“Mentirosos”, “enemigos de la paz”, “buitres de la guerra”, fueron algunas de las etiquetas que utilizaron desde el oficialismo para referirse a quienes señalábamos los riesgos derivados del acuerdo de La Habana.
De hecho, en un debate, Óscar Iván Zuluaga le preguntó directamente a Juan Manuel Santos si Timochenko tendría la posibilidad de ir al Congreso y la respuesta del presidente fue insistente: “mentiras, mentiras, no le diga mentiras al país”.
Ya sabemos al final quién fue el que le dijo mentiras al país. La promesa que “no habría impunidad” y que las Farc tendrían que pagar sus crímenes antes de hacer política fue escrita en la misma “placa de mármol” en que Santos escribió que no subiría los impuestos.
Los riesgos que advertimos los del NO han venido cumpliéndose: un Estado incapaz de garantizar el cumplimiento de compromisos exagerados, unas Farc envalentonadas que entran y salen a su antojo de las zonas veredales o que se pavonean por el Congreso sin haber mostrado ningún asomo ni de verdad ni de justicia ni reparación.
Por estos días Douglas Farah, consultor de seguridad nacional de Estados afirmó que las Farc lograron sacar millones de dólares fruto del narcotráfico y la economía ilegal a La Habana por medio de las valijas diplomáticas a las que tenían acceso, como beneficio de la negociación. Si esto se suma al antecedente del aumento exponencial de cultivos de coca en Colombia, lo que tenemos es una verdadera bomba de tiempo que corre en contra de nuestra democracia: la campaña de las Farc para poner un presidente contará con todos los recursos del narcotráfico, de la extorsión, la minería ilegal y del secuestro. Muy costosa nos saldrá a los colombianos esa campaña.
Querer la paz y trabajar por ella es un anhelo de todos y cada uno de los colombianos. Eso es algo que nadie ha puesto en duda. Sin embargo, la justicia y el fortalecimiento institucional son partes indivisibles de una misma ecuación. Bajo ningún criterio puede confundirse la paz con aceptar que los victimarios se burlen de las víctimas o que tengamos que aceptar el crecimiento exponencial del narcotráfico como un “efecto colateral” de un proceso de negociación. Mucho menos, sentarnos expectantes mientras vemos cómo destruyen día a día la ya maltrecha democracia colombiana.
Por más que intenten decirnos que los textos de los acuerdos son inmodificables, seguiremos señalando los errores que se cometieron y, sobre todo, haciendo lo posible porque esos riesgos no se materialicen y causen daños incalculables. Aunque algunos pretendan mostrar a las Farc como “neo pacifistas conversos”, ya sabemos que su objetivo nunca ha sido la paz sino el poder; peor aun utilizando las gabelas que les dio el Estado para cumplir su cometido.
Un criminal como Timochenko, con condenas que suman más de 448 años –muchas de ellas por crímenes de lesa humanidad-, con todo el poder económico del narcotráfico y militar de las armas escondidas aún en sus caletas, NO puede ser candidato presidencial. Tan solo pensarlo es una burla a las miles de familias que aún lloran a sus víctimas. Mientras no haya justicia, la paz solo será una simple palabra.