Ing. Claudio Borrero Q
Los ejidos son “bienes de uso público” y no se pueden hacer arreglos “transaccionales”. Con los “usurpadores” denunciados.
Presente con “apoderados” acción popular constitucional desde diciembre 7 del año 2.009 sobre el “ejido” de Meléndez sur (navarro), también lo hice contra otros dieciséis ejidos urbanos y rurales del municipio de Cali.
Reitero “los ejidos” son “bienes de uso público “imprescriptibles, inalienables e inembargables”, por mandato constitucional”.
Todas sus matrículas inmobiliarias fueron ilícitamente adulteradas desde antaño por la cúpula social “usurpadora” de Cali, se ordenaron “borrar” de los registros inmobiliarios las “anotaciones” a donde aparecía la constancia de que eran “ocupantes de ejidos”, el delito criminal fue cometido contra el patrimonio público del municipio de Cali, aún no ha sido sancionados sino “alcahueteados” a pesar de sus evidentes violaciones probadas.
Las normas de los congresistas liberales caleños Alfonso Barberena Aparicio e Isaías Hernán Ibarra fueron tramitadas hasta coronar las respectivas leyes 41 de 1.948 norma que cumplirá en noviembre 70 años de vigencia y la ley 64 de 1.966 (52 años) iniciativa del congresista Isaías Hernán Ibarra, quedando prohibidas transacciones ilícitas de estos “bienes de uso público” en litigios judiciales que buscaran su restitución para beneficio de la comunidad popular, esencialmente compuesta por familias pobres desplazadas a esta ciudad abrigo de Santiago de Cali.
Por demás de conformidad con el código de régimen político municipal de los colombianos contenido en ley 136 del año 1.994, los “ejidos” se destinan exclusivamente a fomentar y ejecutar planes masivos de vivienda popular, para beneficio de familias humildes desplazadas a Santiago de Cali y en favor de raizales que acreditaran pobreza.
La ley Alfonso Barberena Aparicio, respecto al ”ejido urbano” autorizaba enajenarlos en área urbana máxima de 300 metros cuadrados hace setenta (70) años.
Otra cosa es el tratamiento del “ejido rural” destinados a cooperativas agrícolas las cuales definitivamente fracasaron en el municipio de Cali.
Los unos y los otros, están amparados por sentencias unánimes ejecutoriadas emanadas del tribunal contencioso administrativo del valle del cauca sentenciadas a mi favor siendo denunciante de estas acciones populares constitucionales, la primera sentencia favorable “desacatada” desde abril 20 del año 2,015.
La segunda decisión emanada del consejo de estado se presentó como accionante mi abogado julio cesar cabrera cano, quien apoyado en prueba investigadas por el ingeniero civil e historiador Claudio Borrero Quijano, nos condujo a decisión unánime ejecutoriada desde junio 26 del mismo año 2.015
Ambas decisiones de las superioridades jurídicas de Colombia han sido “desacatadas” por nuestros dos últimos alcaldes de Cali el medico Rodrigo Guerrero Velasco y el industrial norman Maurice Armitage Cadavid.
Ambas sentencias ordenaron restituciones de 242.860.082 millones de metros cuadrados de territorios del área rural y urbana del municipio de Cali, actualmente blindados en las normas del código de recursos naturales decreto 2811 de 1.974 de diciembre 18 y la ley del medio ambiental 99 de diciembre 22 de 1.993, esta última promovida por la dama caleña Claudia Blum de Barberi, las territoriedades rurales corresponden a 150.000.000 millones de metros cuadrados dentro del parque nacional natural de los farallones de Cali y las áreas forestales protectoras en áreas de 88.800.000 millones de metros cuadrados, bienes de uso público usurpados de vieja data por latifundistas de haciendas de recreo pertenecientes a nuestra alta clase social, política y económica de la región, cuyos ocupantes poseen títulos viciados de nulidad absoluta en cualquier época aun haya pasado demasiado tiempo, cada uno de esos millones de metros cuadrados están localizados en áreas que fueron antiguos baldíos o territorios nacionales, cedidos a gratuidad y perpetuidad de dominio al municipio de Cali por mandato de las leyes sancionadas por el ex presidente Eduardo Santos ley 54 de 1.941 (tío abuelo del actual presidente), y por mandato de la ley 175 de diciembre de 1.948 sancionada por el expresidente Mariano Ospina Pérez, estas cesiones se conservan vigentes incluidas sus afectaciones o “restrictivas de uso” obviamente contenidas en las leyes y códigos de recursos naturales vigentes en Colombia, advirtiéndose sanciones en caso de incumplimiento se ordenaría la “restitución de los antiguos baldíos a la nación”.
La clase política y los dirigentes de la región violaron las restricciones normativas lo cual denuncie en dieciocho procesos de acciones populares constitucionales de los cuales ya están sentenciados dos (2) procesos favorablemente, a la fecha y esta ad portas una tercera sentencia de tomarse esa decisión favorable rescataríamos adicionales 9.271.150 metros cuadrados con el proceso de acción popular que se adelanta sobre estos bienes “ejidales” localizados en el corregimiento de “navarro”, protegidos contra la inundabilidad por obras civiles realizadas por la CVC cobradas por valorización a todos los vallecaucanos, predios o bienes de uso público llamados de “Meléndez sur”, la decisión está a cargo del h. Magistrado del tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, doctorCedeño.
Después de haberse declarado “impedido” a última hora el h. Magistrado Fernando Augusto García argumentando que su hija abogada había sido contratada como asesora por el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco desde agosto 14 del año 2.014 para prestar servicios en Metrocali, impedimento del cual solamente se enteró tres años después sustento que le fue aprobado por la sala plena del tribunal contencioso administrativo del valle del cauca.
Don Oscar Escarpeta gran señor fue consejero de su concuñado Rodrigo Guerrero Velasco señora periodista Beatriz López, efectivamente el denuncio a la clase dirigente sobre actuaciones “non sanctas” en la propiedad de los “ejidos” de Cali por parte de tradicionales familias de la elite caleña”, obviamente si fue inolvidable censor contra una dirigencia corrupta tal como usted lo pondero, dejándole constancia que él y yo coincidíamos en esas críticas positivas contra los usurpadores.
Permítame hacerle conocer que cuando don Ciro Velasco García vendió esas tierras a doña Emma Giraldo esposa de Jorge Garcés Borrero, dejo constancia de que esas territorios estaban “fundadas en ejidos” del municipio de Cali y en clausula especial advirtió don Ciro Velasco García que en caso de reclamación del municipio de Cali el nunca saldría a resarcirla en su condición de compradora.
Cuando sentencio la juez civil del circuito de Cali María Cristina en noviembre 27 del año 1.987 a favor del municipio de Cali, advirtió que la ocupación era de “mala fe” de parte de la familia Garcés Borrero y sus descendientes, ordenándose el reintegro total del área ejidal y pagar lo usufructuado durante 44 años como cañicultores en predios del municipio (1.943 a 1.987).
Seis meses después el tribunal superior de Cali anulo la decisión de la juez decima civil del circuito de Cali siendo ya nueva “magistrada”, obviamente declarada “impedida” por los demás colegas para nuevos pronunciamientos ante el alto tribunal superior de Cali. (Hoy día la ex magistrada falladora de hace 31 años es catedrática de universidades de Cali).