Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero
La consulta popular que se votó en el municipio de Cajamarca significa ante todo un acto de soberanía que debe servir de ejemplo a todos los ciudadanos del país, ligado a la defensa de sus intereses y necesidades mas sentidas que el gobierno debe respetar y garantizar, no obstante las voces delirantes de quienes consideran que en este caso se sentó un grave precedente que afecta la economía nacional en torno a la explotación minera a gran escala.
Por su parte el ministro de minas ha salido a decir a través de los medios de comunicación que el gobierno nacional no impondrá ninguna medida en contra de los resultados de la consulta popular, al tiempo que considera que los mismos no se aplican retroactivamente, con lo cual quedaría excluida la explotación de oro de La Colosa, por cuenta de la multinacional Surafricana AngloGold Ashanti que opera desde hace varios años en el país con el beneplácito de los gobiernos de turno.
Con semejante interpretación se pretende como se dice en el argot popular “ponerle conejo” al pueblo de Cajamarca que definió a través de la consulta que no debe hacerse minería en su territorio, a pesar de la injerencia de los poderes centrales, consulta ésta que tiene pleno respaldo en recientes jurisprudencias de la Corte Constitucional.
En algunos medios de opinión se ha defendido la especie de que los habitantes de Cajamarca votaron en contra de la minería por razones ideológicas o políticas y sin contar con la suficiente información sobre las ventajas que en materia de empleo o regalías podrían obtener sus habitantes y el municipio en general. Así mismo se dice que con dicha consulta se ha puesto en tela de juicio la “seguridad jurídica” de los inversionistas que de ahora en adelante no invertirán sus capitales en el país, no solo en minería sino en la construcción de obras de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria, etc., conjeturas estas que nada tienen que ver con la realidad en un país en donde el Estado garantiza la estabilidad jurídica a los inversionistas a partir de la suscripción de contratos, muchos de los cuales favorecen a los contratistas particularmente tratándose de la explotación de nuestros recursos naturales o de la ejecución de ciertas mega-obras que casi siempre terminan constando dos y tres veces su valor inicial como producto de los sobrecostos y la corrupción.
Lo sucedido en el municipio de Cajamarca puede replicarse en otros municipios del país, especialmente en aquellos en donde se explota la minería legal e ilegal, afectándose con ello las fuentes de agua y los recursos naturales respectivamente.
No sobra advertir que el Estado y en particular la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Cali están obligados a combatir la minería ilegal y criminal que se realiza en varios municipios del departamento y en las propias goteras de la ciudad, respecto de la cual poco o nada se hace para impedir su proliferación.
La apabullante decisión del pueblo de Cajamarca en contra de la explotación minera es sin duda un gran triunfo de la democracia participativa y decisoria que debe servir de ejemplo para todos los colombianos que con su voto lograron en este caso materializar sus derechos y libertades en contra de los intereses y propósitos de determinados sectores económicos y políticos, interesados en obtener pingues ganancias a costo del deterioro de la naturaleza y de la producción social de alimentos y vocación agropecuaria de sus habitantes.
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