Por Luz Betty Jimenez de Borrero/Pablo A. Borrero
Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social
Una democracia real y auténtica debe garantizar la posibilidad real e igual a todas las personas para participar en los asuntos de interés general. Sin embargo en Colombia y especialmente en Cali los funcionarios, gobernantes y autoridades no cumplen el precepto constitucional consagrado en su artículo primero de que Colombia es una República democrática y participativa y por ello no solo es que no promueven la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida social, sino que se obstaculizan los espacios formales en los que por mandato legal debe convocarse, escucharse y valorarse lo expresado por los ciudadanos, como en los casos de dar a conocer nuestras propuestas, solicitudes para que sean tenidas en cuenta, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los funcionarios, todo ello en ejercicio de la democracia participativa y pluralista. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia de Constitucionalidad al referirse a la democracia participativa expresó: “es un elemento de importancia estructural para el ordenamiento constitucional colombiano; tanto así que, de conformidad con el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta, es uno de los principios fundantes del Estado y, simultáneamente, uno de los fines esenciales hacia los cuales se debe orientar su actividad” (Sentencia C-169/01).
El derecho de expresión ligado al derecho de participación ciudadana es fundamental para la consolidación de la democracia real, en la medida en que se proponen cambios y se lucha contra las injusticias. Siendo amenazado tanto por los gobernantes como por particulares que siempre imponen su visión de lo público y de las políticas que aplican, teniendo dichas decisiones un carácter autoritario y contrario al interés general.
Muchos son las situaciones en las que estos derechos son vulnerados a los caleños como en el POT, las Megaobras, STM, EMCALI, G-11, etc., asuntos todos de interés general en tanto afectan la ciudad y a sus habitantes, no permitiendo la discusión amplia con análisis críticos que lejos de entorpecer la gestión de un gobernante contribuyen al fortalecimiento de los principios y fines fundantes del Estado Social de Derecho.
En el caso de las Megaobras, del POT, de EMCALI, los medios de comunicación continuamente hablan de dichos temas más como noticia por las denuncias y reparos formulados, aunque difícilmente permiten análisis amplios y opiniones contrarias a las del gobernante viendo en ello una actitud negativa de los caleños.
Usualmente las noticias sobre las Megaobras se limitan a ponderar la necesidad de las mismas con el falso argumento de “modernizar la ciudad que se ve bonita con los puentes, parques, etc.”, como si el asunto fuera meramente de estética urbana. A nadie parece preocuparle la forma en que se financiarán las Megaobras faltantes correspondientes a la denominada fase 2 y que según manifestaciones del Secretario de Infraestructura vial y valorización tienen un costo que sumado al de las obras de la primera fase es de aproximadamente un billón seiscientos mil millones de pesos en tanto que el costo de la totalidad consignado en el acuerdo del concejo en el año 2008 era de 860 mil millones. Semejante desfase en el costo final a la mayoría de medios de comunicación no les parece grave y el Ingeniero Meléndez con una sonrisa a flor de labios les informa de la manera más natural a los caleños que el costo aumentó pero que “no se les cobrara y por tanto no deben preocuparse”, sin decirles que dicho dinero sale del bolsillo de los caleños a través del Impuesto Predial, del Impuesto de Industria y Comercio, de la sobretasa a la gasolina, que hacen parte de los recursos propios del municipio y de destinación específica, que deberían aplicarse a ejecutar obras de interés general como reparación de malla vial al interior de los barrios y no exclusivamente por las vías por donde pasa el MIO. Tampoco se informa y explica que las Megaobras fueron un conjunto de obras inconexas, desordenadas, SIN PLANEACION NI ESTUDIOS, habiéndose vendido la idea de que iban a traer movilidad y “progreso” en una ciudad calificada como obsoleta. De haberse realizado y permitido por los gobernantes y los medios de comunicación una evaluación objetiva de las obras ya terminadas se encontraría que no solo no cumplieron con lo prometido si no que el costo final fue muy superior a lo proyectado como el túnel de la avenida Colombia y la plazoleta de la Caleñidad que ni siquiera como espacio público ha servido para propiciar el encuentro de los ciudadanos puesto que no tiene protección para el sol ò lluvia ni asientos para sentarse a conversar o descansar o divisar el panorama habiendo sido privatizado su espacio físico.
En el caso del estudio y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial POT la participación ciudadana se ha limitado a cumplir con una simple formalidad, cuándo debió permitirse y promoverse la participación amplia por todos los sectores sociales de la ciudad en el estudio y análisis de la totalidad del proyecto para desentrañar la esencia del mismo ligada a la visión que tiene la administración central de construir una ciudad de servicios como centro de la Alianza Pacífico, el G-11 y los TLC que en buena parte generarán grandes beneficios a un grupo reducido de la población, en tanto que la mayoría de caleños tendrán que pagar los costos de una ciudad cada vez más costosa, excluyente y distante de los verdaderos intereses y necesidades comunes de los ciudadanos.
Igual sucede con EMCALI, sumida en una profunda crisis derivada de la incapacidad de sus administradores para sacarla avante en medio de la competencia desatada por los monopolios nacionales y extranjeros que en materia de Energía y Telecomunicaciones la han colocado en desigualdad de condiciones para competir en el mercado de los servicios públicos. En este caso nunca se han tenido en cuenta las visiones y propuestas de los ciudadanos ni de sus organizaciones en torno al futuro de la empresa en riesgo de ser privatizada bajo la apariencia de mantener su carácter de empresa pública.
La tolerancia, el respeto por el otro, la garantía a los derechos humanos quedan reducidos a frases en el papel, aunque esta semana los grandes medios de comunicación lanzaron la campaña “POR LA PAZ SOY CAPAZ DE….”.
Por todo ello, aceptamos la invitación formulada por el Ingeniero Ramiro Varela M. para escribir semanalmente una columna en la revista virtual Cali Escribe, respetando y garantizando nuestra autonomía e independencia, en torno a la presentación de opiniones y puntos de vista que nos permitirán a todos contribuir con la construcción de lo colectivo, de lo público, lo social con miras a la restructuración democrática de la ciudad de Cali.
POR LA PAZ SOMOS CAPACES DE contribuir a…la Paz con Justicia Social, a la ampliación y profundización de la Democracia surgida desde los cimientos de la sociedad, desde abajo de la misma, del progreso y bienestar general en igualdad de condiciones para todos los caleños.