Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La crisis de la ciudad expresada en múltiples manifestaciones en las que casi a diario se reclaman el cumplimiento de acuerdos de pasadas administraciones, la solución a problemas de vivienda, salud, servicios públicos, educación, espacio público, transporte público, ambientales, etc., no han servido al alcalde ni al Concejo Municipal para comprender que lo esencial de la función pública en lo territorial no es la de continuar construyendo vías, puentes, grandes edificaciones, fortalecer el turismo en sus diversas modalidades y promover el sector de servicios ya que esta visión está alejada de la realidad que reclama empleo estable y bien remunerado, acceso a la educación y a la salud de buena calidad, efectividad en la prestación de los servicios públicos para todos los sectores y clases sociales., acceso a un eficiente transporte público, recuperación de los baldíos y ejidos.
Mientras los impuestos y demás tributos de los caleños se destinan a obras de infraestructura que no solucionan los problemas de movilidad, empleo, vivienda, etc., mientras se continúa improvisando en METROCALI con la terminación unilateral del contrato de operación con UNIMETRO sin tener estructurada una alternativa clara, lo que hará más compleja la situación que finalmente puede resultar más gravosa dadas las circunstancias de endeudamiento laboral, financiero, y técnico del parque automotor, en tanto que el alcalde y METROCALI no toman ninguna decisión de fondo para reestructurar el sistema como sería asumir directamente su control y manejo, hoy en manos de los operadores privados.Ninguna de las opciones para poner a funcionar la flota asegura que los bancos ó METROCALI así sea provisionalmente, puedan prestar el servicio con eficacia y eficiencia sin conocer el estado y condiciones de los buses, el monto de las deudas con los trabajadores por salarios, prestaciones sociales, seguridad social.
La principal y emblemática empresa de servicios públicos continúa perdiendo valor y con la firma del otro sí entre el Ministro de Hacienda y el alcalde Cali se aumentó la deuda de 1.1. billones de pesos a 1.6 billones por el pago de mayores intereses, además de limitar la autonomía e independencia de EMCALI para atender sus propias necesidades y solventar la crisis por la que atraviesa, en tanto no existe ningún interés de parte del gobierno nacional de lograr que la empresa genere mayor valor agregado, preste mejores servicios públicos y se posicione como la mejor del sur occidente colombiano y así poder evitar su eventual liquidación y/o privatización.
La situación financiera y operativa de la empresa es crítica reflejándose en una ineficiente gestión que no le permite a los usuarios por ejemplo de acueducto y alcantarillado obtener oportunamente los medidores de acueducto obligándolos a permanecer sin el servicio de agua y la “solución” de EMCALI es conectar en forma directa el servicio exigiéndoles comprar en el comercio los medidores y hacerlos calibrar. Se agrava la situación de los usuarios con la inoperancia de la Superintendencia de Servicios Públicos en la protección de sus derechos como se desprende de la entrevista al Superintendente Regional de Cali quien en forma por lo demás insólita, responsabilizó a los usuarios de no tener éxito en sus reclamos por no saber tramitarlos, desconociendo el precepto constitucional que obliga a las entidades administrativas dar prevalencia a los derechos sustanciales, en este caso, de los usuarios, por encima de los formalismos procedimentales.
La parte ambiental parece que solo interesa en la medida que se pueda obtener de los usuarios del aseo mayores tarifas ya que el nuevo marco tarifario para el servicio de aseo puso de presente que a las empresas operadoras solo les interesa el negocio que les garantiza grandes ganancias mientras que la ciudad continúacon zonas verdes totalmente enmalezadas y árboles sin corte de ramas obstaculizando la visibilidad a los conductores e interfiriendo peligrosamente las redes eléctricas mientras que para los usuarios su factura de servicios se incrementará en detrimento de lo básico de la canasta familiar para su subsistencia. Solo en pocas ciudades de Colombia, la administración municipal decidió cobrar el corte de césped y de ramas a los usuarios del aseo.
Aunque se construye vivienda VIS y VIP y para sectores medios y altos en muchos casos sin contar con la disponibilidad de redes de los servicios públicos, sin zonas verdes, etc., el déficit habitacional no disminuye pero el gran negocio de los urbanizadores, constructores, terratenientes y sector financiero incrementa permanentemente sus ganancias en tanto que el desempleo y la informalidad han crecido, lo cual es demostrativo de que para generar empleo estable la ciudad requiere cambiar la política económica por otra sustentada en los procesos de industrialización de bienes de producción, uso y consumo, con los cuales se crea valor agregado y riqueza social.
En este momento no existe ninguna razón válida para no aprovechar los ejidos de Navarro para reubicar las familias que habitan algunos sectores del jarillón del Rio Cauca a dicho lugar lo cuales, en razón de su vocación campesina se les podría adjudicar un lote parcela resolviéndose de esta manera su situación de vivienda, trabo y sostenibilidad alimenticia.
La ciudad y los caleños deben entender que ha llegado el momento de exigir a la actual administración soluciones posibles y no alternativas que no pueden convertirse en realidades tangibles, para lo cual será necesario comenzar a realizar las acciones que sean necesarias para tal fin, de tal manera que nos permita salir del marasmo, la pasividad y la falta de voluntad política para ejercer plenamente nuestros derechos constitucionales y legales.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social