Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Hace diez años, el 1 de Septiembre de 2008, una célula urbana terrorista del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC, accionaron un coche bomba en frente de las instalaciones de la Fiscalía en Cali. El atentado, perpetrado hacia la medianoche, cobró las vidas de cuatro inocentes habitantes de la calle y veintiséis heridos sufrieron a causa del cobarde y reprochable hecho.
La Alcaldía asumió una postura de solidaridad. Ofreció a la Fiscalía, un lote de su propiedad, que formaba parte del proyecto de renovación urbana del sector de los barrios El Calvario, Sucre y San Pascual, para ahí construir el “bunker” de la institución, anclando, conjuntamente con la estación central del MIO, el ambicioso desarrollo céntrico.
El Concejo municipal, en 2010, autorizó la enajenación del inmueble y la Alcaldía procedió a su protocolización.
El Concejo municipal, en 2010, autorizó la enajenación del inmueble y la Alcaldía procedió a su protocolización.
Hace ocho años, el entonces Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, con su acostumbrada y hábil postura promesera de buen político, se comprometió con los caleños aportar presupuestalmente los recursos de contra partida para iniciar la construcción del nuevo edificio, que cambiaría la panorámica urbana, revitalizando esa deprimida zona de la ciudad.
Pasaron los ocho años de la Presidencia de Santos, y los últimos cuatro del entonces Vicepresidente Vargas Lleras, sin honrar los compromisos adquiridos con la ciudad, la institución judicial, la solidaridad de los Alcaldes municipales y la ciudadanía caleña en dotar de merecida infraestructura al más importante organismo de justicia.
El actual Fiscal General, aterrizado en sus pretensiones, ha sido claro en expresar las limitaciones presupuestales para acometer la inversión y no se comprometió con fecha alguna.
El lote, hoy convertido, en conveniente parqueadero para los funcionarios de la Fiscalía, debe retornarse al Municipio. No puede frenarse el ambicioso proyecto de renovación urbana, a la espera indefinida de los recursos del paquidérmico estado central, hoy golpeado por la incertidumbre fiscal, a la espera de nuevas promesas incumplidas.
El municipio no puede convertirse en desarrollador urbano, sino contrariamente, a través de su oficina de Planeación, regular y establecer el uso del lote, obligando al desarrollo de renovación urbana propuesta inicialmente.
de forma pragmática, a su venta, empleando los multimillonarios recursos en indispensable inversión social requerida en renovar la precaria infraestructura educativa, de los centros de salud
Debe proceder, de forma pragmática, a su venta, empleando los multimillonarios recursos en indispensable inversión social requerida en renovar la precaria infraestructura educativa, de los centros de salud y reforzar el sistema de monitoreo y vigilancia en las identificadas zonas de mayor vulnerabilidad en materia de seguridad.
Ejemplos de inversiones del sector privado, guiados por el estado, en exitosos proyectos de renovación urbana son comunes globalmente. Es el momento de tomar decisiones.
Esperar eternamente al paquidérmico estado central, en vez de dinamizar el desarrollo de la zona, es decisión trascendental para la ciudad.