Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
La región del Amazonas absorbe cerca de 200.000 millones de toneladas de carbono de la atmósfera, contiene un tercio de la biodiversidad del mundo, con 1.700 especies de aves y más 700 tipos de mamíferos, reptiles y anfibios. Aporta el 10% del oxígeno mundial y cuenta con más de 10 mil especies de árboles; es nuestra responsabilidad y debemos protegerla.
Sin embargo, se ha deforestado el 20% de su superficie en los últimos 60 años con un incremento considerable en los últimos años. Se pasó de 124.000 hectáreas deforestadas en 2015 a más de 200.000 en 2018. Esto como resultado de tala ilegal de árboles, la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal y por los incendios forestales. En 2018 perdimos 200 mil hectáreas, 42 mil arrasadas por incendios.
Según el Instituto Humboldt, en el Amazonas se pasó de 2.697 especies de animales y plantas en peligro de deforestación en 2016 a más de 7.000 en el 2018, y cerca de 99 especies a vía de extinción.
La situación crítica se agrava pues su inmensa riqueza tampoco ha significado bienestar de las comunidades que la habitan, el 60% de los habitantes es considerado pobre, la tasa de analfabetismo es del 15%, y solo al 18 % de las viviendas tiene acueducto. Según el IDEAM, dentro de los núcleos de deforestación se estiman 25 asentamientos con 33.321 habitantes.
Un campesino recibe 500 mil pesos por talar una hectárea. En mes y medio usando entre 10 y 20 motosierras, alcanzan a deforestar 500 hectáreas en un mismo espacio geográfico. El 75% de la deforestación se da cerca de carreteras, pues para cometer el delito es necesario el transporte de maquinaria. La región cuenta con parques nacionales como el Chiribiquete, La Macarena, Tinigüa o los Llanos de Yarí.
Hemos visto el triste fenómeno del Guaviare donde una organización criminal está reclutando todas las disidencias de las Farc para tumbar la selva y volverse dueños de toda esa tierra. Vinculado todo ello con cultivos ilícitos y minería criminal.
No creo que tengamos como colombianos ninguna misión más importante que la de defender este patrimonio. Creo que debe haber un gran consenso nacional y destinar todo lo necesario para defender este patrimonio en el que está cifrado el reto de este siglo: el equilibrio para garantizar la subsistencia de las otras especies.
La solución estructural es difícil por la complejidad del territorio. Sin embargo, tenemos que contemplar los incentivos al campesino a trabajar en otras actividades. Desde el gobierno nacional se empezó a trazar ese camino. A 2022 se espera tener 12.000 familias que reciban beneficios por actividades agroambientales.
Como parte del debate del Plan Nacional de Desarrollo propuse destinar parte de los ingresos del impuesto al carbono a la conservación de los bosques de la región, pues el 72% de la desforestación nacional se da en el Amazonas. Mi proposición es un paso para la conservación de los bosques. Desde el próximo año tendremos algo más de recursos.
Sin embargo, tendremos que pensar ofertas económicas a los campesinos que los convenzan de aceptar tierras en otros lugares del territorio, con proyectos productivos. Y dejemos el Amazonas con muy baja presión demográfica, con una vocación de conservación, investigación, educación y turismo controlado que genere poco impacto.
Insisto la solución no es fácil ni es clara, pero urge tomas medidas ya: salvemos el Amazonas.