Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A propósito de los hechos de corrupción que corre en tanto al sector público como al privado conviene preguntarse si acaso EMCALI se encuentra exenta de este flagelo a pesar de las innumerables denuncias e investigaciones que sobre el particular se han realizado de tiempo atrás y de las cuales poco o nada se conoce al respecto.
EMCALI, la otrora empresa que fuera ejemplo de eficiencia y orgullo de los caleños, hoy atraviesa una etapa de marchitamiento con grave riesgo de perder su unidad de empresa, independencia y autonomía administrativa y financiera, ante la posibilidad de su división y la entrega de sus componentes a operadores privados, que se encuentran al acecho de que el Concejo municipal le de luz verde a dicha iniciativa.
Aunque las autoridades de control y las judiciales pocas veces han logrado establecer los vínculos existentes entre los actos de desgreño y despilfarro de los recursos públicos de la empresa a través de la contratación oficial con actos de corrupción de sus administradores y dirigentes de la vida económica y política de la ciudad, ya es hora de que se profundicen las investigaciones y se proceda a sancionar a los responsables de tales desafueros.
En todo este caso no hay que olvidar los negocios que se hicieron con la construcción de Termoemcali que desangró el patrimonio de la empresa con el pago obligatorio de millones de pesos mensuales a los acreedores por tener encendida o apagada la planta energética, después de que EMCALI vendiera sus acciones por debajo del costo de oportunidad. Así mismo conviene recordar lo que se pagó como sobrecostos por la construcción de la PTAR, que hoy no se termina de pagar en favor de la nación, saldo que sobrepasa el billón de pesos.
Desde luego que los caleños no podrán pasar por alto la contratación oficial para realizar toda clase de estudios, contratos y asesorías durante el período de la intervención de la empresa por cuenta de la Superservicios, cuyos perjuicios por los daños causados deben ser exigidos por el alcalde y por EMCALI a la nación en razón del mal manejo que se le dio a la empresa.
A todo lo cual habrá que sumar lo sucedido con las administraciones recientes comprometidas con la contratación laboral paralela o tercerizada para atender las exigencias de la clase política y de los contratistas del Estado, además de la construcción de los reservorios para el agua, cuyas limitaciones en materia de continuidad en la prestación del servicio de acueducto son evidentes en los sectores del norte y oriente de la ciudad y que desde un principio fueron advertidos sin que se tuvieran en cuenta las observaciones técnicas al respecto y no obstante la inversión de ingentes cantidades de dinero del presupuesto de EMCALI.
Por lo demás resulta paradójico que mientras la empresa hace un gran esfuerzo económico y financiero para terminar la construcción de las obras para el cable submarino de fibra óptica que le daría un gran impulso y margen de competitividad al componente de telecomunicaciones, se esté hablando de la necesidad de escindir o venderlo, cuando de lo que se trata es de fortalecerlo y posicionarlo en el mercado de la telefonía móvil y de la internet, cuya rentabilidad está demostrada en el comercio de las telecomunicaciones.
Por supuesto que la vieja y la nueva clase dirigente de la ciudad prefiere optar por una solución facilista en inmediatista de corte neoliberal como sería entregarle el control y la operación de dicho componente a las multinacionales que hoy se han apoderado del mercado con el auspicio de las autoridades nacionales y municipales.
La corrupción en sus diferentes formas y expresiones debe ser rechazada en todo momento por todos aquellos dirigentes políticos responsables, funcionarios honestos y ciudadanos en general interesados en defender el patrimonio público de EMCALI pues se trata de cumplir con el deber político, moral y legal ineludible, con el cual se reafirma la condición de ciudadanos de bien de la mayoría de los caleños y vallecaucanos que en su calidad de usuarios de los servicios públicos que presta la empresa son las víctimas de este flagelo a quienes se les traslada los costos de la corrupción que deben sufragar a través del incremento en las facturas. De esta manera se podrá reafirmar el sentido de pertenencia hacia lo público de los caleños y vallecaucanos que no están dispuestos a convivir con la corrupción y esperan de las autoridades una respuesta eficiente en contra de la misma.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social