Por Carlos Enrique Botero Restrepo
Arquitecto Universidad del Valle; Master en Arquitectura y Diseño Urbano, Washington University in St: Louis.
Profesor Maestro Universitario, Universidad del Valle. Ex Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle (de2012 a 2015) y Director del CITCE (Centro de investigaciones Territorio Construcción Espacio) de 2006 a 2010.
Un precandidato a alcalde de Jamundí, el nuevo sur de Cali para los especuladores inmobiliarios de grandes planes, pide solidaridad a sus conciudadanos para que apoyen con su firma su inscripción como candidato independiente. Hasta aquí todo bien, todo normal.
En un pasacalles en los alrededores del estadio ofrece, promete, que implementará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), brillante idea que a ningún pre o candidato se le había ocurrido al menos en las campañas de los cuatro anteriores alcaldes. Tal oferta, sin embargo, plantea una enorme duda sobre su conocimiento acerca de lo que es un POT y en consecuencia sobre su idoneidad para ejercer el cargo.
Lo primero que hay que aclarar es que hasta el momento está vigente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, aprobado en 2002 por Acuerdo del Concejo Municipal, que es una especie de versión chiquita de un POT por tratarse, al momento de aprobación de la Ley 388 de 1997, de un municipio con menos de cien mil habitantes. Hoy, por cuenta de la urbanización puntual, acelerada, desordenada, caótica y peligrosa, representada por los múltiples proyectos de vivienda para todos los estratos sociales de caleños que buscan casa más barata con menores costos cotidianos, se supone que el municipio ha desbordado el tope de los cien mil habitantes y debe, en virtud de la misma ley, abordar el tema de definición de un POT. Con un censo nacional inconcluso y dudoso no se sabe cuánto es el número de habitantes reales de Jamundí, aunque casi todos los interesados en el tema asumen que efectivamente se tienen cien mil un habitantes. Incluido el precandidato de marras.
Asumiendo que los eventuales votantes y firmantes por el precandidato entiendan que tener un POT e implementarlo es importante, no puede ser posible que por ello se decidan a votar por él; ni siquiera a firmar su preinscripción. Nadie sabe en realidad qué diablos es un POT ni en qué beneficiará su vida el que se tenga un plan de tales características para su municipio. A lo mucho entienden que contiene una especie de reglamentación acerca de lo que se puede construir y de lo que no se puede construir. Todo lo cual, al final, se mandará al carajo cuando cada cual trate de resolver su problema de acomodo en la ciudad.
¿Sabe el candidato en qué consiste un POT y cómo se llega a estructurarlo cuando la ley lo permita y lo exija? Necesita de tal cantidad de estudios parciales, pero fundamentales, para poder darle bases consistentes a ese instrumento guía del manejo territorial. Se vería a gatas sólo en contratar estudios sectoriales, por no tener el municipio una estructura profesional que asuma tal tarea. Recurrirá, casi seguro, a contratar con una firma consultora y costosísima que le recomiende algún amigo o patrocinador eventual de su campaña, o a contactar a un grupo de jóvenes profesionales que en equipo transdisciplinar estructuren un plan honestamente orientado. O, lo que es frecuente, a unos amiguitos que andan de municipio en municipio vendiendo versiones amañadas copiando lo mismo con cambios trucados de textos que clasifican dentro del “copie y pegue”.
No hay caso. No se gana más de un voto con esa oferta. La firma es gratis.