Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
Nos dijeron que los acuerdos de La Habana traerían efectos positivos en la lucha contra el narcotráfico, que se erradicarían los cultivos ilícitos y que se acabarían las organizaciones criminales que hacen parte de la cadena delictiva. También nos dijeron que otras serían las condiciones de los colombianos que viven en las zonas rurales.
Hoy la realidad es otra, hay más cultivos ilícitos de los que había antes de iniciar el plan Colombia, con un área sembrada que probablemente supera las 200.000 hectáreas. Los colombianos en las zonas cocaleras viven el recrudecimiento de la violencia por las disputas entre grupos criminales. Sumado al hecho de que la implementación simultanea de erradicación forzada con sustitución voluntaria, han generado tensiones sociales como la de Tumaco el año pasado.
Los resultados de la política de sustitución de este gobierno son lamentables, la implementación de los acuerdos nos tiene sumergidos en coca. De las 50.000 hectáreas que se propuso sustituir en el 2017 apenas completó 15.000 y en las 50.000 erradicadas de manera forzada, hay indicios de procesos de resiembra.
La violencia volvió a ser latente. Los homicidios en municipios con cultivos de coca subieron un 11% y en aquellos donde empezó la sustitución voluntaria, se dispararon un 33% según la FIP. Los acuerdos de la Habana no trajeron paz y tampoco mejoraron las condiciones de los territorios.
En departamentos como el Guaviare, Caquetá, Nariño y Cauca hay denuncias de presencia de las disidencias de las FARC, del EPL y del clan del golfo. El mensaje de impunidad del acuerdo incentivó nuevas formas de violencia que ahora se disputan el negocio del narcotráfico.
Adicionalmente, este gobierno vía Fast Track le quitó 1.2 billones de pesos al fondo de Ciencia y Tecnología para desarrollar un programa de vías terciarias que no muestra resultados y apenas cubre el 23% de los municipios afectados.
En este panorama fueron dejadas de lado políticas que fueron efectivas en la lucha contra el narcotráfico, para complacer las peticiones de las FARC. Se suspendió la fumigación y aspersión aérea, se redujo a mínimos la erradicación manual y se acabaron programas de sustitución con resultados favorables como el de familias guardabosques.
Un gobierno del Centro Democrático con Iván Duque en la presidencia y una bancada fuerte en el congreso tendrá la energía y la capacidad para forjar otro escenario para nuestras regiones. Se necesita de la mano firme contra los criminales, desmantelando laboratorios, persiguiendo y acorralando a los carteles, jibaros y vendedores de droga.
Pero se necesita del corazón grande para los campesinos y colombianos que quieren hacer las cosas bien, reactivando el programa de familias guardabosques para proteger zonas de reserva, complementado con alternativas de producción y estrategias de asociatividad y cadenas de valor para la sustitución.
Los colombianos tenemos la oportunidad de retomar el rumbo, de elegir un gobierno que este del lado de los colombianos y no atento a complacer a los criminales que tanto mal le hacen a nuestro país. Es hora de retomar el rumbo.