Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Este es un asunto que reviste muchas complejidades empezando por la necesidad de tener una verdadera política integral de seguridad ciudadana inexistente en la ciudad, que aplicada en la práctica cumpla con el objetivo fundamental de proteger y garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en todo el territorio municipal conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley.
El hecho real es que en la ciudad de Cali y en la zona metropolitana ha crecido la inseguridad ciudadana al compas del aumento de diversos tipos de delitos, cuyas causas guardan relación con determinadas condiciones concretas y objetivas de vida de los caleños y de una sociedad que ha ido cambiando sus valores morales y éticos en torno a la obtención del dinero fácil que incluye participar en el delito y el empleo de la violencia, que generalmente tiene lugar al interior de los barrios de la ciudad en donde los ciudadanos se encuentran a merced de los delincuentes, dedicados al robo de celulares, automotores, bicicletas, al expendio de alucinógenos, al sicariato, a las vendettas entre grupos armados para quienes el delito está ligado con los grandes negocios o constituye un medio de sobrevivencia, con el cual se trafica con la vida y la muerte en medio de la pérdida del sentido de humanidad, solidaridad y convivencia social.
Por supuesto que la alternativa de solución a los problemas de la inseguridad demandan de que el servicio de policía sea más eficiente a la hora de perseguir a los delincuentes en tanto que se requiere de nuevos instrumentos de vigilancia con cámaras especiales para detectar en tiempo real a los delincuentes y además contar con los medios de transporte y de comunicación para acudir con prontitud a los lugares en donde se generan los hechos delictuosos.
Así mismo será necesario aumentar el pie de fuerza policial en toda la ciudad y profesionalizar al personal de control y vigilancia en el ejercicio de sus funciones policiales.
Sin embargo lo anterior no será suficiente si no existe de parte de los gobernantes una política general encaminada a resolver aquellos aspectos relacionados con los aspectos mencionados además de contar con la posibilidad de tener un cuerpo administrativo y policial de carácter municipal o regional, que esté mas cercano a la población en la defensa de sus intereses comunes cumpliendo con la tarea no solo de aprehender a los delincuentes sino de prever la comisión del delito y de las contravenciones tipificadas en los códigos.
Dicha política debe ser debatida públicamente con los ciudadanos a quienes las autoridades tienen la obligación de garantizarles su participación en las decisiones que se adopten al igual que en las campañas de educación y solidaridad que deben adelantarse con el propósito de rescatar la confianza de la comunidad en la institución y de estar en condiciones de afrontar el combate contra la delincuencia en todas sus formas y modalidades.
El problema de la inseguridad no puede apreciarse ni valorarse únicamente a partir de las estadísticas que muestran las fluctuaciones del delito en la ciudad, mientras la ciudadanía soporta en una u otra medida el embate de la delincuencia común y organizada.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social