Redacción
El gobierno nacional ha expedido el decreto por el cual se dictan disposiciones transitorias para la puesta en funcionamiento de la Justicia especial para la paz, mediante el decreto 1592 del 29 de septiembre de 2017, actuación administrativa del ejecutivo, donde da certificado de disponibilidad presupuestal para funcionamiento de la JEP y su estructura y designa al ministro de justicia como el responsable de poner el gobierno al servicio de la JEP. E igualmente informa que hasta tanto se adopte la ley estatutaria que desarrolló la jurisdicción especial para la paz con las FARC, con cargo al presupuesto del fondo Colombia en paz y atendiendo los recursos que se destinan para el efecto se adquirirán los bienes y servicios que se requieren para su puesta en funcionamiento.
realiza todo un desarrollo legislativo de una ley que no existe. Indudablemente esto es inconstitucional, en la medida en que la ley estatutaria de la justicia está en estudio
En palabras cristianas, realiza todo un desarrollo legislativo de una ley que no existe. Indudablemente esto es inconstitucional, en la medida en que la ley estatutaria de la justicia está en estudio, mediante este decreto ejecutivo reglamenta, asume competencias constitucionales y legales del legislativo y pone en aprietos al mismo Presidente de la República, por que excede sus atribuciones, claramente definidas en la CN.
La JEP sigue siendo cuestionada en el país en la medida en que no le preserva la autonomía y la independencia a la justicia ordinaria, como lo establece la constitución nacional, no hay clara armonía con las funciones jurisdiccionales ya establecidas y le entrega competencias ya definidas.
Rebosó la copa con críticas a la composición del tribunal nacional de paz en la justicia especial para la paz, en la medida en que muchos de sus integrantes quedaron con una clara tendencia política, lo que no le da garantías a partidos, lo que hizo perder el respaldo político del partido Cambio Radical y pone en aprietos su aprobación final la próxima semana.
El punto más álgido tiene que ver con la vinculación de terceros, que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley, y no ofrece las garantías jurídicas suficientes. Un acuerdo con el Fiscal General de la nación se hizo, sin embargo el ambiente está tenso, en las comisiones 1as constitucionales de Senado y Camara.
En consecuencia los votos en el Congreso serán muy contados en contra de la JEP, donde mediante el mecanismo del Fast Track, que también se considera inconstitucional va a seguir implementándose.
Referendo podría afectar políticamente la JEP.
un referendo defina mediante voto ciudadano, si todo lo hecho con la JEP, continua su marcha, para la seguridad jurídica, del centro de paz de los acuerdos de La Habana.
De todos modos toda la reglamentación de la JEP, implementación de acuerdos de paz mediante los actos legislativos del Congreso de la República, podrían quedar en suspenso político en la medida en que se ha iniciado la recolección de firmas para que un referendo defina mediante voto ciudadano, si todo lo hecho con la JEP, continua su marcha, para la seguridad jurídica, del centro de paz de los acuerdos de La Habana.