Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
En medio de la crisis por la que atraviesa el país se insiste por parte de algunos sectores políticos y sociales en la necesidad de aprobar un conjunto de reformas y contrarreformas a la ya desueta y desvertebrada Constitución Nacional, motivada de alguna manera por la lucha competitiva de los partidos y movimientos políticos que representan a las clases sociales en los órganos del poder del Estado, adscritos al sistema de dominación imperante en la Nación. La imposición de varias reformas y contrarreformas en materia de política económica, electoral, laboral, ambiental, territorial, etc., están dirigidas a afianzar aún más la hegemonía de las clases dirigentes en alianza con el gran capital financiero especulativo que extiende su influencia en amplios sectores de la economía y la política colombiana.
Todas estas reformas anunciadas por el gobierno encontrarán su fundamentación en actos legislativos, leyes y decretos de los órganos del poder deslegitimados por la politiquería y la corrupción imperantes y con los cuales se debilitarán mucho más los principios, valores y derechos promovidos por el Estado Social de Derecho.
En este momento tiene lugar un gran debate sobre el futuro del país asolado con la crisis institucional en la Justicia, la educación, la salud, el orden público entre otros aspectos, que no parecen tener una solución eficaz y adecuada a las necesidades e intereses comunes de los ciudadanos, a todo lo cual se agrega la crisis económica, financiera, cambiaria que se avecina con ocasión de la devaluación del peso, la reducción del precio de los commodities y de la inversión extranjera en que se fundamenta la economía neo-liberal extractiva y especulativa del gobierno Santos, que sin duda alguna afectará las finanzas del Estado en materia de inversión y gasto social.
Por otra parte, con la polarización política entre las fuerzas uribistas y santistas en su disputa por el control del Estado y a propósito de la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, se ha creado un clima propicio para el debate político e ideológico y para presentar propuestas e iniciativas de reforma constitucional de interés para todos los ciudadanos, que aspiran a que se resuelvan los problemas que los aquejan y que hasta la presente han hecho inviable la paz, la participación democrática en caer por supuesto en las prácticas del simple reformismo que propone el gobierno del presidente Santos los asuntos generales del Estado y la sociedad y el bienestar social en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Se trata en consecuencia de aprovechar la coyuntura política para dar a conocer las propuestas e iniciativas de algunos sectores sociales, sin, que no tienen por objeto erradicar las causas que originan los problemas que afronta el pueblo Colombiano.
En esta oportunidad se busca sacar adelante aquellas reformas sustanciales que vayan más allá de las simples referencias sobre la economía agrícola y territorial de manera que abarquen aspectos de interés general tanto para los habitantes del campo como de la ciudad que se encuentran sumidos en la pobreza, el desempleo, la inequidad y la injusticia social. En este sentido las reformas deben contener concesiones en favor de las fuerzas políticas, sociales y regionales y facilitar los caminos hacia la construcción de una nueva sociedad y no paliativos para que a pesar de los cambios todos se mantenga igual.
En tales circunstancias, las reformas lejos de transformarse en un fin en sí mismo, constituyen un subproducto de la lucha social que permite abrir nuevos caminos en procura de convertir en realidad los anhelos del pueblo por una sociedad más justa democrática y equitativa.
De ahí la necesidad de exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, encargada de aprobar una Constitución real, que no solo interprete la voluntad e intereses comunes de los ciudadanos sino que sirva de vehículo para avanzar en la construcción de una nueva sociedad. Para tal efecto proponemos como temas de discusión los siguientes puntos a saber: 1.) Tanto los derechos civiles, individuales y colectivos, como los económicos y sociales deben ser refrendados como derechos fundamentales. 2.) El Estado debe crear los fondos especiales para garantizar materialmente los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. 3.) La democracia tendrá un carácter decisorio y no simplemente participativo a todos los niveles de la administración pública. 4.) Se deberán limitar las funciones en materia económica y política de los órganos ejecutivos en todos los niveles e instancias del poder del Estado. 5.) Los Congresistas, diputados, concejales, el presidente de la República podrán ser revocados por el pueblo y tendrán que rendir cuentas de su gestión durante su mandato. 6.) La educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios en general, dejarán de ser un negocio privado y solo podrán prestarse a través del Estado. 7.) La inversión extranjera y los acuerdos de libre comercio deberán destinarse a promover la industrialización, el empleo digno y estable, la cooperación y ayuda mutua entre los Estados. 8.) Los planes de desarrollo de la Nación y los entes territoriales no podrán ser aprobados en las instancias respectivas sin la participación efectiva de los ciudadanos que por mandato de la Constitución tendrán que ser consultados en aquellos asuntos definidos en las leyes. 9.) La descentralización administrativa solo es posible sobre la base de que la mayor parte de los ingresos recaudados en los municipios y departamentos se utilicen para cubrir sus gastos e inversiones. 10.) No se podrán gravar con impuestos indirectos los bienes y servicios de la canasta familiar, la salud, educación y los servicios públicos domiciliarios. 11.) La Justicia tundra que ser un servicio público gratuito y el pueblo participará en la elección de los jueces a determinado nivel de la administración. 12.) El Congreso recuperará la iniciativa del gasto público de manos del ejecutivo, quien además no podrá endeudar a la nación sin la aprobación de dicha corporación. 13.) La estructura del banco de la República deberá reformarse y tendrá que ocuparse además de las funciones consagradas en la Constitución de aquellas atinentes al desarrollo del pleno empleo y el acceso al crédito con tasas bajas de interés para los pequeños y medianos empresarios y propietarios. 14.) La explotación y manejo por el Estado de los recursos mineros (oro, carbón, níquel, estaño, petróleo, coltan, etc.) no podrán realizarse en detrimento de la soberanía económica ni política de la nación, so pena de incurrir en delitos contra el patrimonio público del Estado y de los colombianos. En ningún caso y circunstancia se justificará la explotación de los recursos naturales que afecten el medio ambiente, la salud y la producción de alimentos para los colombianos. 15.) La ciencia y la tecnología serán promovidas por el Estado y en el presupuesto se destinará un porcentaje suficiente para atender las necesidades del desarrollo industrial del país y de la economía de los servicios. 16.) Las campañas políticas serán financiadas en su totalidad por el Estado en cada uno de los niveles e instancias territoriales. 17.) Deberá hacerse una reestructuración de la fuerza pública acorde con los principios, valores y fines del Estado Social de Derecho y de los procesos de democratización al interior de la misma. 18.) Los ciudadanos tendrán iniciativa para proponer reformas constitucionales con el lleno de los requisitos legales.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.