Paloma Valencia Laserna
Senadora de la República – Abogada
la lista casi infinita de obligaciones que asumió el Gobierno a nombre de todo el Estado y de todos los colombianos apenas empieza.
Las Farc ya cumplieron; eso nos anunciaron. Entregaron la lista de bienes, las armas y hasta los niños –que no habían quedado en el acuerdo de La Habana. En eso consistían sus compromisos; ya están satisfechos. Falta la JEP donde tiene que hacer un reconocimiento de sus crímenes para que se formalice la impunidad otorgada. Alguno pensará que exagero; que la prometida “paz” tiene que incluir algunos otros compromisos por parte de los terroristas; pero no es así. En cambio, la lista casi infinita de obligaciones que asumió el Gobierno a nombre de todo el Estado y de todos los colombianos apenas empieza.
En La Habana se les entregó todo lo que exigieron, incluyendo la inclusión del nefasto acuerdo a la Constitución y las modificaciones de otros temas. Todo está siendo aprobado a través del tramposo fast track, sin que los colombianos estén muy enterados. Como las Farc no aceptó la justicia colombiana, se le creo una nueva; cinco desconocidos están hoy seleccionando los magistrados para juzgarnos a todos. El perverso sistema de que las confesiones garantizan la libertad invita a todos los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública a aceptar delitos para evitar los procesos.
Otra modificación de la Constitución garantiza que criminales de lesa humanidad de las Farc puedan participar en política, y les otorga beneficios que no tiene ningún otro partido ni ciudadano; más dinero que los demás, emisoras, centro de pensamiento financiado por el Estado y lo que es peor curules garantizadas. De manera que hoy sabemos que Iván Márquez y Pablo Catatumbo son ya congresistas –aunque no cuenten con el apoyo de ningún colombiano. Los terroristas diseñaron los nuevos territorios –circunscripciones especiales- de acuerdo con su capacidad de presión para elegir otros 16 representantes a la Cámara. Tendrán incluso su propio magistrado en el Consejo Nacional Electoral.
Otra modificación constitucional prohíbe el paramilitarismo y no prohíbe, en cambio, la lucha insurgente pese a que así se propuso. Ya estaba prohibido, pero lo hacen, dicen los expertos, para rechazar la política del Estado de usar el paramilitarismo como mecanismo para derrotar la insurgencia. Lo cierto es que con ello comprometieron la responsabilidad del Estado en la versión falsa de las Farc de que el paramilitarismo ha sido auspiciado por los gobiernos.
Además, las escasas regalías que nos quedaban ahora se destinarán para la “paz” que es una forma solapada de usurpar a los futuros gobiernos la capacidad de priorizar el gasto de acuerdo con su propio plan de gobierno. Santos y las Farc pretenden que sus prioridades se mantengan en los próximos 20 años. Lo que Santos prometió invertir en ciencia y tecnología –que no se invirtió (es decir que no se dilapidó en politiquería)- se convierte en recursos de mermelada que sirven para aceitar el funcionamiento del Congreso y garantizar el apoyo de los mandatarios locales pues se destinarán a vías terciarias; y el resto financiar los compromisos con las Farc, junto con los recursos que hacina parte del ahorro territorial para pensiones. Y claro que cuestan las Farc si les van a dar pensión, salud, vivienda, programas productivos, al 20% de sus desmovilizados, armas y empleo de más de 5 millones en la UNP… en fin la fiesta apenas empieza. Al contrario del poema de Carranza, incluido el corazón de la patria, todo y todos estamos mal.