La corrupción es un fenómeno de vieja data que permea todos los ámbitos de la vida social y estatal, estimulada por la codicia y el afán de enriquecimiento ilícito generando un gran daño a la sociedad y a la moral pública, que hace que los ciudadanos pierdan la confianza en sus instituciones y en los propios gobernantes comprometidos por acción u omisión con la práctica de hechos de esta naturaleza.
La corrupción reviste diversas formas y modalidades cada vez más sofisticadas que van desde la simple entrega o recibo de dineros para obtener algún beneficio y se extiende a la entrega ilegal de subsidios, la elaboración de pliegos de condiciones a la medidas de los oferentes, la existencia de sobrecostos en la construcción de obras, la compra de votos, la entrega de cupos indicativos a congresistas los que se negocian con alcaldes y gobernadores, etc., los cuales son muy difíciles de detectar particularmente cuando la corrupción tiene lugar en las altas esferas del poder social, político y estatal. En esta última esfera la corrupción aparece relacionada con la contratación que realiza el Estado contratante en alianza con sectores privados representados por algunos grupos económicos y monopolistas nacionales y extranjeros que operan de consuno con funcionarios del sector público en la ejecución de toda clase de proyectos y programas relacionados con la salud, educación, vivienda, construcción de infraestructura vial, de transporte, de comunicaciones, etc.
Está claro que la corrupción no surge desligada de otros fenómenos como el clientelismo político vinculada a la disposición arbitraria de los recursos del presupuesto que los gobiernos de turno utilizan con fines electorales y politiqueros, detrás de los cuales resultan comprometidos altos funcionarios de la administración pública e incluso jefes de Estado y representantes del gran capital financiero, tal como sucede en la actualidad en el caso de la multinacional Odebrecht, que prevalida de su inmenso poder económico y monopólico sobornó a varios funcionarios, dirigentes políticos y sociales para acceder a la contratación estatal desplazando de esta manera a sus competidores de dicho mercado en varios países de América Latina, y de lo cual no se escapó Colombia en donde se entregaron dineros a altos servidores públicos para tal efecto durante el mandato del presidente Uribe y de Santos y algunos otros dirigentes políticos encartados judicialmente.
Por lo demás no es extraño que las investigaciones y sanciones por actos de corrupción recaigan en los denominados “chivos expiatorios”, que hacen que no se puedan establecer los verdaderos nexos con otros autores materiales e intelectuales ni determinar la responsabilidad política de los órganos del Estado que por lo demás no prevén, previenen ni controlan la propagación de este flagelo que corroe la moral pública de la sociedad y del Estado. Por su parte, el sistema judicial colombiano caracterizado por su ineficacia y lentitud ha facilitado el imperio de la impunidad en tratándose de actos de corrupción a nivel estatal, así como la imposibilidad de recuperar los dineros y bienes públicos que se pierden a través de la contratación tal como ha sucedido en los casos de la refinería de Cartagena Reficar, el Banco Agrario, etc.
En el caso concreto de la ciudad de Cali, los ciudadanos se preguntan si la ejecución de algunas obras como las 21 Megaobras, la remodelación del estadio Pascual Guerrero, la construcción de la plazoleta Jairo Varela que arrojaron millonarios sobrecostos no estuvieron contaminados de actos de corrupción al igual que los contratos en EMCALI y METROCALI y en aquellos que se suscribieron hace más de 20 años con la firma Odebrecht, para la construcción de la PTAR de Cañaveralejo que aun se está pagando en cuantía de un billón y medio de pesos en favor de la Nación.
En la medida en que la corrupción irrumpe en la vida de la sociedad, los ciudadanos tienen el deber político y moral de denunciarla como condición indispensable e inaplazable de la construcción de una nueva moralidad pública contraria a la vieja y desueta moralidad que ostentan las clases dirigentes y que atenta contra los intereses comunes del pueblo trabajador y de su bienestar social e individual.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social