Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La labor ejecutiva administrativa de la alcaldía Municipal debe estar encaminada a la realización práctica de sus funciones constitucionales y legales y al cumplimiento y aplicación de los acuerdos municipales que se aprueban en la corporación edilicia.
Por otra parte las reformas al aparato ejecutivo administrativo deben responder a los intereses y necesidades cambiantes de la comunidad caleña y no a la creación simplemente de un conjunto de dependencias administrativas (secretarías y departamentos administrativos) con los cuales se aumentará en este caso la burocracia municipal y se concentrará y centralizará el poder unipersonal de decisión del alcalde con el consiguiente incremento de los gastos de funcionamiento, cuya justificación aparente esconde el compromiso político electoral de vincular un porcentaje de la clientela que hoy labora bajo la figura de prestación de servicios (PS) ligados con la contratación oficial y el clientelismo político respectivamente.
Así las cosas, la nueva estructura administrativa del municipio difícilmente se apersonará de la solución de los problemas que aquejan a los ciudadanos, pues la misma no constituye garantía de cumplimiento de la función pública ligada estrechamente con los fines del Estado Social de Derecho de promover la prosperidad general, la efectividad de los derechos y deberes y la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos económicos, políticos, administrativos, culturales del municipio en igualdad de condiciones para todos.
En torno a esta obligación constitucional a cargo de la administración municipal habrá que decir que la participación ciudadana en relación con la estructuración de la reforma se convirtió en una simple instancia de comunicación o de socialización de las decisiones del alcalde Armitage que se remitió a consultar su iniciativa a la academia, los gremios, sindicatos, etc., que por supuesto no representan la generalidad de los ciudadanos, que se verán afectados en sus intereses tal como viene sucediendo hasta el momento con la improvisación de la administración en el tratamiento y solución de diversos problemas atinentes por ejemplo a la seguridad, el empleo informal, la movilidad, la prestación de los servicios públicos entre otros asuntos que hoy se han agravado en toda la ciudad.
Lo paradójico de todo esto es que mientras crece desordenadamente la ciudad y se acrecientan los problemas, la prioridad de la actual administración es promover el turismo y construir nuevas obras de infraestructura vial e imponer tasas y contribuciones para resolver aparentemente la creciente y desbordada congestión vehicular generada por el aumento cada día mayor del parque automotor (automóviles particulares, taxis, motos, bicicletas, etc.), para lo cual se creará con la reforma administrativa una pomposa secretaría de movilidad, que poco o nada podrá hacer para afrontar dicha situación, limitándose a definir “políticas” dirigidas a regular dicha actividad ante la inexistencia de un verdadero plan de movilidad integral.
Así mismo habrá que decir que la idea de promover el turismo con la creación de una secretaría en esta materia y con ello estimular la economía de los servicios, encuentra sus limitaciones en una ciudad que se quedó atrás del verdadero progreso al no desarrollar las condiciones indispensables para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, tal como sucede en otras ciudades del país, en donde además de la infraestructura se cuenta con la disposición de la comunidad de atender dicho actividad con seguridad y diversidad de opciones que hoy apenas si cubren una porción mínima de dicha población.
No hay que olvidar que el país atraviesa por una etapa de desaceleración económica que también se refleja en la ciudad que sufre de un inmenso déficit habitacional, en salud y educación, que no se podrá superar aprobando reformas y poniéndolas en marcha para reproducir los efectos de una administración que en manos de un grupo de tecnócratas considera que con hacer simples ajustes administrativos a determinadas dependencias y crear varios departamentos administrativos, se podrán conjurar los efectos nocivos de administraciones pasadas, sin erradicar las causas que las generan y remover los obstáculos que impiden una solución viable y acorde con los intereses de la comunidad, amén de que el centralismo burocrático que inspira la reforma administrativa cercena de raíz la iniciativa de la demás dependencias de la administración y de la participación democrática de los ciudadanos.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social