Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Pagar elevados impuestos y la contribución de valorización es uno de los asuntos que mas molestan a los caleños no tanto por negarse a cumplir una de las obligaciones que les imponen la Constitución y la ley sino porque dichos recursos no se invierten en la satisfacción de las verdaderas necesidades de todos los ciudadanos ni en solucionar los problemas que aquejan a la urbe como son entre otros, el mal estado de las vías, falta de mantenimiento de la red de semaforización, inseguridad, recuperación del espacio público, etc. Durante varios quinquenios los recursos de libre destinación del municipio se han destinado en gran parte a pagar al sector financiero los costosos intereses dejando para lo último el pago del capital que representa la deuda pública. A esto se suman los gastos de funcionamiento y generales de la administración, quedando pocos recursos para la inversión social.
La dirigencia política siempre tan “recursiva” a la hora de buscar fuentes de ingresos, encontró en la contribución de valorización un buen mecanismo para financiar todo tipo de obras públicas desde un simple andén, parques, vías, megaproyectos, obligando a los propietarios y poseedores de inmuebles a pagarlas mediante la novedosa figura del “beneficio general”, en tanto que a los terratenientes, urbanizadores y empresas constructoras no se les cobra la plusvalía ordenada en la ley.
Esta semana se ha tenido conocimiento de que el Salsódromo se construirá sobre la calle 26 entre carreras 15 a 25 y su costo en este momento sin estudios ni diseños definitivos es de 250 mil millones de pesos que se financiarán mediante la contribución de valorización en razón a la “plusvalía” que obtendrán los inmuebles gravados. Posiblemente se construirá mediante una alianza público privada pero la contribución de valorización será la forma de financiarla.
El municipio no ha terminado de construir la totalidad de las Megaobras financiadas con la contribución de valorización, cuando las que están concluidas empiezan a presentar graves daños, además de que no fueron la solución a los problemas de movilidad y los caleños no han terminado de pagarlas. En este caso la administración municipal no puede insistir en el cobro de la totalidad de las mismas por no haber cumplido su obligación de ejecutarlas en el tiempo otorgado por el Concejo de la ciudad.
Ante billonaria contratación para el próximo período que traerá mayores impuestos, contribuciones, peajes, sobretasas, etc., ni los aspirantes a la alcaldía ó al concejo se pronuncian sobre estos anuncios limitándose a repetir las frases consuetudinarias de siempre: “luchar contra la corrupción”, “atender el gasto social de los sectores de estratos 1, 2 y 3 mediante subsidios en vivienda, educación, salud, servicios públicos domiciliarios”, etc.; siendo éstas obligaciones Constitucionales y legales que los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados deben cumplir en ejercicio de la función pública, lo que significa que dichas obligaciones no pueden convertirse en programas de gobierno ni en razones publicitarias y mediáticas de campaña.
La forma ligera y superficial de asumir algo tan serio como la política deja ver una vez más que no habrá cambios fundamentales en la dirección, administración, control y vigilancia de la ciudad.
Mientras tanto los caleños continuarán padeciendo las políticas de los gobernantes cuya visión se encuentra enmarcada dentro de la concepción de ciudad de servicios que conlleva al desplazamiento de sus habitantes en virtud de la renovación urbana y el alza de los precios que genera la economía de servicios. En este sentido se advierte que los nuevos mandatarios y representantes de las Corporaciones continuarán desarrollando dicha visión de ciudad con la cual se construirá una nueva urbe que finalmente traerá más desigualdad entre los diversos sectores sociales, alejados de la posibilidad de participar en su renovación urbanística y en los cambios económicos políticos y sociales que requiere la misma.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social