Por Patricia Molina Beltrán
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El derecho a la ciudad es… instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos,
y hacer de la ciudad “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”
Charlotte MATHIVET
Los últimos gobiernos municipales se han caracterizado por el uso mercantil dado a la ciudad, su empeño ha sido convertirla en mercancía, como decía Lefebvre “la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital” esto se hace mediante la implementación de políticas públicas que traducen las formulas del neoliberalismo que privatiza lo más rentable de lo público y las aplica en nuestro territorio.
el desempleo, está por encima del promedio nacional que en septiembre lo registraron en el 9.2% y Cali sigue en el 12%.
Según el DANE, Cali continua con unos indicadores sociales críticos, si lo miramos desde los informes relacionados con el desempleo, está por encima del promedio nacional que en septiembre lo registraron en el 9.2% y Cali sigue en el 12%. A esto se le suma que la proporción de empleo informal en relación con la tasa de población ocupados, representa el 48% y de todos los ocupados, los trabajadores por cuenta propia representan el 36.5%. Informe trimestre septiembre 2017.
subsidiando la oferta pues los recursos de este fondo son para garantizar el mantenimiento de los buses de los operadores privados y no para aliviar el bolsillo de los usuarios del transporte
Este informe ratifica que el interés de esta administración no está en lo social y menos aún en cumplir el artículo 3 del Plan de desarrollo: la filosofía del plan está basada en el enfoque de desarrollo humano, “invertir en la gente” como estrategia de progreso. Por el contrario ha invertido en la satisfacción de las demandas de los sectores empresariales, por ejemplo: el acuerdo 415 de 2017 es una autorización para endeudar la ciudad mediante un empréstito por 194.500 millones de pesos para obras de infraestructura vial; el Acuerdo 0428 de 2017 que compromete vigencias futuras, aplicadas al presupuesto 2018 para financiar proyectos de infraestructura en beneficio de la Zona américa y demás proyectos de inversión en la zona de expansión. O la implementación del Fondo de estabilización y subsidio a la demanda del MIO autorizado por la ley del Plan Nacional de desarrollo, lo aplica esta administración subsidiando la oferta pues los recursos de este fondo son para garantizar el mantenimiento de los buses de los operadores privados y no para aliviar el bolsillo de los usuarios del transporte. Y qué decir de la revalorización de la tierra urbana, que sigue dando como resultado el despojo, la expulsión y en el mejor de los casos el desmejoramiento de la vida de los residentes como ha sucedido con las comunidades afectadas por la obra del terminal sur y la destrucción de un humedal. Para los habitantes del Jarillon afectados por el plan que proyecta su recuperación para implementar el transporte fluvial de carga y pasajeros, un puerto multimodal, el malecón y el desarrollo de obras complementarias como turismo y recreación, Acuerdo Municipal 0373 de 2014 POT[1] y proyecto de Plan Integral de Movilidad urbana artículo 41. También el proyecto de transferir a título gratuito el espacio público afectado por un negocio privado de urbanización, son muestras del talante neoliberal de esta administración.
Los recursos públicos han estado orientados a los grandes negocios y para las familias afectadas negativamente les ofertan un arriendo por tres meses de 200.000 o una carta cheque sin respaldo financiero y la expulsión de la ciudad. La ciclo-vía sigue en veremos, el mejoramiento de servicio público de transporte masivo resolviendo origen – destino, no está en sus proyecciones. Interesante evaluar si los incumplimientos del MIO no se adecuan a la sentencia que declaró ilegal la huelga de los pilotos de Avianca por ser el transporte un servicio fundamental.
el presupuesto 2018, está afectado por 9 acuerdos de vigencias futuras e incluyen partidas para el fondo del MIO que subsidian a los operadores con un aforo mayor a los $78.000 millones
En el marco de este contexto se presenta a debate el presupuesto 2018, está afectado por 9 acuerdos de vigencias futuras e incluyen partidas para el fondo del MIO que subsidian a los operadores con un aforo mayor a los $78.000 millones, sumándole además la tasa por congestión (que se incrementa en la medida que incremente el horario del pico y placa) y afectando los bolsillos ciudadanos con las reformas regresivas al impuesto predial señaladas en el proyecto de modificación del estatuto tributario.
Un presupuesto con destino a los grandes negocios, a satisfacer con la plata de todos los ciudadanos las demandas del sector empresarial. Es imposible apoyarlo, un presupuesto que no cumple con la finalidad de las finanzas públicas en el sentido de garantizar los objetivos de la función redistributiva y con el propósito de mejorar el acceso a los servicios públicos y sociales necesarios para una vida digna a los segmentos pobres, marginados y excluidos de la sociedad
Fiablemente, una ciudad que se ufana de tener la mayor cantidad de población afro en valores absolutos del país, se les niega todas las posibilidades de participación sobre todo el respeto a la consulta previa cuando van a ocupar sus territorios por decisiones administrativas de cambio en el uso, ocupación o actividades en el mismo. Caso de la comunidad del Hormiguero, Brisas del Cauca, Paya Renaciente, determinadas a ser expulsadas de sus territorios ancestrales por decisión del POT y solo se accede a la consulta previa por decisión judicial ¡¡qué vergüenza¡¡. Y sin embargo, tampoco se garantizan los recursos para que la consulta previa permita reivindicar los derechos de estas comunidades, para que se armonicen con los proyectos futuros y garantizarles las condiciones económicas para una vida digna. Tampoco se afora esto en el presupuesto.
Hoy, se ha aceptado que el desarrollo económico no es solo inversión en capital físico, sino que también es necesaria la inversión social. Esto no se ve reflejado en los indicadores económicos del DANE.
Con base en lo anterior, reitero que para el Polo Democrático Alternativo, el gasto público social es fundamental, la redistribución de las finanzas públicas en beneficio de las mayorías de los ciudadanos es sagrada, el derecho a la ciudad se debe garantizar a todos y para gozarla hay que contar con las condiciones mínimas que pueden desarrollarse mediante los planes de desarrollo y principalmente materializarse mediante los presupuestos, pero aquí vamos en vías contrarias.
Razón por la cual, seguimos en franca oposición a estas políticas neoliberales, en nuestro sentido contrarías a la Constitución y expresamos nuestro voto negativo.
[1] El POT 2014 establece: ARTICULO 3 #¨s 1, 13, 14. Se refieren a la consolidación en el Río Cauca del puerto fluvial, turístico y de carga. Concordancia con el artículo 5 #5 y el articulo 6 # 11, se comprende la necesidad y urgencia para desarrollar la agenda regional de competitividad. numeral 3 del artículo 9 “Promover el aprovechamiento eco-turístico entre otras de la zona de protección del Río Cauca.” Igualmente los artículos 20 y 21 este último en el #3 sub-números 3 y 5 sobre la responsabilidad de la UPU Río cauca respecto del puerto fluvial, en concordancia con los Artículos 22 #5 y 23 #5 concordando con el 507 #1, el articulo 443 habla Sobre el proyecto estratégico PJAOC y El articulo 446 #1 sobre corredor ambiental Río Cauca.