Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque de acuerdo con la Constitución de Colombia, el Estado se obligó a garantizar los Derechos Humanos para que las personas pudieran ejercerlos en relación con el trabajo, la propiedad, la educación, la salud, la vivienda, el acceso a la justicia, el derecho a la información, el derecho de expresión, los derechos políticos, colectivos y ambientales, dicha obligación se ha venido desnaturalizando hasta convertirse en una mera apariencia jurídica, con la cual se encubre la desigualdad económica, política, social, cultural, entre las clases y grupos sociales e individuos, que hoy se enfrentan en la lucha social en la defensa de sus derechos y libertades, mientras se acrecienta la explotación económica del trabajo, la discriminación social, étnica y de género y de alguna manera se excluyen a los ciudadanos del ejercicio del poder político.
Al mismo tiempo que crece y se agiganta la desigualdad social en el campo y en las ciudades, las estadísticas nos muestran que de los 45 millones aproximadamente de colombianos, diez millones por lo menos se encuentran en la pobreza extrema y cerca de 20 millones pertenecientes a los sectores populares y medios de la población son pobres o se sienten amenazados por la pérdida de sus pocos bienes, trabajo, negocios y bienestar social e individual.
En estas circunstancias se genera un tipo de sociedad en donde coexisten dos realidades antagónicas y contrarias a los principios e instituciones consagradas en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por Colombia en pro de la defensa de los Derechos Humanos y la Democracia amparados supuestamente bajo el denominado Estado Social y Democrático de Derecho.
Y de ahí que la desigualdad social y la aplicación de los Derechos Humanos se refleje de manera patética en la existencia por ejemplo, de dos formas de justicia, una rodeada de todas las garantías jurídicas en donde se tramitan los negocios de los sectores sociales mas pudientes, y otra, ineficiente, inoportuna y costosa en la que se ventilan los asuntos de los ciudadanos comunes y corrientes.
Así mismo existe un sistema de salud de mala calidad que se presta de manera irregular y discontinua con destino a los sectores mas pobres y medios de la población, y otro, que cuenta con los mejores y más avanzados tratamientos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, etc., que se agencian a través de los grandes centros de salud, a los cuales no tienen acceso sino las personas de elevados ingresos.
También existe una educación adecuada y de buena calidad para los hijos de clases altas, y otra, para los hijos de los pobres que poco o nada les sirve para competir en el mercado de trabajo.
Entre tanto existe se construye una vivienda digna para sectores de altos ingresos y otra, para los estratos bajos y medios en las que están hacinados, sin contar con el hecho de que grandes sectores de la población que viven en los barrios de invasión y en las zonas de ladera de las principales ciudades del país, habitan en condiciones infrahumanas y expuestas a contraer cualquier tipo de enfermedades.
Un caso aparte lo constituye la consecución de un trabajo estable en un país en donde el desempleo y la informalidad son fenómenos recurrentes y la conservación del trabajo resulta cada vez mas difícil en tratándose de trabajadores no calificados, mientras que muchos profesionales y técnicos no encuentran finalmente trabajo remunerado y digno acorde con sus capacidades y experiencias.
Por otra parte resulta lamentable la situación económica y social en que se encuentran los grupos poblacionales de indígenas, afrodescendientes y raizales, que viven en las peores condiciones de existencia y en permanente conflicto con diversos sectores de terratenientes que de tiempo atrás se apropiaron de sus tierras ancestrales en varias regiones del país. Así mismo, la situación en el campo no deja de ser preocupante puesto que los campesinos tampoco cuentan con los recursos para mejorar su condición social, agravada por el hecho de que el 41% de la tierra está en poder del 0.4% de grandes propietarios, en tanto que el 70% de los predios menores a 5 hectáreas no llegan al 5% del área cultivada de un total de 113 millones de hectáreas susceptibles de ser cultivadas con 3.9 millones de predios censados recientemente.
Por su parte los gobiernos utilizan toda clase de subterfugios para camuflar la desigualdad social y con ello la vulneración de los Derechos Humanos, valiéndose para ello de nuevos medios estadísticos de medición de los ingresos, tal como sucede con los grupos familiares que viven en las ciudades integrados por 4 personas que hoy perciben una suma total de un promedio de 800 mil pesos aproximadamente, es decir, doscientos mil pesos por persona. En contraste con esta situación, el 10% de los hogares mas ricos perciben mas del 40% de los ingresos laborales, mientras que el 90% tan solo obtiene el 60% restante, materializándose de esta forma la desigualdad social en materia de ingresos, derivada de la concentración de la riqueza social en pocas manos.
Circunstancia esta que no se podrá superar con la implementación de políticas asistencialistas y populistas financiadas con el aumento de los impuestos a las clases medias de la población, o incrementando los salarios de los trabajadores o mejorando las condiciones económicas de algunos pequeños y medianos empresarios y comerciantes o incrementando la denominada economía naranja (de servicios), si antes no procede un cambio radical de las condiciones sociales en que viven los colombianos que hoy son objeto de la explotación en el trabajo, situación que se perpetúa en el tiempo generando mayores desigualdades sociales que no podrán ocultarse con estadísticas amañadas hoy incorporando en los planes de desarrollo de los gobiernos políticas sociales tal como ha sucedido en el inmediato pasado con las promesas a los trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes y demás sectores económicos ligados con la economía de los servicios en educación, salud, transporte o de la producción industrial o agropecuaria que hoy son objeto de la explotación por parte del gran capital financiero nacional e internacional.
La igualdad, la justicia social, la democracia, la aplicación y la garantía de los Derechos Humanos, el progreso y el bienestar social constituyen un anhelo de todos los colombianos no obstante que todo ello no ha dejado de ser mas que una simple posibilidad formal que en medio de la sociedad dividida en clases y grupos sociales y polarizada por diversos factores políticos y sociales, se ha convertido en una frustración que debe superarse con la participación política y social del pueblo dirigidas a la construcción de una nueva sociedad mas justa y equitativa con la cual el pueblo que vive de su trabajo debe comprometerse como forjador de su propio destino histórico.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social