Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La fijación del salario mínimo que afecta a más de dos millones de trabajadores en todo el país, se ha convertido en un drama económico y social que por lo regular siempre se define en favor de los empresarios, comerciantes y banqueros que conjuntamente con el gobierno cumplen formalmente con el mandato constitucional de reunirse para concertar su incremento anual, no obstante que éste apenas sí constituye un ajuste respecto del IPC y no un verdadero aumento del salario real, que por lo demás se encuentra por debajo del costo de la canasta familiar.
Los partidarios de congelar o disminuir el salario mínimo consideran que con ello se evita la subida de los precios y de la inflación, lo cual a nuestro juicio poco o nada tiene que ver con tales presagios, ya que el incremento del salario solo afecta a los empleadores que ven disminuidas sus ganancias por el aumento relativo de los costos laborales, que posteriormente compensan con el aumento de los precios.
Pero además el Estado no tiene la capacidad de contener las fuerzas espontáneas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de los bienes de consumo al ritmo de las fluctuaciones de la ley de la oferta y la demanda, al tiempo que los monopolios imponen los precios, incluyendo los de la mano de obra, en medio de la competencia y el abuso de la posición dominante en el mercado, tal como viene sucediendo con los carteles del azúcar, medicamentos, pañales, etc., quedando al descubierto la falacia de la estabilidad de precios en favor de los consumidores y de los trabajadores en general y con la cual se pretende en esta ocasión presionar la concertación sobre el valor del incremento salarial.
Otro de los argumentos que se esgrimen en torno al aumento del salario mínimo que según se dice no debe pasar del 6% o 7%, es aquel relacionado con el fenómeno climático del niño, en virtud del cual se ha generado un aumento inusitado de los precios de los alimentos y de las tarifas de los servicios públicos, que con el incremento del salario mínimo más allá de lo propuesto por los empresarios, haría que subieran aún más dichos precios, circunstancia ésta que no es del todo cierta en la medida en que dicho fenómeno natural tiene un carácter temporal y su acción será cada vez más decreciente y limitada.
Ahora bien, el riesgo que se puede presentar según se dice por parte de algunos analistas del establecimiento, es que con una tasa de crecimiento cercana al 3.2% y de inflación del 6%, un incremento del salario mínimo calculado por las centrales obreras del 10% al 12% generará una espiral inflacionaria que elevará mucho más los precios de los bienes y servicios, aumentándose el desempleo con el despido de cientos de trabajadores.
De paso conviene aclarar que la causa real del desempleo no hay que buscarla simplemente en la insuficiente demanda de bienes y servicios, sino en el hecho de que los trabajadores y consumidores no pueden adquirirlos debido a la decreciente pérdida del valor del salario, que conlleva en la práctica a una baja de la producción y por consiguiente a una disminución de la actividad laboral que a su vez trae consigo un mayor desempleo, que se agrava en las épocas de desaceleración de la economía, el crecimiento de la demanda de trabajo barato, el aumento de los impuestos, tasas y contribuciones al trabajo, el desbordamiento de la inflación, la devaluación de la moneda y la implementación de nuevas tecnologías, con las cuales se sustituye el trabajo masivo no calificado de innumerables trabajadores; circunstancias estas que vienen aparejadas con las políticas públicas de corte neoliberal que se expresan a través de los tratados de libre comercio en donde quedan plasmadas un conjunto de medidas asimétricas en materia comercial, aduanera y laboral que afectan significativamente el derecho al salario y al trabajo e intensifican su explotación económica y social.
Mientras el ministro del Trabajo afirma que en la actualidad existen tres grandes empresas que le han solicitado permisos para despedir un sinnúmero de trabajadores, el mismo señala que “me pone con un debate muy duro porque me tiene que justificar muy fuerte esos despidos” (El Espectador noviembre 8/2015); el Ministro de Hacienda y Crédito Público sostiene que está dispuesto a buscar la concertación sobre el salario mínimo “pero dentro de un espíritu realista y pragmático” (El Tiempo, Diciembre 9-2015), lo que significa que no se dará la concertación más allá de los límites impuestos por el gran capital representado en la mesa de negociación.
La defensa del salario mínimo y del derecho al trabajo consagrados como Derechos Humanos en la Carta de Naciones Unidas; en el Pacto de derechos Económicos, Políticos y Sociales, y como derechos Fundamentales en la Constitución Política, hacen parte del compromiso moral y político que deben asumir los trabajadores en esta oportunidad encaminado a fortalecer la unidad de acción frente a la toma de decisiones impuestas bajo el ropaje de la concertación amarrada a la voluntad del Estado que no actúa como un árbitro imparcial sino como un apoderado al servicio de los intereses del gran capital.
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