Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La urbanización es un proceso histórico de carácter universal de crecimiento y surgimiento de nuevas ciudades y de interacción con el medio ambiente, que influye en el modo de vida de la población urbana, generando una serie de cambios en el desarrollo de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y en la estructura social y demográfica de la sociedad.
En las condiciones del régimen capitalista dicho proceso transcurre en buena medida de manera espontánea, produciéndose un conjunto de problemas sociales relacionados con el incremento del desempleo, la delincuencia, la desmovilización de grandes sectores poblacionales, la contaminación del medio ambiente, etc., los cuales se agravan aún más cuando no existe una dirección adecuada o cunde una deficiente planificación del desarrollo urbanístico, afectándose con ello la capacidad del territorio y las condiciones de vida de sus habitantes.
Para algunos estudiosos de los temas urbanísticos dicho proceso es entendido como la posibilidad de albergar mas población en zonas aparentemente dispuestas para construir grandes complejos urbanísticos con viviendas, centros comerciales, colegios, universidades, generándose una gran concentración poblacional que demanda de una nueva infraestructura en materia de vías, transporte, servicios públicos, escuelas, centros de salud, parques, que la ciudad no puede construir o por lo menos no lo puede hacer en el corto y mediano plazo entre otros aspectos, por falta de recursos económicos.
Es conocido que con la aplicación de dicha concepción urbanística no solo se afectan la movilidad sino que surgen nuevos problemas derivados de la interacción con el medio ambiente, resultando mucho mas complejo y difícil de resolverlos, fuera de que además las ciudades deben a través de sus autoridades garantizar la sostenibilidad ambiental, alimenticia y de seguridad de su población residente y flotante en el territorio, lo cual no se cumple.
Lamentablemente las autoridades municipales de estas nuevas aglomeraciones con una ciudad centro y unas ciudades satélites terminan rompiendo o cambiando arbitrariamente las normas del ordenamiento territorial y lo que es peor interfiriendo las relaciones entre la ciudad y el campo adonde comienza a extenderse la urbanización, poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas y convirtiendo el proceso de urbanización en un negocio rentable del cual se lucran grandes propietarios y negociantes de propiedad raíz y empresas urbanizadoras que derivan de este proceso pingues ganancias con las nuevas ofertas urbanísticas y el incremento de los precios de la tierra urbanizable.
Aunque en Colombia únicamente con la aprobación de la Constitución de 1991 se comenzó prácticamente a “planificar” el territorio de una manera integral en los municipios y departamentos de las ciudades capitales e intermedias, el hecho real es que la aplicación de los planes de ordenamiento territorial han sido insuficientes para contener el crecimiento desbordado de las ciudades que como Bogotá, Cali, Medellín, crecieron de forma espontánea ante la mirada impasible de sus gobernantes.
En el caso de la ciudad de Cali este proceso urbanístico ha tenido un carácter errático al tiempo que sus autoridades municipales no han ejercido su poder político para ordenar el territorio acorde con los intereses y necesidades comunes de la población, cuando no es que han sido complacientes con el desorden y la anarquía que reina en la ciudad.
En la actualidad y como consecuencia de este monumental desorden la ciudad y sus habitantes vienen siendo sometidos al impacto de un proceso urbanístico, cuyos efectos negativos se ven reflejados en los problemas de la movilidad, seguridad, saturación de la población, medio ambiente, etc., que sin lugar a dudas afectan su tranquilidad y el sosiego doméstico.
La posibilidad de resolver sus efectos nocivos en alguna medida depende de la voluntad política del gobernante de turno y de la necesidad de revisar con la participación de los ciudadanos el denominado plan de ordenamiento territorial –POT- y tomar la decisión de suspender inmediatamente los llamados planes parciales de desarrollo que se aprueban en consonancia con los intereses de propietarios y urbanizadores que “vienen haciendo su agosto” con el negocio de la urbanización, y respecto de los cuales la personería, la contraloría y la Fiscalía deben cumplir con su función constitucional y legal de fiscalización y control de aquellos actos administrativos que revestidos de legalidad encubren eventuales conductas delictuosas y de corrupción que han hecho posible este proceso de deterioro urbanístico de la ciudad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social