Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
En otras ocasiones hemos señalado que la corrupción constituye un mal de carácter connatural del sistema capitalista globalizado, del cual no se escapa el país y en donde priman el dinero como valor supremo de la sociedad y el afán desmedido de poder de las clases dirigentes. Dichos principios se desarrollan en medio de una lucha competitiva por el acceso a las posiciones del Estado en donde se reflejan de alguna manera, la lucha económica que se libra entre las fuerzas sociales que aspiran mantener su posición dominante en el mercado a nivel del capitalismo financiero nacional e internacional.
En buena parte las clases y grupos sociales dominantes se valen de toda clase de medios y recursos legales e ilegales, pacíficos y violentos para afianzar su poderío ó conquistar el poder, particularmente cuando la correlación de fuerzas políticas les es adversa ó consideran que pueden estar ad-portas de perder buena parte de su fuerza hegemónica y dictatorial.
En el caso concreto de Colombia una de tantas formas utilizadas en la actualidad relacionada con la corrupción, tiene que ver con la denominada trashumancia electoral y la feria de los avales que otorgan los partidos y movimientos políticos sin mayores consideraciones ideológicas ni programáticas.
Casi siempre el aval se obtiene con base en una negociación entre el candidato y el partido ó movimiento político que lo concede en medio de disputas internas, en donde sale ganancioso el mejor postor. En este caso no interesa sí el candidato a algún cargo de elección popular, representa y defiende los intereses de sus potenciales electores y ciudadanos en general. Así las cosas dicho proceso transcurre mediatizado por la compra y venta de los preciados avales, generándose en la práctica una puja por su consecución y divisiones partidarias al interior de las organizaciones políticas. Una vez elegidos los candidatos avalados se ponen de presente los compromisos adquiridos por estos, los cuales deben pagarse con creces a sus patrocinadores. Por supuesto que también existen candidatos y partidos comprometidos con la defensa del interés general y el de sus electores no obstante que la corrupción se extiende y se manifiesta a través de otras formas, que van desde la compra y venta de votos pasando por la extorsión, el chantaje y la utilización de la violencia y el terror para amedrentar a los electores.
Lo peor de esta tendencia que se desarrolla con cierta periodicidad e intensidad de acuerdo a las circunstancias, es sin duda alguna el temor generalizado de los ciudadanos de denunciar estas formas de corrupción y de violencia con las cuales algunos electores conviven y eligen a sus representantes en las instituciones políticas y jurídicas.
Desde luego que la corrupción electoral no surge desligada del autoritarismo y del clientelismo político alimentados con la “mermelada” que reparte el gobierno de turno, ligada a su vez con el reparto burocrático y la entrega de contratos a los áulicos y patrocinadores de las campañas electorales.
En la medida en que la corrupción electoral irrumpe en la sociedad, los ciudadanos tienen el deber moral y político de denunciarla, al igual que los directores de los partidos y movimientos políticos no comprometidos con hechos de corrupción que generan indignación entre los ciudadanos, al tiempo que deben levantar con fuerza las consignas en favor de la construcción de una nueva moralidad pública, contraria a la vieja y desueta moralidad liberal que practican las clases dirigentes del país.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social