*Guillermo Ulloa T.
Con el fin de desenredar el nudo gordiano en que se ha convertido la culminación del paquete de obras decretadas por la Administración Municipal se analiza en el concejo la autorización de extender y comprometer vigencias futuras excepcionales para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Este es, y seguramente será, el proyecto de acuerdo más importante de la administración Guerrero y el actual cabildo caleño.
Al hecho que a las obras decretadas por contribución general de valorización se presenten desfases en su ejecución presupuestal, sobrecostos, reclamaciones y morosidad en el recaudo se suma la necesidad de cerrar financieramente el proyecto presentado que compromete recursos adicionales aproximados de más de $1 billón. Sin embargo al analizar la sustentación y conveniencia del proyecto se percibe la falta de estudios técnicos que fundamenten con profundidad el beneficio general a la ciudadanía.
No fue presentado el estudio de impacto socio económico que demuestre, con certeza, la verdadera capacidad de pago de la ciudadanía, la cual, adicionalmente, será gravada a partir del próximo año, con la actualización catastral. Error igualmente cometido en la pasada aprobación del paquete de las 21 Megaobras decretadas y en proceso de recaudo. Las cifras del comportamiento de la morosidad de la cartera arrojan que un 31.5%, equivalente a más de 271,000 predios presentan retraso en el pago y suman aproximadamente $ 190 mil millones. Por lo tanto la conducta concluyente concuerda con el hecho del empobrecimiento de la población, lo cual debía corresponder a un juicioso análisis producto de un estudio de impacto socio económico actualizado.
A los actuales contratistas se les debe una cifra aproximada a $240 mil millones, equivalente al 80% de la cartera morosa, sin contar las reclamaciones que han presentado por costos no atribuibles a su responsabilidad. EMCALI aun no ha definido sí el valor correspondiente a sufragar costos de reposición de redes, de las primeras obras, calculado en $68 mil millones será cancelado en la presente vigencia fiscal. Suponiendo que se recaude la totalidad de la cartera morosa y el valor adeudado por EMCALI se podría saldar la deuda pendiente y la administración podría dedicarse a concluir el segundo paquete de obras.
Desafortunadamente, el error cometido en el primer paquete de obras, en no contar con diseños definitivos de las obras, con lo cual difícilmente puede estimarse el presupuesto requerido, se vuelve a cometer, al no presentar los estudios y análisis presupuestales. Igualmente no fue presentado en la sustentación del proyecto un estudio actualizado de movilidad, que permita concluir la prioridad de las obras, el impacto y complemento con obras tanto del sistema de transporte masivo de la ciudad, como ciclovías y corredores peatonales, que corresponde a la movilidad del 70% de la población. Tampoco fue presentado el análisis, conveniencia y sustento presupuestal, por parte de EMCALI para acometer las obras de reposición de redes en los sitios de impacto del paquete de obras.
Sí a estas consideraciones se agregan obras inicialmente decretadas por valorización general que se pretenden financiar con recursos del gobierno nacional, sin contar con su aprobación definitiva, se aumentaría el desfase presupuestal requerido para completar el paquete de obras.
Sin entrar al análisis jurídico de las contingencias que pueden derivarse de los fallos judiciales en proceso de su definición, ni las presunciones de ilegalidad e inconveniencias del actual proyecto de acuerdo, como ciudadano debo admirar la postura de los concejales Michel Maya, John Jairo Hoyos, Roy Barreras, Patricia Molina y Juan Carlos Olaya . Como voces solitarias presentaron con profundidad y juicioso análisis las inconveniencias del proyecto de acuerdo como fue presentado por la administración municipal y que he comentado en el presente escrito.
En el legitimo derecho democrático de ser representantes de la población estos concejales demostraron nuevos bríos, análisis inteligentes y se atrevieron a cuestionar con carácter y preparación, debates que la ciudad requiere sean abiertos, transparentes y de conveniencia ciudadana.