Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Desde que la salud en Colombia se volvió un negocio que genera grandes utilidades al sector privado amparado por la Constitución y la ley, los hospitales y clínicas del sector estatal comenzaron a quebrarse en manos de los gobernantes y directores de turno que como en el caso específico del Hospital Universitario del Valle –HUV-, hoy se encuentra abocado a una eventual liquidación a la cual antecede por supuesto el pago a los acreedores de las deudas contraídas por dicha entidad y que de acuerdo con la ley 550 hoy ley 1116 de 2006 harán parte del Comité que podrá disponer de los recursos que le ingresen al hospital, dando preferencia al pago de sus acreencias, además de determinar las políticas a seguir en materia de gasto e inversión, lo que en el fondo constituye una limitación de la autonomía económica, financiera y operativa del centro hospitalario respecto de sus asuntos internos.
Pese a que se garantizará formalmente el pago de los salarios a los trabajadores y de los insumos a fin de que el hospital pueda funcionar, el hecho real es que mientras las EPS que le adeudan al hospital más de $200.000 millones no cumplan con sus obligaciones de pagar por los servicios prestados por el HUV; y la Nación, el Departamento y el Municipio no desembolsen los recursos para atender sus necesidades, todo lo demás no será más que cantos de sirena que anunciarán su liquidación y entrega al sector privado de su infraestructura, para ser operada por quienes explotan económicamente la salud.
La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro ha salido a los medios a decir que la decisión de someter al HUV a la ley 550 constituye una de las alternativas para salvar a la institución, ad portas de ser intervenida por el gobierno nacional, circunstancia ésta que según la gobernadora y la junta directiva constituye “la mejor forma de evitar la pérdida del hospital”.
Lo cierto es que buena parte de los dineros para “salvar el hospital” se destinarán a pagar los salarios atrasados de los trabajadores, el valor de los insumos a los proveedores y las acreencias al sector financiero, con lo cual se agotarán los recursos para mantener la operación en el futuro inmediato, a la espera de que las EPS paguen a cuentas gotas sus deudas, lo que podría precipitar su eventual liquidación, comprobándose así que el verdadero propósito no es el de salvar la entidad sino crear las condiciones para entregársela a los operadores privados de la salud.
Los caleños y vallecaucanos tienen el deber moral, cívico y político de salir conjuntamente con todo el personal que labora en el centro de salud a exigir del gobierno nacional, departamental y municipal el cumplimiento de los compromisos y de las promesas anunciadas, además de conminar a las EPS privadas para que a su vez cumplan con sus obligaciones entregando inmediatamente los dineros adeudados.
Siendo el HUV el centro hospitalario más importante del sur occidente colombiano, el gobierno del presidente Santos debería destinar en el presupuesto para la vigencia fiscal 2017 una partida especial para garantizar la inversión y operación necesarias para una adecuada prestación del servicio de salud, especialmente en ésta época en que se supone surgirán nuevas necesidades derivadas del post conflicto en aras de afianzar la paz con justicia social.
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