Redacción
El orden público de la Urbanización Potrerogrande (Comuna 21), es una de las áreas más críticas de la ciudad, que nació con graves dificultades sociales, sigue siendo muy delicado porque el Estado no ha podido entrar para superar las deficiencias urbanas de una comunidad asentada, donde conviven por decisión del mismo gobierno, reubicados del Jarillón, familias desplazadas, también desmovilizados de la guerrilla y autodefensas, así como desplazados de otras ciudades del país. El problema es poder brindar la seguridad a sus habitantes con un programa específico de desarrollo social y a quienes quieren tener una vida amable. Esta semana con las 40 casas que fueron saqueadas y el enfrentamiento de pandillas, la gota rebosó la copa de la tranquilidad y por ello se requiere una rápida acción de las autoridades.
Potrerogrande fue una urbanización del extremo oriente de Cali, más de 5.000 unidades del año 2006 como respuesta a los problemas de reubicación de personas asentadas en la parte más sur del jarillón del río Cauca, acción conjunta entre el Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente) y el municipio de Cali, para darle solución de vivienda a través de la normalización de miles de ciudadanos con la reubicación.
Esa tierra pertenecía a un integrante del cartel de Cali, comprada de una manera “ilícita” por el municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Vivienda, investigaciones que fueron sepultadas en el desarrollo de este proceso de reubicación de las personas de asentamientos subnormales. De allí se gestó el problema en donde la heterogeneidad de las familias, las razas con sus culturas, la falta de educación de sus pobladores sumidos en la pobreza y miseria, hicieron de este sector, uno de los más violentos de Cali, que este año ha generado más enfrentamientos en toda la comuna 21, con 90 homicidios.
El problema de Potrero Grande es que allí viven familias desmovilizados de la guerrilla y autodefensas, así como desplazados de otras ciudades del país, hechos que generan alteraciones de orden público inusuales en otras comunas de la ciudad. Son 5.000 viviendas que provenían de zonas de alto riesgo, el Jarillón del río Cauca, las lagunas de Charco Azul y el Pondaje, la Colonia Nariñense, especialmente.
El desempleo, la informalidad, la mezcla de razas, culturas, la procedencia de actividades criminales, la pobreza, miseria, ausencia del Estado, el diseño urbano con una tipología de hacinamiento de viviendas, la proliferación de todo tipo de grupos de pandilleros y elementos delincuenciales hacen del barrio, un polvorín de ciudad. La acción de la Policía ha desarticulado bandas de crimen organizado, con la detención de varios de ellos, pero que siguen surgiendo nuevos grupos por la búsqueda del liderazgo delincuencial, que proporcione dinero y poder. El gobierno nacional con ICBF, Protección Social y el Municipio a través de las Secretarías de Gobierno, Bienestar Social, Educación, Salud y la Personería han trabajado fuertemente buscando mayor protección social a ésta comuna, con ejecución de obras y diferentes programas, sin embargo aún no ha sido suficiente para superar la situación.
El problema social es tan grande que la población vive permanente en choque, precisamente gran parte de ellos están a favor de la ilegalidad, que no aceptan a la Policía, ni a las entidades gubernamentales. Este barrio está vedado en gran parte para las autoridades de la Policía, hecho que no se le ha podido devolver la tranquilidad a la población y la gente ha preferido abandonar sus casas por la incertidumbre y los daños de los pandilleros, que generan violencia con el robo, el atraco y el saqueo de las viviendas con sus televisores, neveras y artículos de hogar, lo que no se ha visto en la ciudad de Santiago de Cali.
El Gobierno Nacional indudablemente debe intervenir con el Municipio de Cali de una forma más decidida y el Alcalde de Cali debe a personarse más del tema por la urgencia de la presencia del Estado en este sector tan violento de la ciudad de Cali.