Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
* Nota Ante el deseo del alcalde y Emcali de entregarle directamente el contrato de concesion del alumbrado público a CELSIA- EPSA, publicamos la columna del Dr Guillermo Ulloa, entregada hace 2 largos años, que sigue siendo vigente
La concesión de alumbrado público fue suscrita en el año 2000, con plazo de quince años. Las obras contempladas en el diseño del MIO permitieron ampliar el plazo, de mutuo acuerdo, por dos años adicionales, llevando su vencimiento al 2017. EMCALI estudia la posibilidad de terminar el contrato en Julio de este año desconociendo el otrosí que prorrogó el término
Con anterioridad, EMCALI tenía a su cargo el alumbrado público de la ciudad. Previo al año 2000 la ciudad registraba un 30% de su cobertura apagada en razón al precario mantenimiento que realizaba EMCALI. Hoy se registra el 1% de su cobertura apagada, registro envidiable en mantener la infraestructura en óptimas condiciones de prestación del servicio.
Las concesiones deben ser analizadas en su contexto y el resultado de su operación evaluada técnicamente, sin estigmatización, ni sentimientos pretéritos del macartismo. En este sentido el concesionario ha prestado un servicio diligentemente. Los largos años de intervención de EMCALI y falta de política pública coherente no exigieron un mejor desarrollo de la concesión.
Aunque EMCALI tiene la capacidad operativa de atender el alumbrado público, los costos de personal son cinco veces superiores al del concesionario. La capacidad de respuesta, comprobada en los otros componentes de Acueducto, Alcantarillado, Telecomunicaciones y Energia, es inferior en razón al excesivo trámite burocrático estatal.
Los interventores, tanto de EMCALI, como del Municipio han sido pasivos y negligentes en sus compromisos y han permitido que la cartera a cargo de EMCALI y a favor del concesionario llegue a la no despreciable suma de $ 87 mil millones. Cada una de las reclamaciones del concesionario no han sido atendidas, concertadas y solucionadas oportunamente elevando el monto con la acumulación de intereses financieros.
El recaudo por concepto del servicio fue transferido por catorce años a un fondo fiduciario, mecanismo ágil y seguro para respetar los compromisos hacia el concesionario. La actual administración municipal liquidó el fondo y recaudos por $ 27 mil millones forman parte de las cuentas de tesorería a cargo. La indebida apropiación de recursos del contribuyente, con destinación especifica, puede alinderar la presunción de delitos penales, fiscales y disciplinarios para el Alcalde, como primera autoridad municipal, extensiva al Gerente General e interventor de EMCALI como al Director y Subdirector del POT y Servicios Públicos de Planeación Municipal.
La terminación unilateral del contrato en las condiciones actuales de incumplimiento por parte de EMCALI la llevaría a una demanda superando con creces los $ 87 mil millones adeudados más los perjuicios que la rama judicial le conceda al demandante.
EMCALI, en vez de arriesgarse judicialmente en terminar ilegalmente un contrato de concesión acreditado, debe focalizar sus esfuerzos hacia la reducción de pérdidas en energía y acueducto, dar pronta solución a la problemática de turbiedad del agua, ser competitivos en telecomunicaciones, planificar la empresa hacia el desarrollo local y regional a cincuenta años y adaptar la empresa a un modelo gerencial moderno, eficiente y eficaz.