Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Cualquier persona avocada a escoger entre dos proposiciones que la puedan llevar a una confusión, se encuentra frente a un dilema que a la postre puede resultar falso o sencillamente contrario a la realidad histórica y social.
Esto es precisamente lo que se ha presentado a raíz de la propuesta del gobierno del presidente Duque ante la Corte Constitucional en el sentido de que se discuta nuevamente la posibilidad de autorizar la aspersión aérea con glifosato que había sido suspendida en todos los territorios en donde existen cultivos de coca, que hoy se han extendido como consecuencia de diversos factores motivados por la generación de cuantiosas ganancias en favor de las mafias y multinacionales de la droga, que no cesarán en su propósito de lucrarse independientemente de si se renueva la fumigación aérea con glifosato, o se procede con la erradicación forzosa o voluntaria de los cultivos, cuya reproducción se realiza a través de la resiembra en los parques nacionales y en aquellos territorios inhóspitos del país.
Así las cosas, tenemos que no es del todo cierto, de que al no procederse a asperjar crecerán o por lo menos se mantendrán los cultivos de coca que hoy sobrepasan las 200 mil hectáreas, causándose con ello un daño irreparable a la salud y al medio natural, lo cual ha quedado registrado en las estadísticas oficiales con base en el conocimiento y la experiencia práctica e histórica y no simplemente de acuerdo con las interpretaciones interesadas de algunos expertos en la materia, que toman partido en favor o en contra de la aplicación o no, de dicho herbicida.
Por otra parte resulta por lo demás ilusorio considerar que si se combinan las diversas estrategias para combatir los cultivos ilícitos, estos se reducirán sustancialmente en medio del alza del precio de venta en el mercado de los estupefacientes y del aumento de la demanda del consumo de la droga, de la cual no solo se lucran los narcotraficantes sino que desgraciadamente viven de la misma, grandes grupos humanos de campesinos colombianos que subsisten con el cultivo de la coca, marihuana, etc. De esta manera se cumple aquello de que “sí hay producción hay consumo y viceversa”.
Desde luego que la alternativa de solución a este grave problema no radica en la implementación de nuevas medidas represivas contra los campesinos que cultivan la coca o contra los consumidores, como tampoco sería acertado abandonar los programas de erradicación voluntaria y de tratamiento de la drogadicción como un asunto de salud pública, que no obstante constituir un paliativo en si mismo, no resuelve el problema de fondo hasta tanto no exista una política integral, basada en la transformación de las condiciones materiales y espirituales de vida y de bienestar de la población campesina, ligada a la producción de la hoja de coca y de otros alucinógenos, conjuntamente con la desconcentración de la propiedad rural en manos de grandes terratenientes y multinacionales del sector agroindustrial, tras de los cuales se ocultan los traficantes de estupefacientes en varias zonas del territorio nacional.
Claro está que el cumplimiento de dicha tarea no será fácil, en la medida en que el negocio de la droga se ha convertido en el acicate para enriquecerse de manera ilícita y mas aun cuando desde diversos sectores de opinión (presidentes de la república, legisladores, jueces, académicos, periodistas, etc.), se considera que el camino a seguir en “la lucha contra el narcotráfico” pasa por “la necesidad de legalizar la producción, comercialización y consumo de la droga, pues de otra manera se estarían poniendo en riesgo las instituciones, la democracia y la paz de la nación”; circunstancia esta que no deja de ser mas que un falso dilema cuyo objeto es confundir a la opinión pública, que no debe dejarse seducir con este tipo de propuestas que buscan legitimar el negocio con la complicidad del propio Estado, que cobraría una contribución o gravamen por la producción, comercialización y consumo de acceso libre al mercado de toda clase de drogas y estupefacientes, sin valorar en un todo el costo que tendría que pagarse en el futuro mediato por los daños causados a la salud de miles de colombianos y al medio ambiente y sin que para dicho momento sus beneficiarios no alberguen ninguna responsabilidad social ni individual.
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