Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Fue una jornada histórica. Triunfó la democracia. Triunfó la institucionalidad de una nación soberana. Triunfaron los principios y valores de una población culta e inteligente manifestando madurez y conciencia demócrata.
Ese memorable día salimos millones de compatriotas a votar manifestando claramente nuestra decisiva voluntad de paz poniendo fin a décadas del cruento, violento, absurdo e innecesario conflicto que los colombianos rechazamos.
El despliegue de sometimiento, a un pueblo que anhela convivencia pacífica, en el bochornoso, excluyente y apresurado evento de Cartagena, con participación de líderes mundiales, prendió las alarmas de la conciencia colectiva de la población.
La arrogancia, triunfalismo y soberbia de los negociadores de ambos bandos, fue recibida como bofetada hacia el constituyente primario, a quien el mismo acuerdo y corte constitucional habían concedido poder decisorio y fundamento democrático convocando al voto popular.
El plebiscito, como instrumento de refrendación, fue puesto a prueba. El votante destapó el cañazo del avezado jugador de póquer. La mano de “par de jotas” con que pretendió se jugará el futuro del país tuvo que ser recogida ante la mirada y tristeza impávida del jugador y sus inmediatos seguidores.
A la victoria del NO en el plebiscito, aunque por estrecho margen escrutado en las urnas, debe sumarse la abstención de ciudadanos que, no obstante la multimillonaria pauta propagandista e imposición de votar afirmativamente a funcionarios públicos, no salieron a votar expresando silenciosamente su negativa a un acuerdo final que celadamente se mantuvo en reserva durante años de negociación.
Ahora la nación, el gobierno y los grupos alzados en armas deben cimentar bases para una verdadera paz estable y duradera. Esta vez sin pretensiones de cambios ideológicos constitucionales contenidos en el enterrado acuerdo de paz y sin creación de tribunales paraestatales que suplantan los poderes esenciales e institucional de la democracia nacional; el ejecutivo, legislativo y judicial.
Los proyectos rurales y urbanos de la desmovilización deben ser aterrizados a la realidad, presupuesto y capacidad fiscal de la nación, sin imposibles que posteriormente sean calificados de engaño. Deben brindar oportunidad de incorporación al puñado de milicianos, guerrilleros y todos los actores y desplazados del conflicto desmovilizados a la sociedad civil existente en condiciones igualitarias y sin predilección alguna.
La reactivación de la economía rural no debe basarse sobre la tenencia de la tierra, equivocadamente inspirada en el espíritu de la propiedad colectiva, sino sobre la posibilidad del desarrollo de la frontera agropecuaria ante la incalculable oportunidad de abastecer la creciente población global.
El plebiscito, más allá del resultado electoral, logró unir una nación en torno a la ansiada paz y su desarrollo económico sostenible.