenaria no obtuvo la mayoría para que los artículos pudieran ser aprobados. No tuvieron mayoría absoluta.
Debemos recordar que la mayoría absoluta se predica de la mayoría de los miembros del congreso, y no se afecta por impedimentos. Es decir, requería 55 votos que es la mayoría de 108 senadores.
Así las cosas, no se aprobaron las objeciones ni los artículos con las modificaciones sugeridas por el gobierno, pero tampoco los artículos que existían. El efecto es que se hundieron las objeciones y se hundieron también los 6 artículos que fueron objetados.
Colombia ganó.