Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Nada más controvertible que las cifras presentadas recientemente por el DANE sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad social en Colombia. Al respecto resulta muy difícil entender que se haya reducido la pobreza en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, sometido a un proceso de desaceleración económica y decrecimiento de varias de las ramas de la producción al igual que la reducción de la demanda de consumo de una serie de productos, bienes y servicios, de todo lo cual la economía no parece haberse recuperado en su conjunto.
Pero aun aceptando en gracia de discusión que se ha presentado un leve repunte de la economía a consecuencia del cual se ha reducido porcentualmente el índice de pobreza en sus diferentes formas y expresiones, las diferencias estadísticas que nos presenta el DANE en esta materia durante los dos períodos consecutivos del gobierno del presidente Santos son muy pequeñas y poco significativas desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de vida reales y concretas de los colombianos en cuestiones de progreso y bienestar general.
Lo conseguido en principio con la aplicación de ciertas políticas sociales de corte asistencialista nos indican que no solo falta mucho camino por recorrer, sino que el gobierno perdió la batalla contra la pobreza a pesar de todas las promesas y el incremento de los subsidios a las clases y grupos sociales más vulnerables de la sociedad en las cuales se apoyan las cifras del DANE para anunciar con bombos y platillos que la pobreza se redujo en Colombia.
Por otra parte resulta muy sospechoso que sea precisamente en medio de la campaña electoral para la presidencia de la república que la citada entidad presente dichas cifras que por cierto poco o nada le servirán al próximo gobierno para continuar con las mismas políticas asistencialistas, con las cuales se manipula a la población mas pobre del país con fines ligados a la politiquería y al clientelismo.
Dentro del análisis que se debe hacer sobre la situación de pobreza y de desigualdad social del pueblo colombiano, está claro que la solución a dicho problema no solo demanda de una reforma estructural de la economía del país sino de nuevas políticas de crecimiento y desarrollo de la producción en sus diferentes ramas que permitan aumentar significativamente el empleo formal en el campo y en la ciudad destinadas a combatir la informalidad y la tercerización del trabajo convertidas en fenómenos recurrentes en todo el país.
Lo grave es que no se quiere ver la otra cara de la pobreza con amplios sectores de la población pertenecientes a las denominadas clases medias integradas por profesionales independientes y asalariados de ingenieros, abogados, economistas, médicos, técnicos, comunicadores, etc., que hoy se encuentran en el peor de los mundos ya que no tienen trabajo estable y digno o temen perder el que tienen en cualquier momento debido a la inestabilidad laboral originada por los procesos de desaceleración de la economía nacional.
Esta situación se vuelve más dramática con aquellos trabajadores que viven en las regiones apartadas del país en las que no existen oportunidades de trabajo y los pobres viven del asistencialismo oficial.
La otra cara de la pobreza que no hace parte de las estadísticas del DANE tiene que ver así mismo con la situación que viven los siete millones de colombianos desplazados por la violencia que deambulan por varias ciudades en busca de trabajo y entran a engrosar los cinturones de miseria de dichas urbes.
Y de ahí la necesidad de exigirle al próximo gobierno que diseñe una nueva política de empleo acorde con los intereses y necesidades del país y de todos los trabajadores que hoy reclaman el justo derecho de que el Estado cumpla con la obligación constitucional, no solo de garantizar el derecho al trabajo sino de promoverlo y hacerlo afectivo sobre la base de restructurar la economía del país, realizar una verdadera reforma agraria que permita la democratización de la propiedad rural e incentive la producción de alimentos y del desarrollo agroindustrial y agropecuario con miras a satisfacer las necesidades del mercado interno y externo en tiempos de la integración regional y de la globalización.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social