Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Cada vez resulta más ostensible la pérdida del carácter representativo y democrático de la ley. Este hecho por supuesto no es casual ni responde a la simple voluntad de los congresistas a pesar de que dicha institución ya no representa al pueblo pues se encuentra integrada por diversos exponentes de las clases dirigentes ligados con los grandes intereses económicos y políticos del país, que aprueban reformas constitucionales y legales que no consultan la voluntad general de los ciudadanos, al tiempo que se refuerzan los poderes de los órganos ejecutivos a los cuales se les facultan para dictar normas equivalentes por su fuerza normativa y efectos jurídicos a las leyes que se aprueban en el Congreso.
Dicha función de intervención del gobierno en el ámbito legislativo se realiza a través de la denominada “delegación de funciones”, es decir, de la transferencia por el Congreso de los poderes legislativos al presidente y sus ministros. Circunstancia esta que se repite a nivel de los entes territoriales con los Concejos y Asambleas que revisten a alcaldes y gobernadores de precisas facultades para expedir toda clase de actos administrativos.
De otro lado, se ha abierto de paso la tendencia por parte de la Corte Constitucional de situarse por encima del Congreso modificando el sentido de las leyes mediante la “modulación” de las sentencias, so pretexto de cumplir con la facultad de velar para que las leyes promulgadas correspondan con la Constitución.
Esta situación se pone de presente particularmente cuando los monopolios están en capacidad de impedir que el Congreso apruebe una ley que de alguna manera limita su acción en el mercado o cuando las clases dirigentes se oponen a determinadas reivindicaciones sociales lográndose activar el mecanismo de supervisión para declarar la inconstitucionalidad de la ley. El contenido antidemocrático que asume este órgano se ve agravado por el hecho de que el mismo no depende de las instituciones democráticas de carácter representativo ni participativo, lo que podría calificarse como una negación absoluta de la soberanía popular.
La mejor forma de ejemplarizar lo expuesto es lo que podría suceder en el país con la presentación en el próximo mes de julio del proyecto de ley mediante el cual se acaba de un tajo con las consultas mineras, las cuales en palabras del presidente de la Asociación Colombiana de Minería “genera un avance de la mayor importancia jurídica para la tranquilidad, no solo para proyectos mineros…”, “lo que permitirá, en conjunto con las decisiones que al respecto ha tomado la Corte Constitucional, es que llegue al sector inversión con toda tranquilidad”. (Portafolio, pág. 4. Mayo 7 de 2019).
No hay que olvidar que la Corte Constitucional dejó en claro con base en una jurisprudencia reciente que los alcaldes de los municipios no pueden prohibir la minería, valiéndose para ello de las consultas populares o de los acuerdos con los Concejos Municipales. De esta manera se garantiza de antemano la constitucionalidad del mencionado proyecto de ley que presentará el gobierno del presidente Duque el cual está avalado indirectamente en el Plan Nacional de Desarrollo en donde se habla de la necesidad de dinamizar la economía y la inversión privada y extranjera especialmente del sector minero energético, para lo cual se incluirán en la ley una serie de incentivos y ayudas para los pequeños y medianos mineros, además de ampliar la participación de los municipios en los ingresos provenientes del sector desde el preciso momento de la explotación minera y de acuerdo con los términos de la nueva ley de regalías.
Aunque se habla de los grandes beneficios que recibirán los municipios y las regiones, el hecho real es que los verdaderos beneficiarios con la explotación del sector minero energético en que se asienta buena parte de la economía nacional, son sin lugar a dudas los grandes magnates del gran capital transnacional que se quedarán con el mayor porcentaje de las ganancias obtenidas con su explotación, sin importarles si con ello se causa un grave daño al sistema natural y medio ambiental con la contaminación de las fuentes hídricas que nutren con sus aguas los acueductos veredales y municipales o cuando se pone en riesgo la propia estabilidad del suelo con el fracking, etc.
De esta forma se cercena el derecho de los ciudadanos a participar con sus decisiones en aquellos asuntos de interés general en los que resultan afectados sus intereses económicos, políticos, sociales, jurídicos, culturales y ambientales, no obstante la obligación de las autoridades de garantizar plenamente este derecho conforme al principio contenido en la Constitución de la democracia participativa y decisoria pilar del Estado Social Democrático y de Derecho que hoy se vulnera por el gobierno de los jueces que han creado una nueva legalidad para defender los intereses del gran capital financiero internacional.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social